BBC
Mundo, Brasil/Gerardo Lissardy
En Brasil, hay acusaciones
de todo tipo contra políticos: desde recibir suculentos sobornos u ocultar
cuentas bancarias en el exterior, hasta planear la fuga del país de un preso en
un avión particular.
Luego está el proceso para
destituir en un juicio político a la presidenta brasileña, Dilma Rousseff, que
este lunes fue respaldado por una comisión de Diputados.
El informe de la comisión,
que en los próximos días tendrá que aprobar o rechazar el plenario de
Diputados, afirma que hay indicios de que la presidenta cometió crímenes
"de responsabilidad".
Pero la principal
acusación que podría costarle el cargo a Rousseff no es exactamente por el
dantesco escándalo de sobornos en Petrobras, que salpica a su gobierno y a la
clase política brasileña en general.
Una gasolinera y un regalo
misterioso: así empezó el escándalo que asedia al gobierno de Brasil
Tampoco se basa en los
señalamientos de que la campaña de reelección presidencial en 2014 recibió
dinero desviado de la petrolera estatal y de grandes obras públicas, como se ha
reportado que admitieron exejecutivos de la constructora Andrade Gutierrez ante
los fiscales.
¿Quizá la denuncia se
apoye en el testimonio de Delcídio do Amaral, quien tras ir preso siendo el
principal senador del oficialismo acusó a Rousseff de intentar liberar
empresarios involucrados en el caso Petrobras, nombrando a un alto magistrado?
Pues
no.
La acusación central
contra Rousseff en el Congreso es que violó normas fiscales, maquillando el
déficit presupuestal.
Y ha causado una gran
fisura en Brasil, separando a quienes creen que sería justo destituir a la
presidenta por algo así de quienes sostienen que sería una injusticia o hasta
un golpe de Estado.
La tensión que genera este
tema fue evidente en el voto de la comisión este lunes, con fuertes acusaciones
entre los diputados, gritos y desorden a la hora de la votación.
"Lo que está en juego
no es sólo una cuestión legal, sino de estrategia política de los actores
involucrados", dijo Carlos Pereira, politólogo de la Fundación Getulio
Vargas, una universidad brasileña de élite, en declaraciones a BBC Mundo.
La
denuncia
El pedido de impeachment a
la presidenta llegó al Congreso en octubre, con la firma de tres juristas. Uno
de ellos, Hélio Bicudo, tiene 93 años y fue fundador del Partido de los
Trabajadores (PT) de Rousseff.
Días después de formular
la denuncia, Bicudo dijo a BBC Mundo que la presidenta había cometido una serie
de actos "en el sentido de violar la legislación respecto a la salud
fiscal del país, dando la impresión de que todo estaba bien".
La denuncia alude en
particular a lo que en Brasil se denominan "pedaladas fiscales", que
implican el uso de fondos de bancos públicos para cubrir programas de
responsabilidad del gobierno.
El argumento es que esa
práctica está prohibida por una ley de Responsabilidad Fiscal, pero el gobierno
lo hizo de todos modos para exhibir mayor equilibrio entre ingresos y gastos.
Por eso mismo, el Tribunal
de Cuentas brasileño rechazó las cuentas de la administración de Rousseff en
2014, año en que fue reelecta por escaso margen.
Aunque esas maniobras
contables fueron usadas por gobiernos anteriores, hay datos oficiales que
indican que se volvieron mucho más frecuentes durante la gestión de Rousseff.
Los denunciantes sostienen
además que las irregularidades continuaron en 2015, algo clave ya que varios
juristas creen que la presidenta sólo puede ser juzgada por delitos cometidos
en su actual mandato.
La
defensa
Rousseff, que nunca ha
sido acusada de enriquecimiento ilícito, niega haber cometido el crimen de
responsabilidad que le atribuye la oposición o delito alguno que vuelva legal
el juicio político.
"¿Impeachment sin
crimen de responsabilidad qué es? Es golpe", sostuvo días atrás la
exguerrillera izquierdista de 68 años que en 2011 asumió como la primera
presidenta mujer de Brasil.
Su defensa en el Congreso
negó además que alguno de los actos denunciados haya sido firmado por Rousseff
y afirmó que desde que fue reelecta sus opositores buscan una forma de terminar
su mandato.
También alegó que, al
aceptar la denuncia contra la mandataria, el presidente de Diputados, Eduardo
Cunha, actuó por "venganza". Cunha enfrenta varias denuncias de
corrupción, incluido el cobro de sobornos y ocultamiento de cuentas en el
exterior.
La presidenta recibió este
mes el apoyo del secretario general de la Organización de Estados Americanos
(OEA), el excanciller uruguayo Luis Almagro.
"Si hubiera una
acusación (contra Rousseff) bien fundada, como la ha habido en otros casos en
Brasil, entonces perfecto, se va por ese camino. Pero hoy eso no existe, y es
muy deshonesto plantearlo en estos términos", sostuvo Almagro.
El
informe
En cambio, la comisión de
Diputados que analizó el pedido de impeachment se pronunció este lunes a favor
de abrir el proceso contra Rousseff, afirmando que los hechos denunciados
contribuyeron a "una crisis fiscal sin precedentes" en el país.
Redactado por el diputado
Jovair Arantes y aprobado en la comisión con 38 votos a favor y 27 en contra,
el informe sostiene que la denuncia apunta a una "usurpación" de la
prerrogativa del Congreso de autorizar gastos públicos.
"Tales actos revelan
serios indicios de gravísimos y sistemáticos atentados a la Constitución",
sostuvo.
Aunque la denuncia
original contra Rousseff asocia los problemas fiscales del gobierno con el
escándalo en Petrobras, Arantes evitó considerar ese argumento.
Y la justicia rechazó un
pedido para anexar a la denuncia la acusación que le hizo a la mandataria el
senador Amaral, tras ser detenido por planear la fuga en avión de un exdirector
de Petrobras preso.
Ahora corresponde al
Congreso definir la suerte de Rousseff, en un proceso que mezcla ingredientes
jurídicos con políticos en medio de una feroz recesión.
Si al menos dos tercios de
los diputados apoyan el juicio político, el Senado deberá decidir por mayoría
simple si lo abre y obliga a Rousseff a apartarse del cargo por hasta 180 días
mientras la juzga.
"Juego
abierto"
El politólogo Pereira
sostuvo que si esta denuncia naufragase, el presidente de Diputados podría
activar otra de las nueve que ha recibido contra la mandataria, como el propio
Cunha ha insinuado que haría.
Pero intentar juzgar en el
Congreso a Rousseff por presunto financiamiento ilícito de su campaña
implicaría riesgos para el partido de Cunha, el PMDB, que rompió con el
gobierno días atrás.
El vicepresidente Michel
Temer, primero en la línea de sucesión de Rousseff, pertenece a ese partido y
podría caer junto con ella, ya que la campaña involucró a ambos. El máximo
tribunal electoral ya analiza denuncias opositoras sobre esto.
Algunos creen que por eso
Cunha optó primero por la denuncia que Diputados votará probablemente el
próximo domingo 17 o lunes 18.
Un ministro del Supremo
determinó la semana pasada que Diputados debe instalar otra comisión para
analizar un eventual impeachment contra Temer, porque también habría autorizado
"pedaladas fiscales".
La
cuestión irá al plenario del Supremo.
Una encuesta de la firma
Datafolha mostró el domingo que aproximadamente tres de cada cinco brasileños
apoyan la apertura de juicios políticos a Rousseff y Temer, o la renuncia de
ambos.
Pero el respaldo al
impeachment de la presidenta cayó de 68% el mes pasado a 61% actual, según el
mismo sondeo.
Con decenas de diputados
indefinidos, y reportes de que ambos lados intentan conquistar apoyos con
promesas de cargos o proyectos, el resultado de la denuncia contra Rousseff en
el Congreso es incierto.
"Hasta el día de la
votación (en el plenario de Diputados) nadie va a tener una idea clara de quién
será el vencedor", dijo Pereira. "El juego está abierto".
No hay comentarios:
Publicar un comentario