Desestiman las querellas contra LF

Por ELVIRA GUILLEN/ALMOMENTO.NET

SANTO DOMINGO, 13 noviembre 2012 .- El procurador general de la República, Francisco Domínguez Brito, desestimó las querellas incoadas contra el expresidente Leonel Fernández por Guillerno Moreno y una organización no gubernamental.

En un documento de prensa señala que las acusaciones que señalan al  ex mandatario como responsable del déficit fiscal carecen de fundamento legal y no tienen elementos que comprometan la responsabilidad de este último.

Explica que la existencia de un déficit  fiscal del sector público no implica en sí mismo la comisión de un delito por parte de los que ejercen la función pública.

El documento:

El texto del documento es el siguiente:

"Legitimidad Moral de la Justicia

Frente a las querellas interpuestas la semana pasada ante el Ministerio Público, por un partido político y una organización no gubernamental, donde pretenden establecer responsabilidad penal por un déficit fiscal del sector público, me siento en la obligación de precisar lo siguiente:

Primero. La existencia de un déficit fiscal del sector público no implica, en si mismo, la comisión de un delito por parte de los que ejercen la función pública. Del estudio de las mencionadas querellas se deduce que no existen elementos materiales o indicios que comprometan la responsabilidad penal del Ex Presidente Leonel Fernández, por lo que carecen de fundamento legal.

Segundo. Personalmente, siento un gran respeto por el Dr. Leonel Fernandez. Creo en su trato profundamente humano, decente y respetuoso con las personas, aún con aquellos que políticamente le adversan.

Tercero. Reitero mi compromiso con una sana administración de justicia donde el papel de las leyes no solo sea cuidar la verdad de las opiniones, sino también, preservar la integridad, la dignidad y la seguridad de las personas, más allá de las coyunturas partidarias y los intereses particulares.

Cuarto. Como responsable del Ministerio Público tengo el propósito de promover las sanciones penales que las circunstancias requieran, incluyendo las que puedan establecerse por el ejercicio de la función pública, sin que importen las preferencias ideológicas, políticas, sociales, culturales o religiosas, actuando estrictamente apegado al cumplimiento de las leyes, que es lo que asegura la legitimidad moral de la Justicia".