La Fundación Justicia y Transparencia (FJT) rechazó los intentos del diputado por Puerto Plata, Alfonso Crisóstomo, de someter y promover un proyecto de ley para modificar la Ley de Libre Acceso a la Información 200-04, bajo el alegato de procurar discreción con las informaciones estatales. El diputado peledeísta pretende impedir que la ley sea utilizadas con fines sensacionalista por comunicadores, saliéndose del fin para lo cual fue creada.
La Fundación Justicia y Transparencia fundamenta su oposición al entender que la misma es el resultado de varios acuerdos y convenios internacionales suscritos y ratificados por la República Dominicana en materia de Derechos Humanos, en especial la Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción, firmada en Mérida, México en diciembre del 2003.
En dicha ley se obliga al Estado Dominicano de conformidad con los artículos 10 y 13, bajo los títulos de Información pública y Participación de la sociedad, a garantizar en el país un acceso efectivo a la información pública en aras de la transparencia y la rendición de cuentas.
Trajano Vidal Potentini, presidente de la FJT, recordó al diputado Crisóstomo que por sentencia de la Suprema Corte de Justicia fue establecido en el país el denominado bloque de la constitucionalidad, que le otorga equivalencia constitucional a los Tratados Internacionales.
Asimismo agregó que cualquier intento de desnaturalizar, diezmar o limitar el derecho a la información o la capacidad constitucional que tienen los dominicanos de buscar, recibir, publicar y difundir informaciones relativa al manejo y uso de los fondos públicos será nula y, sobre todo, plagada de inconstitucionalidad.
La Fundación Justicia y Transparencia llamó a la sociedad civil y en particular a los medios de comunicación a mantenerse vigilantes ante el eventual desmembramiento de esa herramienta de garantía del derecho a la información y de lucha y combate contra la corrupción.
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