Nagua.– Mediante un proceso de investigación y tras el seguimiento a varias denuncias sobre robo de reses en la zona, agentes de la Policía Nacional, en coordinación con el Ministerio de Salud Pública y el Ministerio de Medio Ambiente, realizaron un operativo conjunto que permitió la identificación y desmantelamiento de un matadero clandestino que operaba en el sector El Ranchito, municipio Río San Juan.
La
intervención fue coordinada bajo las directrices del director de la Dirección
Regional de la Policía Nacional en María Trinidad Sánchez, general Pablo Ortega
Brito, M.A., y ejecutada por el coronel Rafael Reyes Bautista, comandante del
Departamento Operativo I de Cabrera, junto al coronel de la Dirección Central
de Investigación (DICRIM), Céspedes Roble, y el mayor Manuel Pérez, encargado
del Departamento Anticuatreros de la Policía Nacional, además de representantes
de Salud Pública, Medio Ambiente y Planeamiento Urbano.
Durante el
operativo fue intervenida una propiedad atribuida a Jeuri Vargas Hernández,
donde además fueron detenidos varios empleados que se encontraban laborando en
el lugar.
En el lugar
fueron ocupadas más de dos toneladas de carne de res y cerdo, almacenadas en
congeladores y canastos refrigerados.
Entre lo
decomisado se encontraban alrededor de 90 canastos plásticos con carne picada,
con un peso aproximado de 100 libras cada uno, así como vísceras y otras partes
de animales en condiciones inadecuadas de almacenamiento.
También fueron
ocupadas varias armas blancas utilizadas para el sacrificio y procesamiento de
los animales.
Tras una
evaluación realizada por técnicos de Salud Pública, encabezados por el doctor
Marcos Jiménez, director provincial de la institución, se determinó que la
carne no era apta para el consumo humano debido a su avanzado estado de
deterioro y a las condiciones sanitarias del lugar.
Por
disposición de las autoridades sanitarias, toda la carne decomisada fue
trasladada al vertedero provincial, donde fue destruida e inhumada de manera
inmediata para evitar riesgos a la salud pública.
Las
autoridades informaron que el caso fue remitido a la División de Protección
Animal y Antiabigeato para los fines legales correspondientes.
Asimismo,
recordaron que este tipo de actividades constituye una violación a la Ley
61-23, que establece sanciones para quienes incurran en prácticas que pongan en
riesgo la salud pública y el control sanitario de productos de origen animal.
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