Por:
Geraldo Fernández
Todo dominicano tiene
derecho a una vivienda digna con acceso a los servicios básicos esenciales, así
lo consigna el artículo 59 de nuestra constitución. La Estrategia Nacional de
Desarrollo (Ley 1-12) establece en su objetivo 2.5.1 que el Estado debe
facilitar el acceso de la población a viviendas económicas, seguras y dignas,
con seguridad jurídica y en asentamientos humanos sostenibles, socialmente
integrados y que cumplan con los criterios de adecuada gestión de riesgos y
accesibilidad universal para las personas con discapacidad físico-motora.
La vivienda fortalece la
identidad y el arraigo y en términos colectivos favorece la cohesión social y
el desarrollo, adquirir una vivienda es sinónimo de promoción social, se
entiende que la vivienda es un recinto habitado por seres humanos, delimitado
por paredes, techo y acceso independiente al medio que se constituye en un bien
fundamental para el cobijo, sociabilidad e integración de la familia, la
comunidad y la sociedad en general, es también un área prioritaria para el
desarrollo nacional y un derecho humano fundamental.
El Estado Dominicano está
consciente de la importancia del tema para el desarrollo de la nación y trabaja
mucho en ese sentido, sin embargo el déficit de habitacional ronda los dos
millones de unidades y aumenta 55,000 cada año, de este déficit más del 60%
corresponde a viviendas que solo requieren algún tipo de mejora o dotación de
servicios (déficit cualitativo) y el restante 40% representa las unidades que
se tienen construir (déficit cuantitativo).
La Ley para el Desarrollo
de Mercado Hipotecario y Fideicomiso (189-11) es un paliativo para la
disminución del déficit cuantitativo pero hasta ahora los proyectos
desarrollados a su amparo están orientados a la clase media-media dejando fuera
de sus beneficios a la clase media-baja cuya capacidad de compra solo llega al
30% del costo promedio de la oferta actual más accesible que anda rondando los
tres millones de pesos por unidad y si hablamos de la vivienda social dicha ley
no representa un instrumento práctico quedando esta responsabilidad totalmente
en manos del Estado.
Al observar las
estadísticas de las razones del déficit habitacional nos encontramos con que un
6% de las familias dominicanas no tienen vivienda propia por no ser sujeto de
crédito o crédito negativo, un 32% por los elevados costos en la oferta actual
y un 60% por bajo poder adquisitivo lo que plantea un escenario muy complejo
para el Estado pues significa que a este le tocaría subsidiar prácticamente el
acceso a la vivienda de casi millón y medio de familias, algo improbable para
nuestra realidad económica.
Realmente la problemática
del déficit habitacional es sumamente compleja pero no solo para nuestro país
sino para toda la región, actualmente en América Latina y El Caribe una de cada
tres familias habita en una vivienda inadecuada, construida con materiales
precarios o carentes de servicios básicos, esto es 59 millones de personas.
Para paliar el déficit
habitacional de manera efectiva se deberían construir alrededor de 21,000.00
unidades anuales y actualmente solo se construyen 5,000.00 y de estas menos del
10% corresponde a la vivienda subsidiada que se destina para los sectores más
empobrecidos que es donde la problemática se agrava pues se suma el componente
de la marginalidad y vulnerabilidad, para atender esta demanda el Estado
debería quintuplicar la inversión en programas de vivienda pública.
Las características de
nuestras zonas más empobrecidas dificultan la implementación de políticas públicas
destinadas a disminuir el déficit habitacional a través del acceso al crédito
pues al ser asentamientos vulnerables es imposible proceder con programas de
titulación, uso mixto de la tierra, permutas o reingeniería urbana. Cada
intervención que se proponga realizar el Estado parte de la reubicación de
cientos de familias a lugares seguros lo que multiplica exponencialmente el
costo de la inversión (ver casos Boca de Cachón, La Nueva Barquita, Domingo
Savio, etc).
El Estado debe abocarse de
manera urgente al diseño de una política habitacional efectiva que partiendo de
un marco legal realista cree las condiciones para paliar el déficit, esta
política debe definir niveles de acceso a la vivienda, financiación, subsidios,
incentivos, plazos, metas y crear una unidad coordinadora y ejecutora que ponga
fin a la dispersión de funciones y a la multiplicidad de agendas como primer
paso hacia una solución definitiva a tan grave problema, retrato de las fallas
históricas de nuestro sistema.
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