Informó que desde el Gobierno se impulsará la aplicación de la Ley General de Libre Acceso a la Información Pública.
El presidente de la República, Luis Abinader informó este miércoles sobre las medidas anticorrupción y reformas institucionales que se implementarán hacia la recuperación y transformación de las instituciones, basándose en la ética, la transparencia y la integridad.
En
el acto titulado Compromiso por la Transparencia, Integridad y Transformaciones
Institucionales, el mandatario comunicó que están trabajando en la creación de
un portal web único del cual todo el pueblo dominicano podrá consultar y
obtener la información que estime oportuna relacionada al Gobierno y
funcionarios.
Indicó
que desde el Gobierno se impulsará la aplicación de la Ley General de Libre
Acceso a la Información Pública, con la finalidad de que los ciudadanos
dominicanos tengan mayor acceso a la información como garantía constitucional
de control social y estabilidad democrática.
Dijo
además que dio instrucciones para contratar de inmediato a un equipo de
abogados que, como actores civiles, acompañen al Ministerio Público en las
actuaciones procesales que surgen de los hechos de corrupción, con la intención
de procurar la recuperación del patrimonio robado.
Texto íntegro del discurso del presidente
Pueblo dominicano,
“Una
gran democracia siempre debe progresar si no quiere dejar de ser grande o
democracia”.
Estas
palabras fueron pronunciadas por el presidente Norteamericano Theodoro
Roosevelt hace más de un siglo, en el que fue uno de sus discursos
presidenciales más importantes.
El
contexto era diferente al actual, la sociedad a la que se dirigía no era la
misma que la de hoy, pero a pesar de los años y las circunstancias, lo que
entonces dijo, no ha perdido vigencia alguna.
Cuidar
la democracia es una tarea constante, que requiere voluntad, firmes
convicciones y la certeza de que todo avance que se consigue no será perpetuo
si no se trabaja por consolidarlo cada día.
La
democracia necesita de un pueblo comprometido con los valores supremos que esta
encarna, y de un gobierno y de una arquitectura institucional que le den un
desarrollo pleno.
Las
instituciones constituyen una parte fundamental en el sistema democrático.
Delimitan las competencias y las capacidades de los dirigentes para actuar y
son las responsables de trazar el orden y las reglas de juego en democracia.
Esas
mismas instituciones determinan la forma en que operan los gobiernos y se
relacionan con su pueblo. No se puede hablar de una democracia fuerte si las
instituciones no funcionan, porque ellas son la garantía de que los intereses
colectivos no sean suplantados por los particulares.
Históricamente,
la República Dominicana no ha tenido una cultura de promoción y respeto de la
institucionalidad, y eso ha debilitado la confianza de la población en nuestra
democracia.
Cada
cierto tiempo surgen voces que plantean la necesidad de fortalecer la
institucionalidad de nuestro sistema democrático, pero normalmente provienen de
sectores que en ese momento no tienen la capacidad de impulsar las acciones
necesarias para convertirlas en una realidad.
A
menudo, nos encontramos con que los mismos abanderados del fortalecimiento de
las instituciones, cuando están fuera del poder, se convierten en los
principales obstáculos para lograr esas legítimas aspiraciones de la sociedad
cuando las coyunturas históricas los colocan en las posiciones más influyentes.
Esa
cultura política ha impedido que nuestra nación pueda señalarse entre los
países de la región como un símbolo de institucionalidad democrática, con las
garantías y los beneficios que ello implica.
Creemos
que es una deuda que tiene el liderazgo político dominicano con un pueblo que
necesita, merece y demanda un país donde los derechos de las personas estén
garantizados y su democracia sea de la máxima calidad.
Y
sin unas instituciones democráticas fuertes, esa deuda con el pueblo jamás será
saldada.
Cada
vez que en estos últimos años he pensado en la posibilidad de llegar a la
posición que hoy ocupo, una de mis primeras ideas era poner todo mi empeño como
Presidente en ayudar a sacar a nuestro país de esa debilidad institucional que
tanto daño nos hace a todos y todas.
Es
por eso que hoy comparezco ante ustedes para presentar a la sociedad dominicana
una serie de medidas que deberán revertir radicalmente el proceso de deterioro
institucional de nuestro país.
Soy
un fiel convencido de que uno es lo que hace y no lo que dice. Por eso, este es
mi compromiso más firme y mi actuación más prioritaria.
Estas
iniciativas buscan blindar desde el punto de vista legal a las principales
instituciones de la democracia dominicana, de manera que a partir de su
aprobación podamos decir que el futuro de nuestra República jamás dependerá del
capricho o de los intereses de un líder, o de un partido político concreto.
El
futuro, en democracia, le pertenece en exclusiva al pueblo dominicano.
No
han faltado quienes me recomiendan que no eche a andar estas iniciativas, bajo
el alegato de que limitan considerablemente la capacidad de acción del Poder
Ejecutivo y del propio presidente de la República.
Sin
embargo, para quien les habla, ninguna otra acción del gobierno que presido es
tan trascendente y necesaria como esta para marcar el nuevo rumbo de progreso y
modernidad que merece nuestro país.
Por
eso, hoy presento este Plan Integral de Reformas Institucionales sin
precedentes que, a través de propuestas, leyes, reglamentos y decretos creará
las bases de un nuevo Estado. Un Estado fuerte, plural y trasparente, en el que
el ciudadano se afirme como centro de la atención pública.
Para
ello, y como primera medida les anuncio que mi gobierno ya esta trabajando para
la creación de un portal único de transparencia que recogerá toda la
información relativa a la actividad del gobierno con acceso ilimitado de los
ciudadanos a su contenido.
En
este portal cualquier dominicano podrá consultar cualquier expediente de
contratación a tiempo real, información sobre concursos públicos, retribuciones
de los altos cargos o sus declaraciones de bienes, y podrá solicitar toda
información del gobierno que estime oportuna y no consiga encontrar.
En
este sentido, impulsaré en lo inmediato la aplicación de la Ley General de
Libre Acceso a la Información Pública, para que sus disposiciones se conformen
al estándar interamericano con la finalidad de que los ciudadanos tengan mayor
acceso a la información como garantía constitucional de control social y
estabilidad democrática.
Promoveré
además la aprobación de la Ley General de Publicidad Estatal para establecer
los criterios en el uso de los recursos que el Gobierno destina a la publicidad
y para fiscalizar la transparencia en la contratación de esos servicios. Esta
ley buscará la prohibición del uso de recursos públicos para promover causas
ajenas al bienestar general.
A
partir de ahora el pueblo dominicano sabrá que hacen sus gobernantes y estará
debidamente informado.
Pero
además de informado, para acabar con la corrupción y el clientelismo queremos
un pueblo verdaderamente libre. Por eso, trabajaré sin descanso para poner fin
a la falta de supervisión en la gestión de los distintos programas de
asistencia social del Estado.
Con
ese propósito he dispuesto, la creación de una comisión de revisión y
reestructuración de programas destinados a la protección y asistencia social,
que presentará en 90 días un anteproyecto de ley para crear un organismo que
concentre, gestione y supervise todos los programas.
Con
ello vamos a agilizar los procesos administrativos, racionalizar el desempeño,
limitar la discrecionalidad y arbitrariedad en las decisiones y convertir las
ayudas a la ciudadanía en un derecho y no en una limosna.
También
con carácter de urgencia se acometerán las acciones que permitan a todos los
ciudadanos disponer de toda la información pública relativa al estado de su
dinero y sus ayudas, por parte de quienes las reciban.
A
los funcionarios públicos que harán posible este cambio les quiero decir que
honraré el mandato constitucional relativo al establecimiento de criterios para
asegurar una remuneración equilibrada de todos los cargos del sector público,
incluyendo los de alto nivel. Velaré por la aplicación de la Ley sobre
Regularización Salarial del Estado dominicano y la indexación de los niveles
salariales según el Índice de Precios al Consumidor del Banco Central.
Amigas y amigos,
Tengo
la satisfacción de anunciar también hoy al país la creación de un Gabinete de
Transparencia, Prevención y Control del Gasto Público.
Este
órgano articulará los compromisos del Gobierno con el fortalecimiento de la
ética en la Administración pública, formulará las estrategias necesarias para
ello, procurará la integración de la sociedad civil en esta causa y promoverá
una agenda de cambios y transformaciones en las sanas prácticas de la
administración, de la mano con los avances tecnológicos en la lucha contra la
corrupción.
He
dispuesto mediante decreto firmado en la tarde de hoy que esté integrado por
diversas instituciones que se vinculan a sus fines, como son el Ministerio de
Hacienda, la Contraloría General de la República, la Tesorería Nacional, la
Dirección General de Presupuesto, la Unidad de Análisis Financiero de la
República, y muy especialmente la Dirección General de Ética e Integridad
Gubernamental, que encabeza nuestra querida Milagros Ortiz Bosch y que
presidirá el Gabinete, así como la Dirección General de Contrataciones
Públicas, que con Carlos Pimentel ejercerá la dirección ejecutiva del mismo.
Invito
a la nación a seguir de cerca nuestra línea de actuación, a exigir lo que
prometemos y a colaborar con la construcción de un Estado de Derecho robusto y
sostenible para todos los dominicanos y dominicanas.
Estas
propuestas normativas que se materializarán en decretos del Poder Ejecutivo
están en curso y los dominicanos podrán comprobar en las próximas horas y días
que el tiempo de los discursos incumplidos ya pasó.
No
es que estemos cambiando, es que ya hemos cambiado
Señoras
y señores,
Después
de un análisis integral del marco normativo e institucional que rige la gestión
y fiscalización del patrimonio público, la transparencia y la persecución de la
corrupción administrativa, hemos advertido sus carencias y omisiones, por eso
proponemos la elaboración de un cuerpo coherente de leyes que nos permitirá, no
solo modernizar sus bases sino mejorar su eficiencia.
Perseguiré
en los próximos meses una pronta aprobación de una legislación penal moderna y
coherente que sancione los complejos patrones delictivos asociados a la corrupción
administrativa.
En
ese mismo orden de ideas, trabajaré para que los procesos de compras y
contrataciones públicas se desarrollen en un marco de total transparencia,
estandarización y eficiencia. La Dirección General de Contrataciones Públicas en
su condición de órgano rector del sistema estará desarrollando políticas,
normas y nuevos documentos estándares para las contrataciones públicas,
mitigando los riesgos, adoptando medidas conforme a los estándares
internacionales de transparencia y eficiencia asegurando la competitividad.
Estas
medidas preventivas y de fortalecimiento de las contrataciones públicas,
incluyen el desarrollo de un Sistema de Alerta Temprana preventiva y reactiva,
diseñado e implementado desde la DGCP que permitirá el monitoreo en tiempo real
de los procesos de contrataciones públicas.
Procuraré
la modificación de la Ley 10-07 que instituye el Sistema Nacional de Control
Interno y de la Controlaría General de la República, a fin de que se realicen
auditorías internas por lo menos una vez al año a todas las instituciones de
carácter público.
En
este sentido les anuncio la Creación de una subdirección antifraude dependiente
de la Contraloría general para la realización de inspección permanente en todas
las áreas de gobierno.
Igualmente,
impulsaré la modificación de la Ley 10-04 de la Cámara de Cuentas, a fin de
adecuarla al marco constitucional vigente y otorgarle mayor autonomía
presupuestaria y de control, procurando también que se realicen las auditorías
periódicas de rigor, debiéndose dar publicidad a los resultados de estas dentro
de los 60 días de realizadas.
Además,
en los próximos meses apoyaré a nuestros legisladores en el proceso de reforma
institucional del Congreso para reencauzar la asignación discrecional de fondos
públicos, fortaleciendo, de este modo, las labores de representación,
fiscalización, control y legislación conferidas por la Constitución de la
República de modo que los llamados "barrilitos" sean eliminados de
manera definitiva.
Amigas y amigos,
Sabemos
que una democracia representativa y limpia tiene en su núcleo los procesos
electorales y la elección de sus representantes.
Disponer
de un sistema trasparente, previsible y eficaz también es clave en la lucha
contra la corrupción.
Por
ello, este plan de reformas también establecerá unas reglas claras y
transparentes para competir electoralmente, con un control sobre el origen de
los fondos con los que se organizan las campañas electorales.
Las
iniciativas que he compartido con ustedes hoy tienen el propósito de fortalecer
la tutela de los Derechos de nuestro pueblo y elevar su dignidad.
Sin
embargo, para la materialización de estas pretensiones, será necesario, en el
momento oportuno, introducir algunas reformas de carácter constitucional, como
habíamos advertido desde un primer momento en nuestro programa de gobierno,
para fortalecer la independencia del Ministerio Público y hacer más seguros y
legítimos los procesos de reforma constitucional.Hemos dado un primer y
significativo paso al designar a una Procuradora General de la República sin
militancia partidaria y con una trayectoria en el sector justicia que habla por
sí misma. Pero soy consciente de que eso no es suficiente.
En
ese sentido, asumo el compromiso de impulsar una reforma constitucional para
convertir el apartidismo como criterio garante de la independencia del
Ministerio Público y en un legado institucional duradero.Por otro lado,
propondré aumentar las consultas populares vía referendo para que los
dominicanos puedan ser corresponsables en la toma de decisiones, y pondré en
marcha mecanismos que blinden el texto constitucional de cualquier intento de
convertir las aspiraciones personales en norma constitucional, sin tomar en
cuenta la estabilidad democrática e institucional.
Por
último, quiero destacar, que estas propuestas no quedarán solo en el deseo de
un futuro distinto en las prácticas de la administración pública, también
encarnan nuestro compromiso de recuperar el patrimonio que pueda haber sido
obtenido mediante actos de corrupción y que pertenece a todo el pueblo
dominicano.Por eso comunico que he dado instrucciones para contratar en lo
inmediato a un equipo de abogados que –como actores civiles– acompañe al
Ministerio Público en las actuaciones procesales que surgen de esos hechos de
corrupción, para que procuren la recuperación de ese patrimonio robado.
Ello
no implicará una intromisión del gobierno en la labor del Ministerio Público,
sino el cumplimiento de la responsabilidad del Estado respecto a los bienes de
todos los dominicanos.
Como
ven, el propósito que nos marcamos con este plan es el de cambiar ya y para
siempre nuestro país.
Somos
una nación con una larga historia de nobles luchas, una gente que encarna los
mejores valores de un mundo cambiante, pero que encuentra dentro de sí los
mejores materiales para construir un futuro esperanzador.
Nuestra
democracia debe mejorarse entre todos para ser la mejor. No aspiramos a menos
porque no nos podemos permitir menos.
Hoy
he podido enunciar algunas medidas en la lucha contra la corrupción, pero estas
se engloban en un paquete mas amplio de reformas institucionales que se irán
presentando en los próximos meses.
Esperamos
que todos los sectores que de verdad aman a esta tierra nos acompañen a sentar
las bases para construir la sociedad que merecemos y que les debemos a las
generaciones que están por venir.
Todos
los males de una democracia se curan con más democracia.
Hagamos
eso juntos: más y mejor democracia.
Muchas
gracias y que Dios bendiga al pueblo dominicano
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