Denuncian una grave crisis institucional caracterizada por la falta de personal, sobrecarga laboral, salarios rezagados frente al costo de la vida y el deterioro de los tribunales.
Critican la
disparidad presupuestaria frente a gastos superfluos de la alta dirección y
rechazan las propuestas "imprecisas e ineficaces" del Consejo del
Poder Judicial.
Nagua, Republica Dominicana, 21 mayo 2026.– En el marco de un paro pacífico de labores, los jueces, juezas y servidores judiciales de la provincia María Trinidad Sánchez proclamaron formalmente el "Manifiesto por la Dignidad de la Justicia". A través de este documento, el colectivo denuncia el progresivo
deterioro de sus condiciones de trabajo y exige soluciones concretas e inmediatas a la crisis que afecta la administración de justicia en la República Dominicana.Los
profesionales del derecho señalaron que la justicia no puede sostenerse
únicamente sobre la base de la vocación y el sacrificio personal, sino que
requiere de condiciones materiales, humanas, salariales e institucionales
dignas.
"Llegamos
a este punto tras años de peticiones, llamados al diálogo y denuncias públicas
que solo recibieron silencio e indiferencia institucional", manifestaron
los servidores judiciales durante la lectura del documento.
Una crisis
multifactorial en los tribunales
El magistrado
Adriano Taveras Hijo, detalla una lista de carencias que afectan el día a día
de los tribunales del país, entre las que destacan:
Déficit de
personal y jueces: Debido a la falta de plazas, un solo servidor o
magistrado llega a asumir la carga laboral equivalente a tres o cuatro
personas.
Precarización
salarial y renuncias masivas: Sueldos que no se corresponden
con el costo de la vida actual, provocando la dimisión constante del personal
administrativo.
Infraestructura
y seguridad deficiente: Deterioro físico y abandono de múltiples palacios de
justicia, sumado a la falta de protección para los juzgadores.
Los
huelguistas contrastaron severamente su realidad con la de las esferas
directivas del Poder Judicial. Denunciaron que secretarios y empleados
administrativos de la alta dirección devengan salarios que superan con creces
los de cualquier juez, sin estar sujetos a metas o bonos.
Asimismo,
criticaron el destino de cientos de millones de pesos a gastos superfluos como
publicidad, eventos, influencers y lujos innecesarios citando el caso de un
árbol navideño institucional con un costo cercano a los 11 millones de pesos mientras
las oficinas operativas carecen de insumos esenciales.
Rechazo a la
respuesta del Consejo del Poder Judicial
Respecto a la
propuesta emitida por el Consejo del Poder Judicial el pasado 19 de mayo, el
colectivo la calificó de "imprecisa, condicionada e ineficaz".
Explicaron que la indexación salarial prometida carece de fecha cierta al
depender de un presupuesto complementario sujeto a Hacienda, y que las
soluciones a la movilidad judicial se reducen a una "hoja de ruta"
indefinida.
También
criticaron que no se fijaran plazos de ejecución ni se abordaran temas
cruciales como la eliminación de la ilegal suplencia horizontal o las
desigualdades del manual de salarios.
"Que la
dignidad comience por casa"
Haciendo eco
del lema institucional del Poder Judicial, los manifestantes recordaron que
"no puede haber Estado de Derecho donde el derecho se aplica a todos menos
a quienes lo custodian".
Finalmente,
advirtieron que esta paralización es solo el inicio de una lucha firme que no
se detendrá ante amonestaciones ni dilaciones. Exigieron decisiones concretas y
ejecutables para rescatar un Poder Judicial libre, digno y justo.
El documento fue
leído por los magistrados Adriano Taveras Marte, y Joan Vargas.
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