Tras casi tres meses de evaluaciones y depuraciones, la Cámara de Diputados seleccionó a los 15 aspirantes mejor valorados para integrar el nuevo Pleno de la Cámara de Cuentas y envió la lista al Senado, que se espera, hoy deberá ver los perfiles y tomar la decisión final de escoger a los cinco funcionarios que dirigirán la entidad fiscalizadora durante los próximos cuatro años.
Sin embargo, la reciente preselección de los
aspirantes a la Cámara de Cuentas ha despertado preocupaciones sobre la
independencia de este órgano fiscalizador, clave para garantizar la
transparencia en la gestión de los recursos públicos.
Un análisis realizado por Panorama sobre los perfiles
preseleccionados deja en evidencia un patrón claro: la mayoría tiene
antecedentes en la administración pública o vínculos directos con actores
políticos, lo que pone en duda la imparcialidad del proceso y socava el
principio de independencia que debería regir la selección de los miembros.
No es la primera vez que la politización de la Cámara
de Cuentas genera controversia. El Congreso Nacional en su informe sobre el
desempeño del pasado pleno evidenció graves irregularidades en el manejo de los
procesos de fiscalización y denunció la falta de transparencia en la
elaboración de informes.
El referido informe legislativo señaló que algunos
miembros priorizaron intereses políticos sobre la objetividad de sus funciones,
dilatando auditorías sensibles o suavizando hallazgos comprometedores,
convirtiendo a la institución en un ente eficaz para la rendición de cuentas.
Vínculos políticos de los 15 candidatos para la Cámara
de Cuentas
Un vistazo a los nuevos aspirantes confirma la
predominancia de perfiles con antecedentes gubernamentales o conexiones con
figuras políticas influyentes.
Cesáreo Radhamés Guillermo Veloz: exdirector de Relaciones Internacionales de la Cámara
de Cuentas y con nexos directos con el PRM.
Emma Polanco Melo de Mercedes: exrectora de la UASD con un historial de colaboración
cercana con sectores políticos.
Claudia Catherine Álvarez Troncoso: exmiembro del equipo de abogados designados por el
presidente Luis Abinader, para recuperar patrimonio; director de Casinos y
Juegos de Azar en el Ministerio de Hacienda y miembro activo de Participación
Ciudadana.
Rayner José Castillo Martínez: asesor de la Contraloría General de la República con
un salario de RD$200,000 mensuales.
Yira Manuela Henríquez: empleada de la Cámara de Cuentas actual
María Aurelina Estévez Abreu: empleada Cámara de Cuentas, asistente del Pleno.
Francisco Tamárez Florentino: director de Auditorías Especiales de la Contraloría
General de la República.
Ramón Méndez Acosta: auditor interno de la Cámara de Diputados.
Estos nombres evidencian una tendencia preocupante
pues en lugar de optar por profesionales independientes, sin afiliaciones
partidarias y con una trayectoria intachable, la lista de preseleccionados
favorece la continuidad de figuras con trayectoria ligadas a la política.
En este sentido, es imperativo que quienes tienen
responsabilidad de designar nuevos miembros reconsideren los criterios
utilizados y den prioridad a la independencia sobre cualquier lealtad política.
Fuente: panorama.com
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