Paraísos de Dinero y Fe: cómo el crimen organizado utiliza las iglesias para negocios turbios.
Esta investigación de casi un año de medios periodísticos de nueve países encontró que, amparados en las leyes de libertad de culto, algunas iglesias y/o sus líderes en las Américas abusan de la confianza de sus fieles, cometiendo crímenes como el lavado de dinero y la estafa.
Por Rebekah Ward, Beatriz Muylaert,
Matthew Albasi y Giannina Segnini. Con la colaboración de Asier Andrés, Mariel
Fitz Patrick, Rute Pina, Raúl Olmos, Flávio Ferreira, Romina Mella, Mercedes
Agüero R, María Teresa Ronderos, Nathan Jaccard, Andrés Bermúdez Liévano, Lucas
Silva y Emiliana García
“Ya estoy cansada de droga, de terapia
y todo lo que me han hecho”, dijo una mujer morena apoyándose en dos muletas.
El pastor Jorge estaba acurrucado en el borde del escenario, mientras le
sostenía el micrófono. Y luego, se lo acercó a él mismo: “Pero hoy vino Cristo
con su mano poderosa, solamente con respirar soltó las muletas, ¡Déle gloria a
Dios! Coge tus muletas, coge tu lecho y anda”, tronó el pastor en el auditorio.
El video que documentó el culto de
sanación fue subido a YouTube en 2012 y muestra luego a otro feligrés quien,
señalando su brazo izquierdo, toma el micrófono y dice. “Tenía un dolor intenso
así, aquí, cuando el pastor comenzó a orar, pues yo sentí un calor tremendo y
comencé a sacudir”, y movía su brazo.
El ‘Pastor Jorge’ que tanta devoción
despertaba en la gente es Jorge Mercedes Cedeño, quien tenía su propia
ministerio al este de la República Dominicana: “El Rugido del León”. Ésta
también tenía presencia en Colombia y el dominicano visitó ese país en varias
ocasiones como predicador invitado, según relatos noticiosos de la época. Quien
lo recibía era un colega colombiano, Orlando Arce Ortiz, quien decía ser obispo
anglicano. Ambos pertenecían además a la ONG Organización de Paz Colombiana.
Los dos fueron capturados por la
policía colombiana en mayo de 2015, como sospechosos de lavado de dinero a
través de las iglesias y de la ONG. La Fiscalía General de la Nación de
Colombia acusó luego al ‘Pastor Jorge’ de “haber utilizado su papel de líder
religioso para adquirir bienes en el extranjero a cambio de grandes sumas de
dinero que fueron enviadas a su país como supuestas ofrendas de los
feligreses”. A Arce Ortiz, los fiscales lo acusaron de administrar la
logística, el papeleo y las conexiones políticas en las operaciones de lavado.
Ambos se declararon culpables de
manejar las finanzas y comprar propiedades para lo que entonces se conocía como
Los Urabeños, un grupo liderado por Dairo Antonio Úsuga David u “Otoniel”. Hoy
llamado Clan del Golfo por el gobierno colombiano, se trata de uno de los
grupos criminales más peligrosos del país, responsable de cientos de secuestros
y asesinatos de civiles inocentes, y con una tropa de unos 1600 hombres, según
información de la policía.
Crearon una religión y engañaron a los
feligreses que honestamente creían en sus pastores. Normas laxas o inexistentes
que protegen a las religiones le permitieron a esta red internacional salirse
con la suya por varios años.
El Rugido del León es solo uno de
numerosos casos en las Américas que reflejan la forma en la que iglesias de
barrio y algunas grandes congregaciones religiosas se han servido de refugios
seguros para ocultar dineros de origen ilícito y amasar fortunas, usando como frente
las donaciones de sus seguidores. Son paraísos de dinero y fe.
En una investigación transfronteriza
de un año, Columbia Journalism Investigations (CJI), el Centro Latinoamericano
de Investigación Periodística (CLIP), OCCRP y nueve medios de comunicación de
la región encontraron otros casos –algunos comprobados y otros en investigación
– que sugieren que habría conexiones entre iglesias o líderes religiosos con
actividades financieras ilícitas.
La alianza periodística elaboró una
base de datos con casos judiciales e investigaciones de las autoridades
recientes que relacionaban blanqueo de dinero y delitos adyacentes – como el
tráfico de drogas – con grupos religiosos de cualquier denominación en las
Américas. Esta documentación resultó de búsquedas sistemáticas en fuentes
especializadas online, fuentes públicas y entrevistas de los socios con
autoridades judiciales en nueve países. Ese fue el punto de partida de esta
historia.
El fenómeno delictivo que refleja la
base de datos no es en absoluto representativo de todas las iglesias y
organizaciones religiosas del continente americano. Muchos líderes religiosos
prestan un servicio valioso a sus comunidades. Sin embargo, el análisis de
casos confirmó que varias congregaciones están abusando de la confianza de sus
fieles, utilizando sus centros de culto para cometer o esconder crímenes.
“A lo largo de los años, ha habido
instituciones religiosas que ha sido usadas para lavar dinero”, dijo Mark
Califano, un ex viceprocurador de Justicia de Estados Unidos y hoy jefe legal
de la firma Nardello & Co. “Y lo que ha permitido que esto suceda es el
lugar especial y protegido del que gozan en la mayoría de las sociedades”.
Otro experto en el tema, Warren Cole
Smith, CEO de Ministry Watch, una organización evangélica independiente y sin
fines de lucro, coincide y explica que las iglesias, al igual que otras
industrias cuyos ingresos son en dinero en efectivo, tienen ciertas
vulnerabilidades.
“Muchas de estas organizaciones
también recaudan dinero internacionalmente. Y la recolección de dinero en
efectivo, especialmente en otros países, lo hace aún más complicado”, anotó
Cole Smith.
Existen leyes y prácticas que buscan
darle una protección especial a la libertad religiosa para evitar posibles
injerencias indebidas del Estado en sus asuntos. Por ello mismo, limitan la
capacidad que cualquier Estado tiene de investigar a las iglesias cuando
sospecha de malos manejos. Esto puede resultar particularmente favorable para
quienes abusan de esas normas laxas para cometer crímenes financieros.
La vigilancia de los gobiernos
nacionales a las organizaciones religiosas de países como Guatemala, Estados
Unidos, Perú y Brasil es mínima, según encontró esta investigación que revisó
la legislación de estos y otros países americanos. En ellos, las iglesias gozan
de exenciones en impuestos y no están obligadas a rendirle cuentas al Estado.
Como los estados no se inmiscuyen en sus asuntos, las entidades religiosas
tienen mayor libertad para manejar sus finanzas que otras instituciones sin
ánimo de lucro.
“A través de diferentes mecanismos,
inadvertidamente hemos convertido a estas entidades en una suerte de intocables
en Estados Unidos”, dijo a este equipo periodístico Marci A. Hamilton, una
profesora de estudios religiosos de la Universidad de Pennsylvania y crítica de
la libertad religiosa extrema.
“La razón por la cual los grupos
religiosos se prestan tanto para el blanqueo de dinero, invirtiendo los
beneficios, es que en sus declaraciones de impuestos no tienen que especificar
de dónde sacaron el dinero ni qué hicieron con él”, dijo Hamilton. “Sus
espacios públicos cierta característica de caja negra”.
Emilio Guerberoff, fiscal del Fuero
Penal Económico Federal de Argentina le dijo a Infobae, socio de esta
colaboración investigativa: “Puede haber un choque de intereses entre la
libertad de culto religioso y la prevención del lavado de dinero, puesto que,
al recibir donaciones anónimas a través de los diezmos, cuyo origen puede no
estar justificado, las iglesias pueden convertirse en una perfecta máquina de
lavado, sin que el dinero parezca tener un origen delictivo, ya que supuestamente
proviene de seguidores”.
Fraude
enérgico en Utah
En los pocos casos en los que
destacados líderes eclesiásticos han sido condenados por blanqueo de dinero,
los jefes de sus organizaciones religiosas – y, de hecho, las propias iglesias—
rara vez son puestos bajo el mismo nivel de escrutinio.
En Utah, altos líderes de una rama
mormona fundamentalista han salido con sentencias reducidas de una batalla
judicial por uno de los fraudes más cuantiosos contra el erario público de la
historia de Utah. El reciente caso, ante una Corte Federal Penal de Salt Lake
City, demostró que lavaron dinero a través de las cuentas de la iglesia como
parte de un esquema fraudulento de más de 500 millones de dólares, según
reporteó Columbia Journalism Investigations, socio de la investigación periodística
Paraísos de Dinero y Fe.
El Servicio de Impuestos Internos de
Estados Unidos (IRS) incentiva la producción de combustibles renovables
ofreciendo incentivos impositivos a quienes los produzcan localmente. El
esquema de Utah consistía en simular la producción de combustible renovable,
aunque los Kingston realmente estaban comprando y vendiendo el mismo
combustible renovable a través de un círculo nacional e internacional de
empresas. Una vez que lo pasaban, la compañía de Kingston, Washakie Renewable
Energy, presentaba declaraciones de impuestos falsas que lo calificaban para
recibir pagos en forma de cheques del Tesoro de los Estados Unidos por su
trabajo de transformación del combustible.
La Orden, también conocida como la
Cooperativa del Condado de Davis, fue fundada en 1935 y ahora está dirigida por
Paul Kingston. Su iglesia, la Iglesia de Cristo de los Últimos Días – que no
debe confundirse con la rama principal de la iglesia mormona, la Iglesia de
Jesucristo de los Santos de los Últimos Días – es una comunidad religiosa muy
unida. Se calcula que tienen entre 2.000 y 6.000 miembros que viven en la
región de Salt Lake City. Es conocida por ser una de las pocas ramas mormonas
que todavía practican la poligamia.
En 2019, dos hermanos Jacob e Isiah
Kingston, en cargos altos dentro de La Orden se declararon culpables de defraudar
al gobierno federal de Estados Unidos por 511 millones de dólares por haber
reclamado falsamente créditos de energía renovable y fueron condenados en abril
de 2020.
El Estado incautó los bienes a los
miembros de esa orden que resultaron implicados, pero disfrutan de una
sentencia menos larga, a cambio de haberle entregado al Estado evidencias en
contra de su cómplice, quien no pertenece a la iglesia. Se trata de Lev Dermen,
un armenio-americano veterano del crimen organizado, quien ha tenido lazos con
altos funcionarios de los gobiernos de Turquía y de Belice y con funcionarios
corruptos en Estados Unidos.
Las ganancias de este fraude se
lavaron a través de la iglesia y otras entidades de Jacob, y pasaba por cuentas
en todo el mundo vinculadas a las numerosas conexiones de Dermen en países como
Turquía, Estados Unidos, México y Belice.
A medida que su caso se desarrollaba
en la Corte Federal, los antiguos miembros del grupo aportaron información
sobre otros fraudes. La secta religiosa fue acusada de robar fondos de
programas federales como la Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes
(FAFSA por su sigla en inglés) y el Programa de Alimentos para el Cuidado de
Adultos (CACFA, por su sigla en inglés).
En el pasado, los miembros han sido
condenados por fraude a la asistencia social y también por incesto.
Ex feligreses consultados por CJI, un
socio de esta investigación periodística, han asociado estos delitos con la
doctrina de La Orden conocida como “desangrar a la bestia”, por la cual se les
alienta a desfalcar agentes externos al grupo, incluso el gobierno de los
Estados Unidos. Kent Johnson, portavoz de la Cooperativa del Condado de Davis
(la iglesia) negó tajantemente que sigan esta doctrina.
“La Cooperativa tiene una larga
historia de lo contrario(...) los miembros de la iglesia muchas veces se ven
bajo un escrutinio, sujetos a auditorias e investigaciones, nueve veces mayor
que el promedio de la población”, dijo Johnson, citando un estudio de la
iglesia.
Los dos hermanos Kingston condenados
en este caso más reciente aceptaron un cargo que describe una conspiración de
lavado de dinero que utilizó a esta iglesia y a otras entidades relacionadas
con la Orden. Durante el juicio no se demostró que la Cooperativa
(iglesia)—como organización — hubiese aprobado el uso de sus cuentas para
cometer el fraude.
Cuando CJI le preguntó a la iglesia
sobre su papel en el fraude, el portavoz Johnson, dijo: “Que yo sepa, cualquier
dinero pagado a las empresas propiedad de miembros de DCCS [la Cooperativa o
iglesia] fue por servicios legítimos prestados o para reembolsar dinero
prestado al Sr. (Jacob) Kingston o a entidades relacionadas con WRE “.
Si bien los documentos judiciales ya
revelan el origen ilícito de algunos fondos de la Orden, los fiscales planean
investigar más a fondo. La oficina del Fiscal de los Estados Unidos en Salt
Lake City cree que sus próximos pasos de la investigación “involucrarán el
rastreo y seguimiento de los ingresos hacia y a través de estas cuentas
bancarias de entidades relacionadas con la Orden”, según dijo su portavoz
Melodie Rydalch.
Por el momento, siguen gozando de las
protecciones constitucionales de ese país en su calidad de grupo religioso
registrado con estatus oficial de iglesia.
Dos miembros de alto rango de La Orden
usaron cuentas bancarias de la iglesia para lavar el dinero del fraude con
energía renovable y están cumpliendo condena. Ni el líder máximo de la iglesia
Paul Kingston, ni la Cooperativa Davis (la iglesia) han sido implicados
legalmente. La iglesia sigue apareciendo en la lista de iglesias exentas de
impuestos del Servicio de Impuestos de Estados Unidos (IRS es su sigla en
inglés). Este equipo periodístico quiso ampliar la información con el IRS, pero
éste respondió que la ley federal impide a la institución comentar públicamente
sobre contribuyentes.
Así las cosas, la Iglesia de Cristo de
los Últimos Días puede seguir certificándole a sus donantes que está exenta de
impuestos ante el IRS, y que por lo tanto puede recibir donaciones sin
reportarle al gobierno.
La santa
defensa
Las pruebas contra los dos pastores de
República Dominicana y Colombia que se declararon culpables de lavado de dinero
a través de sus iglesias, en el caso mencionado arriba, fueron recabadas
meticulosamente por fiscales colombianos contra el crimen organizado desde
marzo de 2013.
Según los documentos presentados en la
audiencia de sentencia del juez, la dupla utilizó la figura de las donaciones
de los feligreses en múltiples ocasiones para explicar por qué Jorge Mercedes
Cedeño llevaba grandes cantidades de dinero en efectivo. En una ocasión, la
policía de El Poblado, un barrio rico de Medellín, la segunda ciudad más grande
de Colombia, detuvo al “Pastor Jorge” de República Dominicana, cuando descubrió
que llevaba 300 millones de pesos colombianos en efectivo (alrededor de 110,000
dólares de la época). Pero fue liberado después de que Arce Ortiz llamara a sus
contactos en la policía y respaldara la historia de su compañero pastor de que
el dinero provenía de donaciones.
Cuando llegó el momento de la
sentencia, los abogados defensores de ambos hombres sacaron a relucir sus
credenciales religiosas, pidiendo clemencia. El abogado de Arce Ortiz pidió que
su "calidad de Obispo de la Iglesia Anglicana" fuera tomada en cuenta
a su favor. Pero Arce Ortiz nunca fue un obispo de la corriente principal de la
iglesia anglicana - un hecho que ni la corte ni la prensa tuvieron en cuenta en
ese momento.
El colombiano Arce Ortiz, alias “El
Obispo”, se presentaba como un líder activo en la iglesia de Víctor Manuel Cruz
Blanco. Esta iglesia es la Provincia Iglesia Anglicana del Caribe y La Nueva
Granada, un retoño de la iglesia anglicana cuya historia se remonta a una
pequeña parroquia en Indiana. La iglesia informó públicamente que excomulgaron
a Arce Ortiz por herejía y falso arrepentimiento en febrero de 2012, un año
antes de que las autoridades colombianas empezaran a investigarlo.
La otra credencial que presentó como
prueba de sus afiliaciones religiosas en la corte - una “tarjeta” emitida por
la Iglesia Anglicana Misionera Mundial - alude a una iglesia que parece haber
sido creada por el propio Arce Ortiz.
Por su parte, los abogados de alias
“Pastor Jorge”, argumentaron que el juez debía ser indulgente con el acusado ya
que él no era “un hombre con tendencia a cometer delitos”, basándose en el
hecho certificado de que es “un misionero evangelista en su propio país”.
Los investigadores tuvieron amplias pruebas
de que ambos hombres utilizaban sus funciones de pastores ante las
congregaciones, evangelizando y dirigiendo misiones humanitarias. Aún así,
funcionarios públicos dominicanos se esforzaron por mostrar que Jorge Mercedes
Cedeño no estuvo nunca relacionado con el establecimiento religioso reconocido.
"Pudo haber tenido algo muy
particular, individual, alguna imitación, pero no es parte de ninguna de las
iglesias organizadas", dijo Francisco Domínguez Brito, entonces Procurador
General de la República Dominicana, en una conferencia de prensa en 2015, justo
después de que el pastor fuera condenado en Colombia.
Según las normas jurídicas y sociales
de la mayoría de los países de América, incluida la República Dominicana, no se
exige a los dirigentes religiosos ninguna afiliación o certificación formal
para verificar su pertenencia a una iglesia, más allá de que siga las normas
internas.
Narcos,
políticos y pastores
Esta investigación encontró además que
en la costa de San Marcos, en Guatemala, donde el narcotráfico es poderoso y
constituye una de las principales actividades económicas, ha habido una
estrecha relación entre este fenómeno y algunos pastores evangélicos.
Hay narcotraficantes evangélicos que
financian iglesias, que son incluso pastores de estas iglesias o que reclutan a
pastores para utilizarlos en sus estructuras.
Juan Alberto Ortiz López, conocido por
su alias “Chamalé” dominó el tráfico de drogas en la costa del Pacífico de
Guatemala por dos décadas. Menos conocido era su papel de mecenas religioso.
Los pastores, a quienes les llevaba dinero o materiales de construcción para
erigir nuevos templos, le pusieron el apodo de “Hermano Juan”.
Fue especialmente generoso con las
Iglesias Torre Fuerte, la red de iglesias del pastor Noé Mazariegos que se
extendía desde San Marcos hasta el estado mexicano de Chiapas. A Mazariegos se
le concía como alias “El Apóstol”, y según la fiscalía guatemalteca hizo parte
de la organización de Chamalé y fue acusado de ordenar el asesinato de su
cuñado y de otras persona que lo acompañaba. Chamalé y su estructura mafiosa
exportó al menos 144 000 toneladas de cocaína, según estableció la justicia
estadounidense que lo condenó en 2014.
El pastor Mazariegos “se convirtió en
su mano derecha, su consejero para asuntos religiosos y de negocios”, explicó a
Nómada, socio guatemalteco de esta colaboración, un periodista y activista de
la región, quien no da su nombre por motivos de seguridad. Esta cercanía con la
religión ayudó a Chamalé a construir una ruta hacia el poder. Según la reportería
de Nómada, el traficante de drogas a menudo participaba en eventos cristianos
durante los cuales se reunía con alcaldes, políticos y funcionarios de la
región. Un asesor de una campaña presidencial en las elecciones del 2007, quien
pidió que no se le identificara, dijo incluso que su candidato había asistido a
un acto religioso en Tapachula (México) por invitación de Chamalé.
Chamalé aprovechó sus conexiones con
las iglesias en el tribunal estadounidense donde fue juzgado. Hombres
religiosos lo defendieron, alegando que había ayudado a sus iglesias, y
pidieron su liberación. El pastor Raúl Timoteo Méndez López testificó que había
recibido una ayuda significativa del narcotraficante para apoyar a su
congregación.
"Creo y estoy convencido de que
es un ministro de Dios, que es un hombre que Dios levantó para servir a su
pueblo", dijo Méndez López en una audiencia en julio de 2015.
Incluso para la audiencia de
sentencia, cuando ya se sabía que se había declarado culpable, llegaron una
pila de cartas y testimonios dando fe de la religiosidad del traficante de
drogas y de su papel crucial en la religión local.
Aunque Chamalé nunca dirigió realmente
una iglesia desde el púlpito, uno de sus principales sucesores, Érick Súñiga,
alias “El Pocho”, fue a la vez pastor, político y narcotraficante.
Aunque carecía de formación específica
o estudios superiores, Erik Suñiga comenzó a presentarse como pastor y lider de
su propia iglesia en 2012 (Foto: Facebook Ministerios Restauración y Paz).
Aunque carecía de formación específica
o estudios superiores, Erik Suñiga comenzó a presentarse como pastor y lider de
su propia iglesia en 2012 (Foto: Facebook Ministerios Restauración y Paz).
Súñiga era ya un narcotraficante en
ascenso, cuando se hizo evangélico de la iglesia Bethania y con su apoyo salió
elegido alcalde de Ayutla, municipio de San Marcos, en 2008.
Ya siendo alcalde, en 2012, creó su
propia iglesia llamada Ministerios Restauración y Paz, donde predicaba. Seis
años después, luego de una profecía de un predicador extranjero que lo visitó y
le dijo que debería dejar de predicar en la iglesia local, para perseguir sus
objetivos políticos bendecidos por Dios, Súñiga dejó de predicar regularmente
en su iglesia. No obstante, según fuentes consultadas en terreno por Nómada,
socio de esta investigación, ésta siguió siendo el centro de su doctrina y le
ayudó a consolidar el poder en la región.
Súñiga se entregó a las autoridades de
Estados Unidos y fue acusado ante una Corte Federal en Texas de llevar cocaína
a ese país desde 2008.
“Alcalde guatemalteco corrupto acusado
en el Distrito Este de Texas”, se lee en el comunicado de prensa del
Departamento de Justicia de los Estados Unidos del 19 de diciembre de 2019. “El
Tesoro sanciona a un alcalde guatemalteco”, escribió la Embajada de los Estados
Unidos en Guatemala. La Fiscal General de Guatemala, María Consuelo Porras,
incluso viajó a Plano (Texas) en enero y describió ante la prensa cómo las
investigaciones habían demostrado que el hombre utilizaba a su personal en la
Alcaldía para atender su red de tráfico de drogas. Sin embargo, ni durante el
proceso judicial, ni en la acusación, se mencionó que Súñiga fuera pastor,
dirigente de una iglesia o fundador de una religión.
En diciembre de 2019, Erik Súñiga y
dos de sus hermanos fueron incorporados a la lista OFAC, que designa a
extranjeros sometidos a sanciones por Estados Unidos. Poco después, Pocho se
entregó a la justicia. (Foto: Office of Foreign Assets Control).
En diciembre de 2019, Erik Súñiga y
dos de sus hermanos fueron incorporados a la lista OFAC, que designa a
extranjeros sometidos a sanciones por Estados Unidos. Poco después, Pocho se
entregó a la justicia. (Foto: Office of Foreign Assets Control).
Érick Súñiga murió en abril de 2020
cuando estaba en custodia de las autoridades estadounidenses. Aunque no se
informó oficialmente de la causa de su muerte, el narcotraficante y pastor
padecía cáncer de páncreas. Al momento de su muerte, la Iglesia Restauración y
Paz en Ayutla todavía celebraba servicios y predicaban allí varios de sus
pastores.
Los pastores y el narcotráfico en
Guatemala no estaban enredados sólo en el Pacífico guatemalteco. Jorge René
García Noguera, conocido como JR, emergió en el departamento de Zacapa, a unos
150 kilómetros de la capital, como narcotraficante de nueva generación,
discreto y con un emporio empresarial exportador de frutas y productor de
leche. JR estudió para pastor, publicó tres libros sobre el cristianismo y
llegó a fundar su propia productora multimedia de contenidos cristianos, EnÉl.
En 2017, en presentación pública junto
a varios de los principales pastores guatemaltecos, convirtió a EnÉl en
ministerio. Con este ministerio, cultivó relaciones con otras iglesias
guatemaltecas, como Lluvias de Gracia e iglesias en el exterior, entre ellas
una fundada por familiares suyos en Perú.
Pero no duró mucho. A fines de ese
mismo año, una corte de la Florida lo pidió en extradición acusado de ser
intermediario entre narcos colombianos y mexicanos en la cadena de tráfico de
cocaína al norte. JR se escondió por un tiempo y EnÉl dejó de figurar públicamente
hasta desaparecer. Un año después se entregó voluntariamente en Estados Unidos
y hoy paga una condena de 20 años, que puede ser reducida, por colaboración con
la justicia.
En su proceso, parientes cristianos y
pastores pidieron clemencia a la corte y juraron que era un hombre bueno que
había hallado a Dios desde 2013. No obstante, al aceptar sus cargos, JR
reconoció que había traficado cocaína hasta 2017.
Respondiendo a la posibilidad de que
los narcotraficantes guatemaltecos estén usando sus iglesias directamente para
lavar dinero, el ex ministro de Gobernación Francisco Rivas aseguró que
"es probable que esté sucediendo, por la forma en que se manejan estas
iglesias y por alguna información que hemos recibido... pero no lo hemos
investigado como un fenómeno criminal".
Llama la atención que en ese país sólo
un líder religioso ha sido condenado por lavar dinero a través de una iglesia.
Saturnino Molina, un fraile franciscano de El Salvador, que fue atrapado en
Guatemala tratando de viajar a Israel con dólares, euros y quetzales en
efectivo que sumaban más de 16 mil dólares. A pesar de ser condenado por lavado
de dinero, el fraile siempre sostuvo que el dinero no declarado era el producto
de la venta de rosarios y de las donaciones de sus feligreses.
Las reglas
En muchos lugares, empezar una iglesia
es tan fácil como decir que existe. Para evitar interferir en las libertades
religiosas, los gobiernos son a menudo ambiguos al definir lo que realmente
significa constituir una iglesia. En algunos países, como Estados Unidos, el
término legal "iglesia" se refiere a las congregaciones de todos los
credos.
Algunos países como Costa Rica,
Argentina, México y Colombia exigen que las iglesias se registren. Otros, como
Estados Unidos, Perú, Puerto Rico y Guatemala no lo exigen. Y algunos, como
Brasil, piden requisitos en función del tamaño de la iglesia. En muchos países
latinoamericanos, la iglesia Católica, dada su larga historia en esta región,
está regulada por códigos especiales.
No obstante, en varios países las
iglesias deben registrar su existencia ante las autoridades para poder actuar
como una entidad legalmente constituida, si sus líderes así lo deciden. Así, en
Colombia, deben registrarse en la Dirección de Asuntos Religiosos del
Ministerio del Interior; en Estados Unidos, en el Servicio de Impuestos
Internos (IRS); en Perú, en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. El
registro suele ser un proceso continuo y, al inscribirse, las iglesias obtienen
un número de identificación único y reciben un certificado de exención de
impuestos.
En Argentina, las iglesias inscritas
oficialmente en el Registro Nacional de Cultos están exentas del pago de
impuestos. En julio de 2019, la Administración Federal de Ingresos Públicos
(AFIP) simplificó el proceso para obtener el certificado de exención del
impuesto a las ganancias y dispuso que ya no debían presentar balances anuales
ni declaraciones juradas ante ese organismo fiscal, como se exigía
anteriormente.
En Estados Unidos, las iglesias están
automáticamente exentas de impuestos, aun cuando no se registren ante la
autoridad federal de impuestos. Pero la certificación les permite confirmar su
exención a los donantes. En general, incluso cuando están registradas, el
propósito religioso se considera un derecho fundamental y las iglesias tienen
exigencias de divulgación financiera diferentes, por lo general menores, que
otras organizaciones sin fines de lucro.
Más recientemente, algunos países,
como Argentina, Uruguay y Guatemala, han establecido normas para que las
iglesias prevengan o detecten el blanqueo de dinero como parte de las leyes
anti-lavado de cada país. Estos controles pueden incluir que las iglesias identifiquen
a sus donantes por encima de determinado monto, que conozcan el origen de los
fondos donados y que denuncien transacciones sospechosas ante un organismo
gubernamental.
A pesar de dichos controles, la
supervisión de estos países para saber si se están cumpliendo estas exigencias
ha sido en la práctica, relativo. En Argentina, las entidades religiosas no
fueron históricamente consideradas un sector de “alto riesgo” en la prevención
del blanqueo de dinero por la Unidad de Información Financiera (UIF). Esto
implicaba que entraban en la ronda de controles de rutina, junto a otros
sectores, a no ser que hubiera Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) de las
entidades bancarias. De 2010 a 2020, hubo solo una sanción administrativa del
organismo gubernamental anti-lavado contra una institución religiosa.
Sede en Argentina de la Iglesia
Universal del Reino de Dios, en la Av. Corrientes, Ciudad de Buenos Aires.
Sede en Argentina de la Iglesia
Universal del Reino de Dios, en la Av. Corrientes, Ciudad de Buenos Aires.
En febrero de 2019, después de un
sumario abierto cinco años antes, la Iglesia Universal del Reino de Dios y tres
de los integrantes de su órgano de administración recibieron una multa de
240.000 pesos argentinos (unos 6.200 dólares al cambio de ese momento), tanto
la institución como cada uno de ellos, por no cumplir con las normas de
prevención de lavado de dinero. Sin embargo, esta política de prevención se
revisó después de que el presidente argentino Alberto Fernández asumiera el
cargo en diciembre de 2019. La UIF le imprimió un cambio a su dirección con el
nuevo jefe, Carlos Cruz.
"Las iglesias están sujetas a un
control proactivo y entre los nuevos lineamientos de política criminal del
organismo, vamos a vigilar de cerca sus movimientos de dinero, ya que algunas
congregaciones confesionales han sido utilizadas para lavar dinero", dijo
el director de la UIF consultado para esta investigación. "Es un tema no
sólo de la UIF de Argentina, sino también de otros países que proceden con
atención".
En Guatemala, es la Intendencia de
Verificación Especial (IVE) quien vigila a las entidades sin ánimo de lucro,
entre ellas las iglesias, que reciben o envían fondos del exterior. Sin
embargo, hasta finales de 2019, solo se reportaban ante la IVE 156 entidades de
este tipo, cuando solo contando las iglesias legalmente registradas hay unas
3,200. Entre 2014 y 2019, la IVE recibió nueve reportes de transacciones
sospechosas de todas las organizaciones sin ánimo de lucro que supervisa,
ninguna de las cuales prosperó en una denuncia por lavado de dinero ante la
fiscalía, según datos proporcionados por la IVE.
Algunas iglesias operan de manera
informal, por lo que se desconoce la cantidad exacta de entidades religiosas en
todo el continente americano. Por lo general, los países no llevan directorios
oficiales de entidades religiosas, lo que hace aún más difícil obtener un
cálculo continental. Sin embargo, el número de iglesias registradas ante las
agencias de recaudación de impuestos está aumentando en algunos países.
En Estados Unidos, había 1.327.714
organizaciones religiosas, de beneficencia y similares registradas en el
Servicio de Impuestos Internos (IRS), según el dato más reciente disponible que
es de 2018. En el 2001, había solo 865.000 registradas. No hay información más
detallada y el IRS respondió una solicitud de información de Columbia
Journalism Investigations, indicando que no tiene disponible datos de entidades
registradas con estatus de iglesia.
En Brasil, el número de iglesias se ha
duplicado en 15 años, llegando a 25.022 registradas en 2018, según información
obtenida por la Agência Pública, socio de esta colaboración. En Argentina,
según la respuesta que obtuvo Méxica un pedido de información pública, hay
6.330 entidades religiosas inscritas en el Registro Nacional de Cultos, de las
cuales un tercio de ellas – 2.096 – lo hicieron en los últimos 10 años. El
número de inscripciones se duplicó en el 2019, respecto del 2010.
Es necesario anotar que el número de
iglesias está distorsionado por el abuso de los registros: organizaciones sin
fines de lucro, empresas y otras entidades se registran falsamente como
iglesias. Por ejemplo, en 2012, la policía brasileña detuvo a un grupo
delictivo que utilizó una cuenta de una iglesia para mover 400 millones de
reales (aproximadamente 100 millones de dólares) de dinero sucio procedente de
delitos contra el sistema financiero. Según el comunicado de prensa de la
policía federal, la iglesia, Igreja Ação & Distribuição (Iglesia Acción y
Distribución), sólo existía como entidad de fachada legal. Nunca tuvo edificio
– la dirección indicada albergaba un gimnasio— ni seguidores. El comunicado de
prensa afirma que “la entidad religiosa fue creada para gozar de inmunidad
fiscal, lo que reduciría la probabilidad de supervisión, en opinión de los
miembros del grupo”.
Incluso entre las iglesias que parecen
tener seguidores y una doctrina, los tipos de operaciones etiquetadas como
"religiosas" no están tan bien definidas. Esta permisividad en la
categoría ha permitido algunos argumentos excéntricos en los tribunales
estadounidenses. Una mujer sostuvo ante el tribunal que su red de prostitución
debía ser protegida de la intervención legal ya que estaba fundada en una
creencia religiosa.
En 2016, un tribunal estadounidense
encontró a la líder del Templo de la Diosa Fénix (Phoenix Goddess Temple),
Tracy Elise, culpable de prostitución y lavado de dinero. Pero mientras las
autoridades afirmaban que su casa de prostitución usaba la religión como
fachada, Elise insistió en que su condena interfería con su derecho fundamental
a la libertad religiosa, ya que “fue finalmente condenada por delitos derivados
de prácticas religiosas que ella había declarado”.
Su Templo de la Diosa en Phoenix ya no
existe, pero la lucha de Elise continúa. Fue liberada por tiempo cumplido y
continúa apelando la condena. Ese es uno de los pocos casos recientes en los
que Estados Unidos ha investigado una iglesia.
Según Rob Boston, asesor principal de
Americanos Unidos por la Separación de la Iglesia y el Estado, es más probable
que las agencias gubernamentales investiguen iglesias no convencionales.
"Alguien que se inventa una iglesia falsa para cubrir sus actividades
ilegales es diferente de las iglesias legítimas que están cometiendo una
irregularidad", dijo. "A esos primeros les cuesta más pasar
desapercibidos".
Incluso los casos menos frecuentes en
que respetados pastores de organizaciones religiosas muy conocidas han sido
objeto de investigaciones judiciales, pero su duración y complejidad han
revelado la cantidad de salvaguardas con que las normas actuales protegen la
autonomía y las libertades de las iglesias.
Los gobiernos saben que hay
organizaciones religiosas e iglesias que abusan de la protección legal que se
les da y cometen graves delitos. Los más de 60 casos judiciales e
investigaciones oficiales que esta colaboración encontró en una búsqueda
limitada de registros públicos, revelan que esto, en efecto, está sucediendo.
¿Qué tan extendidos están estos abusos? No lo sabemos y, de acuerdo con más de
diez fuentes diferentes consultadas para esta historia, la información y los
datos sobre irregularidades financieras cometidas por instituciones religiosas
es muy escasa, y muchos delitos pueden pasar desapercibidos.
Hasta ahora, la mayoría de los
gobiernos ha elegido no aprobar leyes más duras para escrutar mejor a las
organizaciones religiosas, probablemente porque no quieren poner en riesgo
protecciones duramente ganadas para que las organizaciones religiosas florezcan
libremente. Están aún menos dispuestos a correr ese riesgo ahora que existen
organizaciones religiosas arraigadas al poder político en las Américas.
La paradoja es que, al proteger los
derechos de las iglesias y de sus líderes hasta el punto de permitir que el
abuso quede impune, muchos creyentes verdaderos quedan desprotegidos de
estafadores que usan su fe para socavar los mismos principios que dicen creer.
Una escena resume esta contradicción:
el asombro y las lágrimas de los seguidores dominicanos de la iglesia Rugido
del León, cuando se enteraron de que sus pastores, en quienes tanto confiaban,
eran en realidad testaferros de una organización del más temible crimen
organizado.
Paraísos de dinero y fe fue realizada
en conjunto por Columbia Journalism Investigation (CJI), Centro Latinoamericano
de Investigación Periodística (CLIP), Mexicanos Contra la Corrupción y la
Impunidad (México), Nómada (Guatemala), Canal 13 Noticias (Costa Rica),
IDL-Reporteros (Perú), Infobae (Argentina), Agencia Publica (Brasil), Folha Sao
Pablo (Brasil), La Diaria (Uruguay), El Tiempo (Colombia) y OCCRP (Europa), con
el apoyo de la Seattle International Foundation. Infobae
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