En un documento firmado
por el doctor Cecilio Díaz Carela, Secretario Nacional del Medio Ambiente del
PRM, con motivo de conmemorarse este 5
de junio el 46 aniversario de la Declaración del día Mundial del Medio Ambiente,
dicha organización manifiesta que la razón fundamental de este estancamiento se
debe a que en los sucesivos gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana
(PLD), no se ha entendido que los
objetivos y fundamentos de esta ley General y sus leyes complementarias,
constituyen el instrumento esencial para alcanzar el desarrollo sostenible de
nuestro país.
Afirma que, por el
contrario, los gobiernos del PLD, incluyendo el actual, han preferido la
discreción, la inacción y la falta de transparencia, y la indulgencia para la
prestación de buenos servicios, en la toma de decisiones para la planificación
y puesta en ejecución de políticas ambientales eficaces basadas en los
principios rectores que inspiraron la Ley General.
“En tal sentido el
artículo 28 manda a que en la planificación del desarrollo de nuestro país se
incorpore la dimensión ambiental, a través de un proceso dinámico y
participativo en el que se agrupen todas las instituciones públicas,
centralizadas y descentralizadas, incluyendo los Ayuntamientos, de este modo,
cada una de estas instituciones deberían incluir las partidas presupuestarias
que demanden los problemas ambientales a que se enfrentan, a nivel local,
regional y nacional”, expresa.
Según el PRM, el
Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales ha sido incapaz de
convertirse en el motor que impulse la dinámica, ni tampoco ha promovido la
promulgación de las leyes y reglamentos complementarios que coadyuven a fortalecer
la aplicación de la Ley General, para que esta pueda garantizar el
manejo sostenible y uso racional de recursos vitales como el agua dulce; tan necesaria para la vida diaria de nuestra
población, así como para la operatividad
de sectores tan importantes de nuestra economía como el sector industrial, el
agropecuario y el turístico.
Agrega que la política
hídrica del gobierno no ha generado expectativas en la población, ni aún con la
creación de la «Mesa del Agua», la cual, a pesar de tener casi dos años de
creada, todavía subyacen problemas fundamentales en cuanto a la desigualdad en
el servicio de agua potable y saneamiento que recibe la población dominicana.
Enfatiza que a estas
alturas el 50% de la población de escasos recursos no está conectada a los
sistemas de suministro de agua potable y sólo el 10% recibe abastecimiento
continuo del líquido. Igual tratamiento para el saneamiento, sólo el 20% de las
viviendas de familias de escasos recursos, está conectada al sistema de
alcantarillado y de las familias que son consideradas como no pobres sólo 50%
conectadas a estos servicios.
“Estos porcentajes
demuestran que de los casi once millones de dominicanos que deberían recibir
los servicios de agua potable y alcantarillado más de la mitad carece de los
mismos y la otra mitad no los recibe, adecuadamente, por lo cual esto debería
merecer una respuesta rápida y efectiva de parte del Estado, por la repercusión
que esto tiene en la propagación de enfermedades y en la salud, especialmente
en la población infantil, recalca.
Manifiesta que un sector
como el del agua, que mueve tantos recursos económicos de forma desordenada y
poco controlada, debiera estar ordenado a través de una ley que reduzca al
mínimo los conflictos” interinstitucionales y permita que parte de esos
recursos económicos se destinen para cubrir los costos de rehabilitación y
protección de las Cuencas Hidrográficas, y sirvan además para la construcción
de los embalses que van a garantizar, en el futuro próximo, el suministro que
requiere la población para sufragar sus necesidades; así como también corregir el alto porcentaje
(54%) que se pierde en la redes de distribución y en el mal uso, por la falta
de programas de prevención y educación ciudadana.
Otro aspecto que habría
que señalar es la falta de reglas claras para el manejo sostenible de nuestros
recursos forestales, por parte del gobierno del PLD, de modo que
se les permita a las empresas forestales funcionar sobre la base del
aprovechamiento racional de los beneficios que ofrece el bosque, a través de
los planes de manejo y el emprendimiento de nuevas plantaciones. Este sector
podría participar, junto al gobierno, en la rehabilitación y protección de
nuestras Cuencas Hidrográficas, fundamentando su accionar en la Ley de
Incentivo y Protección Forestal, que lleva años en el Congreso Nacional, y que,
probablemente, por la falta de mediación e interés del gobierno no se ha
conseguido su aprobación. La ley de
incentivo forestal es prioritaria, tomando en cuenta que en estos últimos
quince años, como consecuencia de la deforestación y la falta de reglas claras que formalicen la
actividad forestal hemos perdidos, en áreas sensibles, unas 230 mil hectáreas
de cobertura vegetal, que equivalen casi a un 5.0% de nuestro territorio y sólo
hemos recuperado en ese mismo período alrededor de 40 mil hectáreas, que es una
cantidad insignificante en torno a la que deberíamos haber recuperado si el
gobierno le hubiera dado la importancia que amerita este recurso.
Por otro lado, sino
contamos con un «Plan de Integración» para la administración y protección de
los suelos dominicanos, los progresos de los que nos habla el gobierno no se
alcanzarán. Este plan, que debiera tener como prioridad la coordinación
efectiva de los proyectos de riego y drenaje para aumentar la eficiencia en el
uso del recurso agua, así como para
conocer de la vocación, capacidad y vulnerabilidad de cada pulgada de nuestro
territorio; tampoco ha recibido la atención del gobierno, en cuanto a disponer
de los recursos financieros para la ejecución del mismo, ni se cuenta con la de la ley de
Ordenamiento Territorial, por falta de voluntad política y la
mediación del Gobierno en lo que respecta al problema territorial.
Otro gran problema
ambiental del país se relaciona con el manejo y disposición de los residuos
sólidos urbanos (RSU) y al que el
gobierno, recientemente, ha enfrentado
con el programa “Dominicana Limpia” y del que esperamos que no sea un «clichés»
más de los que utiliza el PLD para
manipular la opinión pública, cuando
trata de desviar la atención de sobre un problema de gran envergadura
como lo es el de la basura. A pesar de la creación de “Dominicana Limpia” no se
están dando los pasos necesarios para la construcción de las obras de
infraestructuras que se requieren para el manejo y disposición de las casi 9
mil toneladas diarias de RSU que se
producen a nivel nacional. El gobierno sabe, como lo sabe la población que el
sector de los residuos sólidos tiene interés sanitario, pero también interés
económico y que existen instituciones internacionales que están dispuestas a
ayudarnos económica y técnicamente, pero
al igual que en los problemas ambientales que ya hemos mencionado, la mediación
gubernamental se coloca por encima de
los intereses nacionales y descarga su responsabilidad en la responsabilidad en
los gobiernos municipales, sin entregarles las partidas presupuestarias que les
corresponde, por ley (10%), dando largas a un problema que no se debe
postergar.
Finalmente nos referiremos
a los 9 mil y tantos kilómetros cuadrados de áreas protegidas terrestres,
exceptuando las áreas marinas, que
establece la ley 202-04, entre parques nacionales, reservas científicas y refugios
de vida silvestre, entre otros.
Estas áreas requieren, mayor atención y vigilancia, así como los
programas de educación e incentivos para los habitantes de las zonas de
amortiguación. También es importante que el gobierno entienda que las áreas
protegidas que se declararon fuera de ley
202-04 no deben quedar abandonadas y sin planes de manejo, como ocurre
ahora con la gran mayoría de ellas. Las áreas se declaran, no sólo por el
espacio geográfico, sino por la riqueza de especies y las características
únicas que representa su biodiversidad. Sin embargo el proyecto de ley de
biodiversidad, que ha visto agotar
varias legislaturas, aún espera por su aprobación para que el país pueda contar con un instrumento
legal que proteja nuestro capital natural.
En definitiva, el gobierno
podrá exhibir fortaleza en otros sectores de la vida nacional, pero en lo que
respecta al sector del Medio Ambiente y
los Recursos naturales, su gobernabilidad no se ha dejado sentir en la medida
en que las circunstancias nacionales lo demandan, lo cual contradice las declaraciones del
propio presidente de la República, cuando asistió a la Cumbre de París donde
dijo, y cito: “Para el país que represento (…), las consecuencias del cambio
climático no constituyen un ejercicio intelectual, sino un desafío para nuestra
supervivencia, que nos amenaza diariamente”. Estas palabras deberían
representar, no un simple discurso en un cónclave internacional, sino un
compromiso del gobierno para asumir los problemas ambientales como una línea
política de primera magnitud, basada en el principio de: “Pensemos globalmente
y resolvamos localmente”.
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