Ángel Hernández, Ministro de Educación de la República Dominicana. (NELSON PULIDO)
Arranca el segundo trimestre del curso escolar. El tema de los libros de
texto sigue siendo un problema en un sistema que recibe el 4% del PIB cada año.
Inés Aizpún/DL
Santo Domingo - ene. 10, 2023.- La designación de Ángel Hernández como ministro de Educación fue muy bien acogida en el sector, que le conocía una trayectoria larga y fructífera. Estaba claro que el Minerd necesitaba un hombre tranquilo al frente.
Los escándalos financieros de las
últimas gestiones (en plural) siguen su curso: unos ya en tribunales, otros en
investigación por la Pepca. Muchas licitaciones, principalmente las de
dispositivos electrónicos y de libros de texto, fueron impugnadas y envuelven cifras
de dinero mareantes.
La última gran decisión del
ministro, sin embargo, ha causado sorpresa y levantado dudas. Cierra el
capítulo de comprar los libros de texto de la educación pública a las
editoriales especializadas y crea una Unidad Editorial interna que junto a las
academias, particulares y universidades deben realizar los textos escolares.
-¿Por qué decidió crear esta Unidad interna?
Hay una primera razón económica. Es
un costo muy alto para el Minerd y para el país pagar unos libros tan caros, es
un costo cercano a los 5.000 millones de pesos. Creo que el ministerio puede
hacer unos textos con más calidad y a un precio más razonable: tal vez unos 600
millones de pesos.
-Los libros escolares son una especialidad, no todo el mundo, por mucho que
sepa de una materia, puede hacerlos...
Estoy involucrando a la inteligencia
del país. Para mí es muy importante que la Academia de Ciencias, la de
Historia, Fe y Alegría, la PUCMM, UASD, UNPHU... trabajen en esto.
-¿Por qué Fe y Alegría?
Porque durante la pandemia
elaboraron un material para la alfabetización que ha dado muy buenos
resultados. Van a preparar los materiales de primero, segundo y tercer grado de
primaria en lectoescritura. El colegio La Salle los utilizó, hizo la prueba y
los niños aprendieron a leer perfectamente.
-¿Se están cumpliendo los procedimientos?
Sí, perfectamente.
-¿Ha habido licitación, concurso?
No, no ha habido... En la Ley de
Compras se establece que cuando son productos científicos se puede hacer una
contratación directa. Hay que tener en cuenta que estamos tratando con
instituciones, no con personas. Son convenios de colaboración científica, y se
ajusta totalmente a la Ley. Eso se ha consultado con Carlos Pimentel.
-Instituciones que no hacen libros escolares...
Y por eso tenemos un equipo de
pedagogos y de editores en la Unidad creada para ayudar en el proceso. Todos
son pedagogos... Manuel Núñez, que la dirige, es pedagogo. Pasó diez años
haciendo libros escolares para Santillana y lo hizo antes en Susaeta. Y
recuerde que no es solo ese equipo. Están la división de Currículum del
ministerio y la de Medios Educativos también involucradas.
-¿Fue solo una cuestión de precio?
Si aquí analizáramos bien el tema de
los libros... ¿Qué recibió ahora el ministerio? Un pen drive con un PDF, ni
siquiera es un libro digital. Y, además, la mayoría de esos libros, pasados por
un programa antiplagio, no tienen consignado, por ejemplo, el origen de las
imágenes... No todas las editoras, hay editoras muy serias. Ahí pongo, entre
otras, a Santillana, SM, Casa Duarte... son algunas de estas.
"En la Ley de Compras se
establece que cuando son productos científicos se puede hacer una contratación
directa"
Ángel Hernández
Ministro de Educación
-Esas editoriales, ¿pueden participar en este proceso?
Todos pueden participar, esto es
abierto.
-Pero las materias ya han sido asignadas, los contratos firmados y las editoras
no fueron llamadas a la reunión que el Minerd sostuvo con otras instituciones.
¿Cómo le digo? Lo que tienen las
editoras per se son unas unidades de producción industrial de libros... Hay
cinco empresas que hicieron algo extraño en la última licitación, la de los
libros digitales de secundaria: se vincularon, participaron y desnaturalizaron
el proceso. Y tenían un chofer como autor de libros. Eso no es serio, eso el
país no debe soportarlo.
-¿Eso es lo que está investigando la Pepca?
Hay varias instituciones que están
en eso, sí. Haciendo averiguaciones.
-¿Y las editoras cuyos textos pasaron el programa de plagio?
Las editoras han tenido usualmente
un mercado, que es el de los libros de los colegios privados. No se van a
quedar sin trabajo, el mercado privado existe igual. Y el ministerio,
probablemente, le seguirá comprando, hay áreas que lo requieren. Un libro de
Francés, por ejemplo, bien se puede encargar a una editora. En el Plan Decenal
se hicieron los libros, Ligia Amada hizo los libros y los hizo de calidad.
-¿Le preocupa el factor tiempo?
Yo confío mucho en la capacidad de
la gente. Roberto Cassá, que es un historiador experimentado que ha producido
libros de texto para Santillana, por ejemplo, tiene la capacidad para hacer un
libro. Son personas de gran nivel las que estamos involucrando en el proceso.
¡Pero tampoco hay prisa! Son para el curso 2023-2024. Pero, si no podemos
hacerlos todos..., ahí está el 2024-2025.
-¿Se quedan un año más sin libros los niños?
Aquí los niños no han tenido libros
nunca, por lo menos en los últimos diez años. Aquí ha habido una falsedad
total. Yo tengo los datos del volumen de dinero que se ha involucrado en libros
de texto en los últimos años y realmente exceptuando el año pasado que se hizo
una compra... Ahora los estudiantes tienen los que se compraron más los
recursos que se crearon durante la pandemia.
-De acuerdo a los informes... no aprendieron gran cosa con ellos.
No aprendieron porque estaban en sus
casas y no había garantías de que aprendieran. De esas cápsulas de televisión
unas son de buena calidad y otras no lo son. Ahora se están utilizando con la
presencia del profesor.
-En procesos anteriores los textos eran revisados por la OEI, por ejemplo.
¿Ahora el Minerd es juez y parte del proceso?
La única entidad que tiene la
facultad legal para aprobar los libros es la división de curriculum del Minerd.
La OEI es una entidad de consulta. Mi problema no es con los editores, creo que
han hecho un trabajo maravilloso durante años. ¡Yo mismo trabajé también en
Santillana! Conozco muy bien la seriedad de su trabajo. Pero este trabajo ha
sido dañado por un grupo de sinvergüenzas. Fíjese que entre ellos mismos se
peleaban. Los libros se aprueban por cuatro años, y unos sostenían que fuera por
un año, por lo que venderían el mismo libro cuatro veces. Y entregan con pen
drive con un código que no funciona al año siguiente. Es una tomadura de pelo y
había que poner un alto a eso.
1,950 servidores y una propuesta
El 4% del PIB da para mucho. Para
bien... pero también para muchos abusos. Recientemente se ha sabido que 1,950
servidores de computadora estaban en un almacén, que nunca fueron utilizados.
1,950 servidores que costaron 1,290 millones de pesos. A eso hay que sumar una
cantidad indeterminada de computadoras dañadas.Para el ministro, “aquí se
dilapidó el dinero”. Pero, a su juicio, la respuesta no es dejar de destinar el
4% a la Educación sino orientar la inversión correctamente y vigilar hasta la
extenuación los procesos. Y una última pregunta: ¿Recuerda aquella reunión en
Palacio con la Vicepresidenta en la que se pidió a las organizaciones del
sector privado que presentaran propuestas para invertir mejor el 4%? ¿Hubo
alguna?-Recuerdo la reunión, pero, que yo sepa, nadie presentó nada. Hicimos
dos reuniones del Foro Educativo y de ahí salió la propuesta de que las
entidades de cooperación internacional contribuyeran en un fondo común
destinado al aprendizaje en tiempo oportuno.

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