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SANTO DOMINGO (República Dominicana).- El Ministerio Público informó este miércoles que someterá un recurso de apelación en rechazo a la medida de coerción que la jueza Yerixa Cabral de la Cruz, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente en Santiago, impuso a cuatro miembros del Instituto Leonardo Da Vinci imputadas por el homicidio involuntario de la niña Stephora Anne- Mircie Joseph, de 11 años de edad, fallecida en la hacienda Los Caballos, en Gurabo, durante una excursión organizada por el centro educativo.
En respuesta a
la solicitud del órgano acusador, que solicitó la imposición de una garantía
económica por un monto de 50 millones de pesos a cada una, a través de una
compañía aseguradora, impedimento de salida del país sin previa autorización
judicial, presentación periódica por ante el Ministerio Público y colocación de
localizadores electrónicos, el tribunal respondió imponiendo una garantía
económica de 500 mil pesos mediante una compañía aseguradora, presentación
periódica e impedimento a salir del país contra Yris del Carmen Reyes Adames,
directora administrativa del centro educativo Leonardo Da Vinci; Francisca
Josefina Tavarez Vélez, orientadora, y Vilma Altagracia Vargas Morel,
coordinadora del nivel secundario.
Entre
tanto, el juzgador ordenó la libertad
sin imponer medidas de coerción a favor de Gisela Altagracia de las Mercedes
González Estrella, coordinadora general y asesora del equipo directivo.
El Ministerio
Público reitera que las medidas de coerción que solicitó son las más idóneas y
proporcionales con los hechos imputados a las cuatro procesadas, por lo que se
abocará a apelar esta decisión.
"No
estamos conformes con la decisión; nos enfocamos ahora en recibir la
notificación con la decisión para presentar el recurso correspondiente",
dijo tras su salida de la sala de audiencias la procuradora de corte Olga Diná
Llaverías, responsable de la Dirección Nacional de Niños, Niñas, Adolescentes y
Familia (Dinnaf).
Junto a
Llaverías subió también en representación del Ministerio Público, la fiscal
titular de Santiago, Quirsa Abreu Peña, y la fiscal Yarily Toribio.
El caso ha
recibido la calificación jurídica de homicidio involuntario, que constituye una
violación al artículo 319 del Código Penal dominicano. De igual forma, le fue
otorgada la calificación de abandono y maltrato a niños, niñas y adolescentes,
por conducta típica al contenido del artículo 351-2 del Código Penal
dominicano. La conducta de las imputadas también es típica al contenido del
artículo 14 de la Ley 136-03, del Código para la Protección y los Derechos
Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes.
Sobre los
hechos
La muerte de
la niña se produjo el pasado 14 de noviembre en una de las piscinas de la
hacienda Los Caballos, a donde fue trasladada en una excursión junto a otros
alumnos del Instituto Leonardo Da Vinci, ubicado en la Carretera Don Pedro, en
Santiago de los Caballeros.
El Ministerio
Público tiene evidencias de que movilizaron a 87 niños solo con 3 cuidadoras,
sin tener en cuenta las medidas de seguridad y la profundidad de las piscinas
del lugar, sin haber llevado salvavidas, ni preguntado a los padres o tutores
si los niños sabían o no nadar, además de que tampoco requirieron chalecos
salvavidas.
Asimismo, se
ha podido evidenciar en un vídeo que hubo negligencia extrema con respecto a
las cuidadoras que tenían la obligación de Sthepfora, así como de las personas
que intervinieron en la organización del paseo.
Dirección
General de Comunicación, Prensa y RRPP
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