Por: REDACCION ALMOMENTO
SANTO
DOMINGO.- La Alianza
Dominicana Contra la Corrupción (ADOCCO) afirmó este martes que hubo un acto de
corrupción por más de 500 millones de pesos en la remodelación del hospital
traumatológico Darío Contreras, de esta Capital.
Reclamó a la Cámara de Cuentas que “con carácter de
urgencia” realice una auditoría a dicha obra para, junto a la experticia y los
documentos e informaciones testimoniales, someter a la Justicia a los
funcionarios de la OISOE y las empresas e ingenieros contratistas involucrados
“en esta nueva estafa contra los recursos del erario público”.
“Estamos en presencia de un acto de corrupción mas de los
gobiernos que hemos tenido, con la agravante de que el propósito que persigue
optimizar los servicios del viejo hospital no se hayan logrado por los vicios
de construcción que han puesto al descubierto los médicos que laboran en el
centro, lo que de seguro implicara nuevos gastos”, expresó.
Alegó que la obra fue objeto de una licitación pública y
fue adjudicada al Consorcio Proyecciones Luxor por 886 millones 500 mil pesos,
y finalmente se elevó a 1,550 millones, sobrepasando considerablemente lo
establecido por la Ley 340-06 de Compras y Contrataciones Públicas, cuando se
requiere de una modificación de una obra pública contratada.
Julio César de la Rosa Tiburcio, coordinador general de la
entidad, destacó que luego de realizado un contrato de obras, éste podría
modificarse, siempre y cuando no varíe el objeto, y su incremento en costo no
supere el 25% del valor establecido en el contrato original, como se puede
verificar en el Articulo 31 de la Ley 340-06, modificada por la Ley 349-06 que
reza: “La entidad contratante tendrá las facultades y obligaciones establecidas
en esta ley, sin perjuicio de las que estuvieren previstas en otra legislación
y en sus reglamentos, en los pliegos de condiciones, o en la documentación
contractual. Especialmente tendrá: Acápite 2) Podrá modificar, disminuir o
aumentar hasta un veinticinco por ciento (25%) del monto del contrato original
de la obra, siempre y cuando se mantenga el objeto, cuando se presenten
circunstancias que fueron imprevisibles en el momento de iniciarse el proceso
de contratación, y esa sea la única forma de satisfacer plenamente el interés
público”.
A su juicio, la sobrevaluación de obras públicas es la
práctica más recurrente de corrupción administrativa y se disfraza siempre con
las enmiendas de los contratos. En este
sentido cita recientes declaraciones del director de la Oficina de Ingenieros
Supervisores de Obras del Estado, OISOE,
Miguel Pimentel Kareh, en el sentido de que “a medida que avanzaban los
trabajos del hospital, se dieron cuenta de que la vieja estructura no soportaba
remodelación y tuvieron que hacerlo prácticamente nuevo” y además que “en lugar
de un área de construcción de 10 mil metros cuadrados, ahora hay más de 22
mil”.
Según De la Rosa Tiburcio “eso constituye una
incriminación, en vista de que si ameritaba una modificación del diseño que se
sometió a un proceso de licitación y posterior adjudicación, debieron entonces
hacer un rediseño y someterlo nuevamente a licitación pública, como manda la
Ley”.
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