Álex
Maroño/elordenmundial
La marihuana se ha
convertido en la última sustancia que protagoniza un debate a escala mundial
como consecuencia de su legalización con fines recreativos en Uruguay y Canadá.
Esta medida, en contraposición al enfoque coercitivo adoptado tradicionalmente
por Estados Unidos a nivel federal, pone de manifiesto las diferentes
posibilidades legales para regular la producción, consumo y tráfico de esta
droga tan popular como denostada.
En 2013 el ahora
expresidente de Uruguay José Mujica se convertía en el primer presidente de
Gobierno del mundo que firmaba una ley que legalizaba “la producción, venta y
consumo de la marihuana o cannabis”. Con la adopción de la ley por parte del
Senado uruguayo con 16 votos a favor y 13 en contra, el Estado sudamericano
trataba de combatir los problemas relacionados con el tráfico de drogas, en
clara oposición a la tradicional “guerra contra las drogas” defendida por
Estados Unidos, con un enfoque altamente punitivo para vendedores y
consumidores.
La ley, entendida como un
“experimento sociopolítico” y pionera en el mundo, ha tenido una acogida
desigual. Mientras que en 2017 investigadores de Monitor Cannabis, plataforma
de la Universidad de la República del país, explicaban que el mercado legal de
la marihuana suponía un 20% de la producción anual, otros criticaban la opacidad
estatal, que impedía alcanzar conclusiones representativas. A pesar de la falta
de datos concluyentes, el modelo uruguayo ha impulsado a otros países a tomar
su ejemplo: Canadá ha legalizado el uso recreativo en 2018 y el nuevo
presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, también aboga por el fin de
la ilegalidad. ¿Es la marihuana el nuevo tabaco o el nuevo alcohol?
Una
sustancia controvertida
La Historia de la marihuana
es casi tan antigua como la propia humanidad. Esta sustancia es un espécimen de
una planta conocida como cannabis que se caracteriza por contener una gran
cantidad de THC, un compuesto que produce una respuesta psicoactiva del organismo.
Debido a su capacidad de alterar el sistema nervioso, la marihuana se distingue
del cáñamo, con baja presencia de THC y utilizado en industria y nutrición; a
pesar de que ambos pertenecen a la familia de cannabis sativa, sus aplicaciones
y fines divergen enormemente.
Ambas plantas han sido
usadas por numerosas culturas. El cáñamo, por ejemplo, era utilizado para la
industria naval debido a su gran resistencia; se dice que sin este material
Cristóbal Colón no habría podido llegar al “Nuevo Mundo”. La marihuana, por su
parte, fue descrita por el historiador griego Herodoto al referirse a los
escitianos, quienes la utilizaban con fines recreativos, y también fue encontrada
en tumbas de los chamanes de China y Siberia alrededor del 500 a. C.
El uso medicinal de la
marihuana se extendió por Europa y Estados Unidos a finales del siglo XIX
gracias a sus efectos positivos ante problemas estomacales. Sin embargo, en
1937 el país norteamericano adoptó un código federal, llamado Ley de Impuestos
a la Marihuana, que prohibía su uso recreativo, en línea con otros reglamentos
antidroga como la Ley Harrison de Impuestos a los Narcóticos de 1914.
La medida punitiva se
extendió a lo largo del mundo y la marihuana se convirtió en una sustancia
ilícita: Francia la prohibió en 1916 con la Ley de Sustancias Tóxicas y México
en 1920 con una ley “sobre el comercio y cultivo de productos que degeneran la
raza”. Bajo el pretexto de sus supuestos efectos negativos en la sociedad, como
la inducción al crimen, la violencia o la locura, se generalizó un sentimiento
de repudia hacia la marihuana a pesar de su probado uso médico, lo que
favoreció perpetuar el estigma a consumidores e incrementar su marginalidad.
En la década de los 70,
Estados Unidos comenzó una fiera lucha a nivel federal para acabar con la
drogadicción y el narcotráfico abanderada por el conservador presidente Richard
Nixon, quien tuvo un gran peso en la adopción de la Ley de Sustancias
Controladas de 1971. El comienzo de la llamada “guerra contra las drogas”,
abandonada durante la presidencia de Obama y retomada por su sucesor
republicano, asentó en la sociedad estadounidense una visión conservadora sobre
la marihuana que perduraría hasta finales de siglo. Sin embargo, la
legalización gradual de la marihuana con fines terapéuticos en estados como
California —pionero en 1996— ha contribuido a rebajar los prejuicios sociales y
fomentar su apoyo entre la población.
Hacia
la legalización de la marihuana
En línea con el ejemplo
estadounidense, otros países han legalizado la marihuana con fines medicinales.
Alemania, por ejemplo, autorizó su uso a mediados de 2017 con el objetivo de
reducir el dolor intenso en pacientes con enfermedades crónicas como la
esclerosis múltiple o el cáncer. Gracias a la concentración de THC en la
planta, la sensación de dolor se reduce al interactuar con los receptores
cannaboides del cuerpo. Otros países, como República Checa —donde es legal
desde 2013— o Noruega —desde 2016—, también han aprobado su uso dentro de su
sistema sanitario nacional.
Sin embargo, el uso de la
marihuana no se restringe solo al ámbito médico; en muchos sitios se consume
con fines recreativos desde hace décadas. Quizá el lugar con mayor tradición
sea Países Bajos. A pesar de que su uso recreativo solo lleva despenalizado
desde 1976 con la Ley del Opio, los llamados coffeeshops —locales que venden de
todo menos café— constituyen un verdadero atractivo turístico; se calcula que
en 2017 entre el 25 y el 30% de los visitantes de Ámsterdam iban a uno de estos
famosos lugares. Portugal, por su parte, se convirtió en el segundo país
europeo —el primero fue España— en despenalizar el uso de todas las drogas en
2001 como consecuencia de las crecientes cifras de infecciones por VIH, que lo
llevaron a ser el país de la Unión Europea con mayor ratio de infectados. Gracias
a esta radical iniciativa, las infecciones por VIH se redujeron drásticamente,
de 104 nuevos casos por millón en 2000 a 4 en 2015.
Los precedentes de Estados
como Portugal, Países Bajos o Colombia han impulsado medidas alternativas a la
respuesta punitiva de Estados Unidos con el objetivo de reducir los problemas
derivados de las drogas. Una de las más rompedoras fue la ley adoptada por la
república uruguaya, que legalizaba todos los usos de la marihuana. El decreto,
implantado en 2013, toma forma lentamente en la nación latinoamericana —solo a
partir de julio de 2017 se pudo adquirir marihuana en las farmacias, previo
registro— y los resultados aún no son definitivos. A pesar de la falta de datos
concluyentes, su impacto político ha sido mundial y otros países han seguido su
modelo. Canadá, por ejemplo, se ha convertido en el primer miembro del G20 en
legalizar el consumo personal de marihuana, medida que comenzará en octubre de
2018.
Esta relevante medida,
proyecto personal del primer ministro canadiense, pretende restringir el
consumo entre menores, así como reducir los delitos relacionados con el
narcotráfico y el crimen organizado. La iniciativa, junto con el apoyo del
nuevo presidente mexicano y la legalización del uso recreativo en diferentes
regiones de Estados Unidos, como California, Colorado o Alaska, supone un
varapalo a la tradicional “guerra contra las drogas”, cuyas medidas
disciplinarias han resultado ser un fracaso.
Por otro lado, la
legalización de la marihuana puede tener un profundo impacto económico en los
países que apuestan por su regulación. El creciente auge de empresas asociadas
a la producción de cannabis es prueba de ello, con ejemplos como Canopy Growth
—actualmente la productora de cannabis más importante— o Aurora Cannabis, ambas
constituidas en Canadá. La tendencia alcista de las ventas de marihuana tras su
legalización, así como el aumento del valor bursátil de las compañías
cannábicas, puede suponer una gran oportunidad de negocio para muchas empresas
y ya se comienza a hablar del “lobby del cannabis” para referirse a los grupos
de presión que tratan de hacer avanzar la agenda política a favor de esta sustancia.
Ya sea de forma restringida
a los usos medicinales o ampliada al uso recreativo, la legalización de la
marihuana parece ser una realidad cada vez más extendida. Otros países, como
Georgia o Sudáfrica, donde los máximos órganos constitucionales se han
pronunciado a favor de la legalización, demuestran el cambio de paradigma
político. El anuncio hace escasas semanas de que Coca-Cola está barajando
introducir cannabidiol —un componente no psicoactivo del cannabis— en sus
bebidas no hace sino aumentar los apoyos a una sustancia otrora asociada con la
marginalidad y, aunque no existen datos concluyentes sobre el impacto social de
la legalización recreativa, cada día más voces defienden su uso y sus efectos
positivos.
Voces
disidentes
La experiencia uruguaya ha
resultado ser un importante ejemplo para otros Estados en gestión de la
marihuana, pero numerosas voces se han alzado contra lo que consideran una
medida que compromete la salud pública. Una de las consecuencias directas más
claras de la medida podría ser el aumento de su consumo, pero la república
latinoamericana podría sufrir otra contrariedad: el aumento de la violencia. La
irrupción del Estado en el mercado de la marihuana reduce el margen de
actuación de los narcotraficantes, lo que favorece las disputas y eleva la
violencia: “Cuando tanto dinero pasa en tan poco tiempo al mercado legal,
alguien tiene que haber acusado el golpe. […] Se está produciendo un
estrangulamiento en el mercado ilegal”. Los diferentes grupos de
narcotraficantes se afanan en mantener una posición predominante en el mercado
ilícito, cada vez más mermado, lo que provoca un aumento de las fricciones,
traducido en un mayor grado de criminalidad.
Por otra parte, el país
sufre un déficit de producción a causa del aumento del consumo recreativo; esto
aumenta la frustración de los consumidores y los empuja al mercado ilegal.
Además, debido a los componentes neurotóxicos del cannabis, con un mayor
impacto en niños y jóvenes, aumenta el riesgo de padecer enfermedades mentales
graves —crisis de pánico, depresión o esquizofrenia— en personas genéticamente
predispuestas. El riesgo crece en gran medida por el aumento de la potencia
psicoactiva de la marihuana —mayor contenido de THC en cada planta— debido a la
entrada en el mercado de nuevas especies con gran capacidad.
Los riesgos médicos
asociados a un consumo ilimitado de marihuana han llevado a la mayoría de los
países del mundo a adoptar una postura intermedia entre la legalización
recreativa —propugnada por Uruguay y Canadá— y la penalización punitiva
—tradicionalmente defendida a nivel federal por Estados Unidos—: la
despenalización. Esta práctica, adoptada en países como España, Argentina,
Rusia, Italia o los territorios estadounidenses de Illinois o Kentucky,
pretende reducir la violencia asociada al narcotráfico, así como la adicción a
la marihuana, evitando un enfoque coercitivo hacia los consumidores.
La base que conforma las
políticas basadas en la despenalización son la rehabilitación y reinserción de
los arrestados, por lo que las penas suelen ser de carácter económico y social
—por ejemplo, servicios a la comunidad—. Se trata, pues, de una alternativa a
la privación de la libertad por delitos relacionados con la marihuana, lo que
ayuda a aliviar el sistema penitenciario y reducir las tasas de criminalidad
—entre 2001 y 2010 hubo siete millones de detenidos por posesión de marihuana
en Estados Unidos, el equivalente anual a una redada cada 37 segundos en 2010—.
A ello hay que añadirle los
efectos perniciosos en la economía. Debido al creciente interés financiero que
suscitan las empresas cannábicas, empresas como la estadounidense Constellation
Brands han apostado por invertir en este negocio, para entusiasmo de los
inversores. Esta situación de histeria colectiva ha provocado que se corra la
voz de alarma entre los analistas, que hablan del negocio de la marihuana como
una burbuja económica similar a la de las compañías puntocom a comienzos de
milenio, que llevó a la quiebra a muchas empresas basadas en internet. Una apuesta
desmesurada por un nicho reciente de mercado como el de la marihuana que
sobrevalora las posibilidades reales de crecimiento puede llegar a provocar la
bancarrota de las empresas asociadas a esta sustancia o incluso una recesión
económica.
Aún es pronto para afirmar
que la marihuana sea el nuevo tabaco o alcohol. La falta de consenso
internacional sobre su estatus legal —solo dos países, Canadá y Uruguay, de un
total de 193 reconocidos por la ONU han legalizado plenamente el uso
recreativo— y los probados efectos perniciosos que tiene para la salud su uso
continuo limitan su implementación a nivel mundial. Parece que, al menos a
medio plazo, la mayor parte de los países avanzarán hacia un modelo
despenalizador, en el que la posesión de marihuana para consumo propio será
penada como falta leve y no enjuiciada por la vía penal. La lucha contra la
drogadicción y el narcotráfico son los mayores retos; solo un modelo que trate
de frenar estas lacras sin marginalizar a los consumidores podrá ser
considerado adecuado. Un modelo que trate a los asiduos a la marihuana como
ciudadanos y no como soldados de una guerra que no parece posible vencer con
más armas que un sistema de reinserción eficiente.
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