SANTO DOMINGO (República Dominicana).- El Ministerio Público puso en marcha la Operación Cobra 2.0-A con el propósito de procesar al entramado de corrupción de ex empleados del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), médicos y otras personas que se dedicaban a estafar al Estado, al defraudar a la administradora de riesgos de salud (ARS) pública con miles de millones de pesos.
Los equipos de
fiscales han practicado 37 allanamientos en el Distrito Nacional, la provincia
Santo Domingo, Santiago, Cotuí y La Vega, explicó el procurador adjunto Wilson
Camacho, director general de Persecución del Ministerio Público, al reafirmar
la postura firme de la procuradora general de la República, Yeni Berenice
Reynoso, para enfrentar la corrupción y la criminalidad organizada.
Camacho
adelantó que al menos 28 personas fueron arrestadas como parte del caso que
inició en su primera etapa con la Operación Cobra para desmantelar una
estructura de corrupción administrativa que se aprovechó del SeNaSa para
sustraer fondos públicos en perjuicio de todos sus afiliados.
Explicó que en
la operación trabajan los equipos de fiscales de la Procuraduría Especializada
de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), bajo la dirección de la
procuradora de corte Mirna Ortiz, así como de otras unidades del Ministerio
Público.
En la
operación participan 45 fiscales, 200 agentes de la Policía Nacional, 16
miembros de la Unidad de Investigaciones Criminales. En la investigación
también participó la Dirección Nacional de Investigación (DNI), bajo la
dirección del Ministerio Público.
Las unidades
del Ministerio Público han ocupado bienes, dinero en efectivo, vehículos y
armas de fuego como parte de la operación que tiene entre sus objetivos
procesar a médicos que, además de violar el Código Penal y amenazar los
servicios de salud a sectores vulnerables, incluso afectaron a sus propios
colegas que actúan ceñidos a la ética profesional y apegados a las leyes
vigentes.
El proceso
penal
En la primera
etapa, el Ministerio Público arrestó a Santiago Marcelo F. Hazim Albainy,
exdirector del SeNaSa y cabecilla del entramado de corrupción.
También, los
coimputados Gustavo Enrique Messina Cruz, Francisco Iván Minaya Pérez, Germán
Rafael Robles Quiñones, Rafael Luis Martínez Hazim y Ramón Alan Speakler Mateo.
El pasado 5 de
agosto, el Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional ratificó
otra vez la prisión preventiva de 18 meses impuesta a Hazim Albainy y a los
demás procesados. También, Ada Ledesma
Ubiera cumple la misma medida en arresto domiciliario, luego de que se le
variara la coerción por asuntos de salud el pasado 16 de julio.
El proceso
judicial también se sigue contra los imputados Cinty Acosta Sención, Heidi
Mariela Pineda Perdomo y Eduardo Read Estrella, a quienes el pasado mes de
diciembre también les fueron impuestas medidas de coerción, consistentes en
arresto domiciliario, garantías económicas e impedimento de salida del país.
Por el caso
también es procesado Ángel Luis Guzmán Vásquez, a quien el pasado 30 de julio
el Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, también, le ratificó
la prisión preventiva de 18 meses que le fue impuesta el pasado mes de mayo.
El entramado
criminal fue desmantelado con la Operación Cobra, iniciando el Ministerio
Público, posteriormente, la judicialización en busca de sanciones penales y el
decomiso del dinero sustraído al patrimonio público.
Con sus
actuaciones, los procesados afectaron a los afiliados al SeNaSa, al defraudar a
esa administradora de riesgos de salud (ARS) pública con miles de millones de
pesos.
Al grupo se le
imputa cargos de coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de
malhechores, cobro de soborno, estafa contra el Estado dominicano, desfalco,
falsificación, uso de documentos falsos y lavado de activos.
En el
transcurso de la investigación, el Ministerio Público ha podido recabar
evidencias de soborno a gran escala, adulteraciones de estados financieros, y
programas especiales sin sustentos jurídicos, utilizados para distraer fondos,
mediante maniobras fraudulentas.
El órgano
acusador indicó que se trata de un esquema de corrupción sistemático instalado
por el director ejecutivo del SeNaSa, en coalición con funcionarios de esa ARS
y con la participación, en asociación criminal, de prestadores del servicio de
salud, en perjuicio del Estado dominicano.
Como parte de
las líneas de investigación que sigue el proceso, el Ministerio Público también
puso en marcha el pasado mes de junio la Operación Onco14 que llevó al arresto
de tres personas por formar parte de la estructura que abusó del Patronato
Cibaeño Contra el Cáncer para enriquecerse con maniobras fraudulentas que
afectaron al Instituto Oncológico Regional del Cibao (IORC), a pacientes
afectados por el cáncer y al SeNaSa.
Por el caso
fueron arrestados Héctor Antonio Lora Cruceta, expresidente del Consejo de la
asociación sin fines de lucro (ASFL) Patronato Cibaeño Contra el Cáncer y
miembro de la junta directiva del IORC, y su esposa Luisa Yasiris Guzmán,
presidenta de la fundación Tócate RD-Casa de Acogida, así como su exesposa
Dilcia Isabel Vargas Sánchez, quien se divorció del imputado en 2014 y ocupó la
Vicepresidencia, y, a la vez, fungió como auditora interna y externa del
patronato que administra al Instituto Oncológico Regional del Cibao cuando el
imputado era presidente de la citada ASFL.
Posteriormente,
se procedió con su sometimiento a la justicia en el distrito judicial de
Santiago. El caso fue declarado complejo y fueron enviados a prisión Lora
Cruceta y su esposa Guzmán, mientras que su exesposa Vargas Sánchez cumple
arresto domiciliario.
Los imputados
y las razones sociales Vargas Lora & Asociados (hoy Vargas Guzmán
Accounting Center) y la Fundación Tócate RD-Casa de Acogida sustrajeron los
fondos mediante distintos mecanismos fraudulentos.
La
investigación aborda hechos delictivos como el fraude clínico y farmacéutico
mediante el cambio de indicaciones médicas, uso de sellos médicos falsos, doble
facturación al SeNaSa y la entrega incompleta de medicamentos.
Además, la
prohibición de donaciones gratuitas de medicamentos, la venta de medicamentos
donados, el contrabando con exoneraciones fiscales y el tráfico con sustancias
controladas.
Asimismo, la
utilización de habitaciones del oncológico para realizar cirugías estéticas, el
gasto de representación ilegítimos y reembolsos fraudulentos de gastos en
viajes y hoteles, así como sabotaje digital, robo de archivos y lavado de
activos.
Según la
investigación, los procesados sobornaron a distribuidoras de medicamentos,
crearon la fundación Tócate, con la cual distraían fondos y cobraban al SeNaSa
por servicios y medicamentos no suministrados a pacientes del Oncológico de
Santiago.
Otro de los
mecanismos para distracción de fondos del Patronato, según el órgano
investigador, fue la autoasignación de salarios, viáticos y otros beneficios
que no corresponden al personal que labora en este tipo de entidades.
Dirección
General de Comunicación, Prensa y RRPP
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