Por
Freddy P. Galarza
New York.- El Movimiento
Marcha Verde en esta ciudad, sostuvo que el flagelo del feminicidio y
delincuencia lejos de disminuir se ha acrecentado bajo las administraciones del
partido gobernante en RD .
Expresa mediante un nota
enviada a este medio, que en el país el feminicidio ocupa un deshonroso lugar
en la región latinoamericana “ como van las cosas nos da la impresión que las
autoridades de nuestros país desean ser los primeros”.
Explican como muestra que
en los últimos 12 años más de 2,000 mujeres han sidos asesinadas por sus
exparejas y compañeros sentimentales y que en las últimas semanas cerca de ocho
mujeres fueron vilmente asesinadas “ en esta asignación el gobierno ha
fracazado de la peor manera ”, señalan .
Exponen que en RD, impera
un desorden donde la justicia se ha convertido en cómplice y protector de los
delincuentes como es el caso de Odebrecht, frente a una justicia, señalan,
sujeta a la voluntad del partido gobernante .
Precisan que en ese
contexto como lo indica transparencia internacional donde la República
Dominicana figura entre los países con la peor independencia judicial, ocupando
el lugar 130, en una lista de 137 .
Manifiestan los activistas
de marcha verde que el gobierno de Danilo Medina, se hace sordo al reclamo
ciudadano para que se tomen medidas firmes que evidencien avance en el
sometimiento de todos los implicados en los bochornosos casos de Odebrecht,
Oisoe, Los Tucanos, SunLand, CEA, Los Tres Brazos, y CDEE, entre otros .
Condenaron lo que
califican como participación creciente de delincuentes y sicarios en
instituciones estatales “ ahora podríamos tener mafias políticas operando con
el descaro, la tolerancia y la violencia que caracteriza las organizaciones del
crímen organizado para callar voces disidentes”.
Marcha Verde exigió la
realización de auditorías financieras y técnicas para todas las obras
construidas por Odebrecht, incluyendo, dicen, las contratadas durante los años
2012 al 2004, bajo el gobierno de Danilo Medina, asimismo, investigar y
castigar de acuerdo a las leyes dominicanas, el posible financiamiento ilícito
hecho por dicha empresa a candidatos y campañas electorales desde el 2002 al
2016.
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