Más allá de aprobar leyes

Jasmiley Ortiz/Abogada

Sin desconocer el trabajo de aquellos legisladores que ejercen sus funciones con compromiso, representan dignamente a sus electores y cumplen de manera efectiva su labor de fiscalización, resulta oportuno reflexionar sobre la calidad del ejercicio legislativo en la República Dominicana.

El Congreso Nacional no fue concebido únicamente como un órgano encargado de aprobar leyes. La Constitución también le atribuye funciones de representación y fiscalización de los fondos y administración de lo público, lo que exige que la actividad legislativa vaya más allá de la simple producción normativa. Si nos circunscribimos al ejercicio legislativo, es necesario mencionar que todo proyecto de ley debe responder a un análisis jurídico, técnico y social que permita valorar su necesidad, viabilidad e impacto, garantizando normas capaces de responder a las necesidades de la sociedad y fortalecer la seguridad jurídica.

Sin embargo, es lamentable mencionar que muchas de las iniciativas legislativas de mayor incidencia para la vida nacional son aprobadas con una rapidez que limita el debate parlamentario, provocando esto que proyectos de gran trascendencia atraviesen el proceso legislativo sin observaciones sustanciales ni un análisis crítico de su contenido, permitiendo que el consenso político sustituya el deber constitucional de examinar y perfeccionar las iniciativas antes de su aprobación.

A ello se suma una agenda legislativa que, con frecuencia, prioriza iniciativas de escaso impacto práctico, como declaraciones de días conmemorativos o reconocimientos honoríficos. Y es que si bien estas propuestas poseen un valor simbólico, difícilmente deberían desplazar la discusión de proyectos de mayor trascendencia ni el ejercicio de funciones esenciales del Congreso, como el control político, la fiscalización de la Administración Pública y la supervisión del uso de los recursos públicos.

También resulta necesario considerar la capacidad real de aplicación de las leyes que se aprueban. No basta con establecer nuevas obligaciones o mecanismos si las instituciones responsables de ejecutarlos no cuentan con las herramientas, los recursos o la estructura necesaria para hacerlo de manera efectiva. En nuestro país, algunas disposiciones, aun cuando persiguen objetivos importantes, enfrentan dificultades al momento de ser implementadas. Por ello, el proceso legislativo debe tomar en cuenta no solo la necesidad de una norma, sino también las condiciones existentes para su aplicación, procurando que lo aprobado pueda traducirse en resultados concretos y no permanezca únicamente en el texto de la ley.

Más allá de aprobar leyes, el verdadero reto del Congreso Nacional consiste en procurar un ejercicio legislativo de mayor calidad y ejercer plenamente las atribuciones que la Constitución le confiere. Esto requiere que cada ley sea el resultado de un debate serio, un análisis técnico suficiente y una discusión que permita identificar y corregir sus deficiencias antes de su aprobación. Un Congreso que fiscaliza de manera efectiva fortalece la rendición de cuentas, protege el interés público y promueve una actuación más transparente y responsable de las instituciones públicas. Ese es el Congreso que demanda la ciudadanía: uno que más allá de aprobar leyes también ejerza con independencia las funciones de control que le asigna la Constitución, en defensa del interés colectivo.