Unos años antes de que ocurriera el secuestro del teniente coronel Donald Joseph Crowley, agregado aéreo de la embajada de los Estados Unidos en la República Dominicana, ejecutado el 24 de marzo de 1970 por la alta dirigencia del Movimiento Popular Dominicano (MPD), América Latina fue sacudida por el impacto de sucesos similares acaecidos en Venezuela, Guatemala, Uruguay y Brasil entre 1963 y 1970, cuyos responsables perseguían canjear sus rehenes por presos políticos.
El
primer caso de esa naturaleza trascendió en Caracas el 27 de noviembre de 1963,
siendo su víctima el coronel James K. Chenault, subjefe de la misión militar
norteamericana acreditada en Venezuela, quien fue secuestrado por las
autoproclamadas Fuerzas Armadas de Liberación Nacional (FALN) y un grupo del
Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), que orientaba el diputado Domingo
Alberto Rangel.
Al
día siguiente, con asombrosa audacia, los secuestradores ofrecieron la entrega
del oficial norteamericano a cambio de setenta mujeres que -según creían- se
encontraban recluidas en prisiones por motivos políticos. También, en una
declaración ofrecida a la agencia de prensa francesa, aseguraron que no
liberarían su rehén si el gobierno no ponía en libertad a sus camaradas Héctor
Espinosa, Olivia Olivo, Teófilo Rodríguez, Enrique Armas y Teobaldo Solórzano.
Los
mencionados eran los miembros del MIR y el Partido Comunista que el 28 de
noviembre de 1963 secuestraron en el aeropuerto de Caracas un avión CV-340 de
Aerovías Venezolanas (AVENSA), que cubría la ruta Ciudad Bolívar-Maiquetía
llevando 14 personas a bordo, con la idea de utilizar la nave para lanzar
volantes de carácter propagandístico sobre ambas ciudades, exhortando a la
población a abstenerse de participar en las elecciones convocadas para el mes
de diciembre de ese año.
Ese
avión fue luego desviado hacia la isla de Trinidad, donde los jóvenes
insurrectos solicitaron asilo, que les fue negado por las autoridades de Nueva
España que prefirieron apresarlos y repatriarlos enseguida a su país, buscando
congraciarse con el presidente Rómulo Betancourt que acababa de acusar al
gobierno de Cuba de animar la subversión en Venezuela y había pedido a las
naciones del hemisferio americano adoptar medidas comunes enérgicas y
definitivas para eliminar el régimen de Fidel Castro por ser una amenaza para
la seguridad de todas las naciones democráticas americanas.
Los
secuestradores del coronel Chenault
reiteraron su exigencia de libertad de los presos citados y afirmaron
que si no se producía en un plazo de 24 horas, sacrificarían el rehén y
tomarían represalias contra los norteamericanos que se encontraban en Caracas
en misión oficial. Sin embargo, después de nueve días de cautiverio
Chenault fue liberado sano y salvo, lo
que fue interpretado como una demostración de que esa operación ya había
logrado la notoriedad deseada, que era a final de cuenta su principal objetivo.
Este
hecho estuvo precedido de los secuestros del buque mercante venezolano
“Anzoátegui” y la estrella de futbol argentino Alfredo Di Stefano, dirigidos
también por las FALN el 12 de febrero y el 24 de agosto de 1963, pero que no
obstante su relevancia, se obvia su consideración en este relato que ha
priorizado los casos de figuras diplomáticas y militares como el teniente
coronel Michael Smolen, segundo jefe de la misión aérea de los Estados Unidos
en la tierra de Bolívar, raptado cuando salía
de su hogar, en la mañana
del viernes 9 de octubre de 1964,
por un comando armado de las FALN, dirigido por el venezolano Carlos Argenis Martínez
Villalta, mejor conocido como el comandante Ruiz Martínez y sus compañeros
David Salazar y Carlos Rey.
El
primero en enterarse de la situación de Smolen fue su jefe, el coronel Henry
Lee Choate, quien esa mañana recibió en su hogar una extraña llamada telefónica
de un desconocido que apresuradamente le dijo: “El comandante Smolen está en
poder de nuestra organización”, colgando de inmediato. El alto oficial se puso
a pensar en que esa información podía ser cierta, porque desde 1962 en Caracas
y otras ciudades de Venezuela se movían grupos armados de oposición al gobierno de Betancourt y sólo había
transcurrido once meses desde el rapto del coronel Chenault. Ese pensamiento
motivó que intentara de prisa localizar a su subalterno mediante una visita a
su residencia, donde pudo contactar la realidad del secuestro.
El
comando de las FALN exigió para liberar a Smolen la suspensión del fusilamiento
de un joven vietnamita llamado Nguyen Van Troi, de 24 años, que había sido
apresado el 9 de mayo anterior por una tropa del ejército survietnamita aliado
de los Estados Unidos, cuando colocaba una potente carga explosiva en la base
de un puente cercano a la ciudad de Saigón por donde, en compañía del embajador
norteamericano Henry Cabot Lodge Junior, debía pasar el secretario de Defensa
de los Estados Unidos, Robert MacNamara, principal estratega y ejecutor de las
operaciones militares que su país realizaba en Vietnam.
En
un comunicado público los secuestradores pidieron que Van Troi fuera liberado
de inmediato y aseguraron que si era ejecutado, harían lo mismo con el alto
oficial estadounidense que estaba en su poder; por lo cual, ante esa amenaza
los jefes militares norteamericanos asentados en el sur de Vietnam, ordenaron
al gobierno de Saigón que aplazara la ejecución de la sentencia. La misma sería
materializada nueve días más tarde, cuando los atacantes de modo precipitado
tuvieron que liberar a su rehén en ropa interior en una calle céntrica de
Caracas, al no poder resistir el gigantesco cerco policial tendido por las
autoridades ni el arresto de más de mil 500 personas, entre las cuales estaban
varios de los relacionados con este hecho que terminó siendo un fracaso total.
De
su lado, el gobierno de Saigón orientado por los Estados Unidos, reactivó la
condena de muerte del joven Van Troi, quien luego de cinco meses de violentos
castigos corporales y varios intentos de fuga, fue llevado al paredón en un
acto público el 15 de octubre de ese año.
El
revés de la izquierda venezolana en el secuestro del coronel Smolen habría
engendrado la línea extremista asumida
por las Fuerzas Armadas Rebeldes (FAR) de Guatemala, respecto a tres
diplomáticos de los Estados Unidos que fueron ultimados en esa nación en agosto
de 1968; entre ellos el embajador John Gordon Mein, secuestrado y asesinado el
día 28 de ese mes, a pocas cuadras del consulado estadounidense, cuando intentó
escapar del dominio de una brigada que lo estaba raptando para luego canjearlo
por prisioneros políticos. También se radicalizó el Movimiento de Liberación
Nacional-Tupamaros, de Uruguay, en el manejo del secuestro de un antiguo agente
de la CIA y asesor de seguridad de los Estados Unidos en América Latina,
llamado Daniel Anthony Mitrione, cuyo auto fue chocado el 31 de julio de 1970
en el barrio Malvin de la capital uruguaya por una camioneta matrícula 453-239
que llevaba en su interior a cuatro tupamaros que se apearon a detener su
vehículo con armas en manos.
Mitrione
fue secuestrado tras ser herido de un balazo en el pecho por la desesperada e
infructuosa resistencia que opuso a su
captura; siendo conducido a un escondite tupamaro fuera de la ciudad, donde le
curaron la herida y fue largamente interrogado por sus captores, quienes además
realizaron una grabación en la que exigían al gobierno la liberación de todos
los presos políticos que se encontraban en Punta Carretas y en la cárcel
femenina de Villa Colón, al norte de Montevideo. Esa era supuestamente la
condición para dejar libre a Mitrione y al diplomático brasileño Aloysio Mares
Dias Gomide, de 40 años, raptado también esa mañana en su hermosa residencia de
la calle Potosí No. 2027, en el barrio Carrasco de la capital uruguaya y luego
libertado el 21 de febrero de 1971, tras su esposa pagar 250 mil dólares de
rescate.
En
esos días los tupamaros también secuestraron al embajador de Gran Bretaña en
Uruguay, Geoffrey Jackson y al técnico agrario de los Estados Unidos, Claude
Fly, quienes estuvieron varios meses en prisión
y fueron tardíamente libertados. Esa suerte le faltaría, sin embargo, a
Dan Mitrione que tenía sus horas contadas desde el mismo momento en que fue secuestrado, como finalmente se plasmó en el comunicado
No. 9, del 8 de agosto de 1970, enviado por los tupamaros a varios medios de
prensa, con su veredicto: “Hoy a las 12 será ejecutado Dan Anthony Mitrione”.
Esa
sentencia fue decidida por su condición de exoficial de policía en Richmond,
Indiana, de 1945 a 1947 y agente de la CIA desde 1959, laborando para el
departamento de cooperación y administración internacional, donde implementaba
programas de seguridad pública y asesoraba a los militares y policías de
Uruguay, Brasil y República Dominicana (en 1966), sobre técnicas de guerra para
reprimir la insurgencia izquierdista y en la aplicación de métodos coercitivos
más enérgicos en los interrogatorios a los presos, como las torturas de choque
eléctrico en sus genitales que se convirtieron en una rutina.
Los secuestros en
Brasil
Apenas
había transcurrido un año de los trágicos sucesos de Guatemala, en los que
perdieron la vida militares y diplomáticos extranjeros, cuando se produjo en
Río de Janeiro el rapto del embajador de los Estados Unidos Charles Burke
Elbrick, de 61 años de edad, durante la mañana del 4 de septiembre de 1969, una
semana después de que el presidente de Brasil, mariscal Artur da Costa e Silva
sufriera un derrame cerebral que obligó a los militares a separarlo del poder,
aunque se tardaron en escoger su sustituto: una junta militar presidida por el
general Emilio Garrastazu Médici, quien se había desempeñado como jefe del
Servicio Nacional de Informaciones (SIN).
Este
acontecimiento obligó rápidamente a los organismos de seguridad de Brasil a
incrementar la protección de todas las embajadas y sus dependencias; en
particular, la residencia de la señora Elvina Elbrick, esposa del diplomático
secuestrado, que tenía sólo un mes viviendo en Río de Janeiro. Mientras la
policía iniciaba, por otro lado, una tenaz persecución para apresar al
exdiputado comunista Carlos Marighella y al excapitán del ejército Carlos
Lamarca, erróneamente considerados como los principales sospechosos del secuestro
que se había ejecutado.
También
militares y policías implementaron medidas de vigilancia extrema en
aeropuertos, zonas costeras y carreteras, intentando bloquear los puntos de
acceso a la capital brasileña y localizar a los perseguidos; pero aun así no
pudieron evitar que Lamarca evadiera el
cerco establecido, trasladándose a la región del Valle de Ribeira, en el sur
del estado de Sao Paulo, donde se puso al frente de un movimiento subversivo de
carácter guerrillero.
De
su lado, Marighella permaneció en Río de
Janeiro donde fue objeto de una persecución sostenida, siendo baleado en el
pecho en un cine de la ciudad y abatido dos meses más tarde (el 4 de noviembre
de 1969) en una emboscada policial, encontrándose a bordo de su automóvil.
Ese
dirigente de izquierda había sido el principal organizador de la resistencia al
régimen militar de Brasil, además de ser el autor de un manual del guerrillero
urbano que planteaba que la tensión
sería alcanzada “llevando la inseguridad y la incertidumbre a las clases
dominantes, desgastando y desmoralizando a las fuerzas militares de los gorilas”.
Verdaderos autores del
hecho
El
secuestro del embajador Elbrick era el suceso más importante que se había
producido en Brasil desde que fue derribado del poder el presidente Joao
Goulart en abril de 1964, por haber dado a conocer su interés en reducir los
latifundios y expropiar las compañías de petróleo privadas, ya que por primera
vez el gobierno se había visto precisado a tomar una posición defensiva, sin
que pudiera reaccionar de manera rápida y enérgica ante este acontecimiento
provocado por un grupo de jóvenes cobijados bajo la bandera del Movimiento
Revolucionario 8 de Octubre (MRO-8), una organización de reciente formación
cuyo nombre recordaba la fecha de la muerte en Bolivia del legendario
guerrillero Ernesto Che Guevara. Su objetivo era intentar canjear al diplomático
por 15 presos políticos.
Esta
operación aparentaba ser una autentica obra maestra, un acto político que
alteraba notoriamente el futuro del país, sin que pudiera ser calificado de
acción típicamente terrorista, puesto que sus autores reales no tenían un claro
compromiso con el movimiento revolucionario armado existente en Brasil, no
obstante identificarse con la figura del Che Guevara. La acción del secuestro
fue concebida poco después de la llegada a Brasil del embajador Elbrick y su
esposa, en el mes de junio de 1970; según reveló el periodista Fernando Paulo
Nagle Gabeira, uno de sus protagonistas,
en una entrevista con el periodista Sergio Berrocal, de la agencia francesa de
prensa, fechada el 1 de abril de 2019.
Este
comunicador ilustró que la operación careció de planeamiento meditado, pues
surgió casualmente durante una conversación informal entre amigos de clase
media, ninguno de los cuales había participado en la vida política, aunque
estaban sumamente disgustados con la instauración en Brasil de una dictadura
militar desde 1964. Agregó que en ese diálogo alguien ofreció la información de
que el diplomático pasaba todos los días por su casa y “un día que estábamos
charlando se nos ocurrió que no estaría mal secuestrarlo, pero enseguida nos
pusimos a hablar de cualquier otra cosa y nos olvidamos del tema”.
Sin
embargo, poco más tarde surgió en ese grupo la idea del rapto, con la intención
de obligar al gobierno militar a soltar algunos presos políticos que estaban
padeciendo torturas en la cárcel; pues primaba entre ellos un sentimiento de
repulsa a esa realidad y a la dictadura militar, y creían que la mejor manera
de expresarla era originando en las calles mucho ruido durante la semana
aniversario de la independencia nacional que se iniciaba el día 7 de
septiembre.
Por
eso, tres días antes de esa fecha se ejecutó el secuestro del embajador
Elbrick, iniciado cuando salió de su residencia acompañado de su chófer, en
dirección a la sede diplomática, situada en el centro de Río de Janeiro. El
conductor fue liberado ileso, con una nota que exigía a la junta militar la
liberación de 15 presos políticos y la publicación íntegra de un manifiesto de
mil palabras, donde el MRO-8 amenazaba con recurrir a la justicia revolucionaria
si el gobierno no cumplía en un plazo de 48 horas su demanda de liberar los
presos políticos a cambio del embajador. Los secuestradores reiteraron sus
exigencias en mensajes que dejaron en la sacristía de la iglesia “Nuestra
Señora de la Gloria” y en una populosa plaza de Río de Janeiro, así como en una
carta que hicieron llegar a un conocido periodista y que fue íntegramente
publicada en el diario donde laboraba.
Esta
realidad provocó la reacción del gobierno estadounidense de Richard Nixon, que
hizo saber a la junta militar y al mundo, por medio de Robert McCloskey,
portavoz del Departamento de Estado, que era indispensable salvar la vida de su
embajador, un amigo apreciado de la familia presidencial. Además de que el
gobierno de Nixon dispuso que en Río de Janeiro se tuviera en reserva un
tetrarreactor del Military Air Transport, matrícula MAT-Z-437, con la finalidad
de embarcar en cualquier momento a los 15 presos políticos.
Así
fue que, a las 3:35 de la tarde del sábado 6 de septiembre de 1969, el canciller
de Brasil, José de Magalhaès Pinto, anunció públicamente que el aparato que
transportaba a los quince presos políticos había despegado veinte minutos antes
del aeropuerto de Galeo con destino a México, dejando a los militares golpistas
humillados y divididos por haberse visto en la disyuntiva de tener que elegir
entre la vida de un diplomático extranjero y el honor nacional, que creían
mancillado al convertirse en instrumento de un movimiento revolucionario cuya
importancia habían ignorado hasta entonces.
El
secuestro del embajador estadounidense en Brasil, Charles Burke Elbrick tuvo
que haber repercutido en la izquierda dominicana que desafiaba al régimen de
Joaquín Balaguer en 1970; pues seis meses después de ocurrido, se llevaría a
cabo en Santo Domingo una operación parecida contra el agregado militar de la
embajada americana, coronel Donald J. Crowley. La misma fue capitaneada por el
secretario general del MPD, Otto Manuel Morales Efres, utilizando como
operadores al dirigente emepedeísta Héctor Ortiz, a su esposa Ivonne Payano y a
un exmilitar llamado Rafael Luna Cabrera, quienes junto al ingeniero Amín Abel
Hasbún conformaron el llamado comando unitario anti-releccionista que secuestró
al referido oficial mientras se aprestaba a jugar polo en las inmediaciones del
hotel Embajador y lo mantuvo prisionero durante cerca de 24 horas en una casa
del sector Manoguayabo, en la zona oeste de Santo Domingo.
La
diferencia de ese caso y el brasileño estuvo en que sus organizadores
pertenecían a un partido político de izquierda con un amplio historial de lucha
en la República Dominicana y habían participado en un acontecimiento de la
trascendencia de la guerra de abril de 1965; mientras que los raptores del
embajador Charles Burke Elbrick eran unos muchachos de clase media que habían
improvisado la formación del MR0-8, sólo con la intención de expresar su repudio a la dictadura militar
que en 1964 derrocó en Brasil al gobierno constitucional del presidente Joao
Goulart,
Por
último, vale recordar la llamada “Operación Argimiro Gabaldón”, puesta en
práctica en 1976 por la Liga Socialista de Venezuela que secuestró en el estado
de Bolívar al empresario estadounidense William Frank Niehous y lo mantuvo en
cautiverio durante tres años, cuatro meses y dos días, así como el secuestro de
la diputada colombiana Ingrid Betancourt, ejecutado por las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia (FARC) el 23 de febrero de 2002, que tuvo una
duración de seis años, cuatro meses y nueve días.
No hay comentarios:
Publicar un comentario