Pou compara la acción policial en secuestro de Baldera con “las barridas de la guerra fría”.

El especialista en seguridad, Daniel Pou, de la FLCSO, deplora que la Policía vincule secuestro a movimientos populares.

Panky Corcino/Clave Digital

SANTO DOMINGO, República Dominicana.-El especialista en tema de seguridad, Daniel Pou, de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), considera que el manejo del secuestro del joven Eduardo Baldera Gómez pone en evidencia la precaria institucionalidad del Estado Dominicano y del estado de derecho tan proclamado en el país.

“Reflexionar en estos momentos sobre la conducta policial en nuestro país resulta una labor intrincada, sobre todo si echamos un una mirada en el ámbito de la problemática de la seguridad ciudadana”, señala Pou.

Recuerda que las tasas de crecimiento de delitos y la variedad de los mismos se incrementan de manera vertiginosa. “Cada vez aparecen nuevos actores a los que se suman miembros de la oficialidad superior de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional”.

“Ya es difícil que en casos de la comisión de delitos importantes, no encontremos implicaciones de la oficialidad de estos cuerpos llamados a garantizar la integridad de la ciudadanía y la soberanía de la nación”, añade.

El investigador destaca que este fenómeno ocurre en momento en que el país se ve afectado por un deterioro en su vida institucional, donde el comportamiento de la clase política, salvo extrañas excepciones, ha taladrado las instituciones de la seguridad y la defensa.

Sostiene que “nuestra Policía, cuya función y aprendizaje desde la guerra fría ha sido la represión, actuando al margen de lo que es el Estado de Derecho, no ha podido dar el salto institucional que ameritan los nuevos tiempos”. Pou añade que, por el contrario, el papel que desempeña el organismo lo sitúan “en una óptica minimalista frente al resto de la sociedad y de las instituciones del Estado, incluyendo su rol fundamental como auxiliar del Poder Judicial”.

Destaca que en el caso reciente del secuestro del joven de Nagua se pueden destacar dos momentos que “dejan mucho que desear” desde el punto de vista institucional de la Policía, siendo el primero la etapa inicial de investigación y apresamientos.

“La Policía Nacional reemplaza la función y responsabilidad del Ministerio Público, para asumir un papel protagónico en la persona del propio jefe policial (mayor general Rafael Guillermo Guzmán Fermín)”, dice.

Considera que el jefe de la Policía ofreció “declaraciones desatinadas y hasta imprudentes” que tratan de ofrecer una perspectiva a todas luces no veraz de los acontecimientos.

Indica que de esta forma inició un proceso de descreimiento en la opinión pública, por lo que en determinado momento el hecho del secuestro se muestra difuso y crea un manto de desconfianza en torno a las autoridades y al posible motivo del mismo.

“Se inicia un proceso de detenciones y persecuciones masivas y se intenta crear un vínculo con grupos de las izquierda y de los movimientos populares propios de las acciones de barridas masivas en tiempos de guerra fría”, sostiene.

Cuestiona además “el secuestro-detención no reconocido por la Policía ni el Ministerio Público” de María Magdalena Díaz Brito, la estudiante de Medicina hija de Cecilio (Manuel) Díaz, el supuesto cabecilla del comando que ejecuta el secuestro y que pereció en un supuesto intercambio de disparos que tiene los visos de una ejecución extrajudicial.

Pou lamenta que la Policía Nacional no mostrara “el más mínimo interés” por el secuestro de Díaz Brito. Sostiene que este hecho tiene a “situar a la institución policial en una acción tan delictiva como la que ellos están intentado solucionar”.

“A este hecho se le suma el apresamiento del señor Juan Almonte. Testigos presenciales imputan la responsabilidad a la Policía Nacional sin que hasta el momento la institución muestre mayor interés sobre el caso”, insiste.

“Un circo”

En una segunda etapa del secuestro, Daniel Pou cuestiona la liberación del joven Baldera Gómez, un hecho que, desde su punto de vista, reviste todas las características de “un espectáculo circense”.

“Explicaciones contradictorias entre el liberado y el jefe policial ponen en dudas la credibilidad de la institución y del hecho en sí”, dice.

Cuestiona que “lejos de ser presentada la víctima ante un médico forense con miras a realizar la experticia legal correspondiente, cuya competencia recae sobre el Ministerio Público, el joven liberado es presentado en un acto-espectáculo multitudinario proseguido por un oficio religioso”.

Califica este hecho como “un verdadero ejercicio proselitista de ejercer la jefatura policial” y como una irresponsabilidad del Ministerio Público que dejó de ejercer su autoridad.

La posterior presentación de los cadáveres de Díaz y su cómplice, William de Jesús Checo Batista, caídos en un intercambio de disparos con la Policía Nacional, “termina poniendo el galardón del descrédito en el comportamiento policial”.

El investigador insiste en que “todos estos acontecimientos ponen en entredicho la precaria institucionalidad del Estado Dominicano y el estado de derecho tan proclamado”.

Desde su punto de vista los hechos confirman la tesis “que siempre hemos sostenido de que la institución policial dominicana tiene un divorcio absoluto con la legitimidad de su función en un Estado moderno”.

Insiste en que la reforma policial no puede fundamentarse un proceso exclusivamente tecnológico y sostiene que no existen muestras elocuentes de que exista voluntad política para enmendar la situación de la Policía”.

Pou insiste en que la estructura de mandos de la Policía responde a la cultura clientelar que deforma las instituciones del Estado Dominicano. Por tanto, añade, “mientras no se dobleguen las estructuras de los poderes fácticos que controlan y definen la actuación de la institución policial, no podremos desarrollar una política pública de prevención y erradicación del delito en República Dominicana”.