TODOS
LOS IMPLICADOS QUE HAN DECLARADO NIEGAN QUE COMETIERAN HECHOS DOLOSOS
Guarionex
Rosa/Listín Diario
Santo Domingo.- La orden de
detención por parte de la Procuraduría General de la República, de un grupo de
funcionarios y legisladores activos, antiguos congresistas y dirigentes
políticos causó una conmoción sin precedentes en el país, que todavía no
concluye porque el ministro de Industria y Comercio, Temístocles Montás, uno de
los encartados, renunció al puesto.
Si bien Montás le dice al
presidente Danilo Medina en una carta en la cual se desvincula de cualquier
hecho delictivo, que pone a su disposición su cargo, se da por descontado que
el gobernante acogerá esa misiva como una renuncia y procederá cuanto antes a
nombrar su sustituto, una forma de mantener su distancia del tema judicial.
Se supo que al menos uno de
los sometidos trató de ver al presidente Medina, pero se le habría informado
que el gobernante estaba muy ocupado. Otra versión dice que el Presidente mandó
a decir a sus cercanos colaboradores que no quería involucrarse en asuntos que
estaban encaminados en la justicia.
El coletazo dominicano del
escándalo de la empresa brasileña Odebrecht, que involucra a dos de los
partidos más importantes del país, el gobernante de la Liberación Dominicana y
el Revolucionario Moderno, PRM, podría ser una indicación de la urgencia de una
ley de partidos, hasta ahora resistida por los políticos.
El procurador general, Jean
A. Rodríguez, ofreció una declaración a la prensa en la cual detalló lo que
estaba en proceso con la detención de las personalidades de la política y
empresas y aseguró que con ello “están todos los que son y todos los que
están”, una señal que calmó el pánico que ha cundido entre los señalados por
listas y rumores, aunque en los juicios otros podrían ser arrastrados.
Rodríguez, en su condición
de fiscal de la Suprema Corte de Justicia, pidió al Congreso Nacional despojar
de la inmunidad parlamentaria a los senadores Tommy Galán, de San Cristóbal y
Julio César Valentín, de Santiago, así como al diputado del Partido
Revolucionario Moderno PRM, Alfredo Pacheco.
Rodríguez informó también
que el caso ha sido declarado complejo, lo que le dará a las autoridades
judiciales un espacio de hasta 18 meses para la introducción y los juicios,
algunos de los cuales llegarían a la Suprema Corte de Justicia, de manera
inmediata si abarca a funcionarios privilegiados, o al final del proceso, para
los de jurisdicción ordinaria.
Se trata de delitos muy
graves por acusaciones sobre lavado de activos, falsedad en la declaración
jurada de bienes, soborno y violación de 14 artículos de la Constitución de la
República, que conllevarían sanciones de 3 a 18 años de prisión. Todos los
funcionarios y exfuncionarios sometidos rechazaron ante la prensa la comisión
de delitos.
Procurador
cumplió
El procurador Rodríguez
cumplió su palabra al remitir ayer a los funcionarios, legisladores y
exfuncionarios involucrados en el caso Odebrecht, tal como lo había informado
en el sentido de que haría los sometimientos “caiga quien caiga”. En esa forma
el funcionario respondió a los críticos que esperaban “un bulto”.
En sus indagatorias el
procurador Rodríguez no solamente fue a Brasil y a Estados Unidos para seguir
de cerca el expediente de la empresa brasileña, sino que chequeó las auditorías
de la Cámara de Cuentas, los informes de la Dirección de Impuestos, DGI y la
declaración jurada de bienes de ley del 16 de diciembre de 1979, la que estaba
vigente cuando se cometieron los hechos.
Los que terminaron
encartados en el caso fueron Juan Temístocles Montás, ministro de Industria;
Julio César Valentín, senador de Santiago, y Tommy Galán, senador de San
Cristóbal, los tres del PLD. Además Radhamés Segura, Ruddy González, Andrés
Bautista y Alfredo Pacheco, dirigente del PRM.
También Ángel Rondón, quien
sería el recipiente de los fondos para los sobornos, Víctor Díaz Rúa,
exsecretario de Obras Públicas y jefe de recaudación del PLD, César Sánchez y
Conrad Pittaluga, empresario. De los once detenidos ayer, cuatro son altos
dirigentes del PRM.
Ayer tarde la dirigencia del
PRM denunció el caso como político y se dispuso a defender a los llamados por
la Procuraduría General de la República. La dirigencia del PLD mantuvo total
silencio en las horas siguientes al llamado de la Procuraduría.
Los integrantes de la Marcha
Verde contra la corrupción y la impunidad reclamaron victoria y en adición a
los sometimientos, que sean cancelados los contratos de la Odebrecht. Ese mismo
pedimento lo hizo Participación Ciudadana a comienzos del mes de enero.
Descrédito
de partidos
Una consecuencia directa de
los sometimientos, por encima de la defensa que el PRM o eventualmente el PLD
pudieran hacer de los encartados, es la realidad de que el acontecimiento marca
el descrédito total de los partidos políticos, cuyos dirigentes han vivido de
los negocios del estado durante mucho tiempo.
Los sometimientos causaron
emoción entre muchos dominicanos, aunque algunos que se manifestaron por los
medios digitales, la televisión y la radio pidieron más. Se mencionó el destino
que dará la Procuraduría General de la República al caso del ingeniero Diandino
Peña, exdirector del Metro, quien fue cancelado hace días.
Peña, fue denunciado en un
amplio reportaje que hizo la periodista Alicia Ortega en su programa El
Informe. Una entrevista posterior a la primera entrega del programa fue la del
propio ingeniero Peña, quien negó todos los cargos de poseer empresas a nombres
de terceros y en el exterior y dijo que vivía con un sueldo de 150 mil pesos.
Los sometimientos dieron
cancha a abogados penalistas dispuestos a ofrecer sus servicios a los
personajes encumbrados, que si bien llegaron revestidos de humildad a las
remodeladas celdas del palacio de justicia de Ciudad Nueva, sede habitual de
los pequeños delincuentes, se les veía tiempo atrás bien aliñados y ocupando
las mesas de los mejores restaurantes.
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