Tuvo
problemas financieros; su disolución tardó 11 años. Fue autorizada por la JM en
el 2004
SD. El Banco de Desarrollo
del Este, que encabeza la lista de entidades offshore de República Dominicana
que fueron investigadas por el Consorcio Internacional de Periodistas (ICIJ,
por sus siglas en inglés), en los “Papeles de Panamá”, tuvo que ser intervenido
por la Junta Monetaria (JM) en el 1991 y cerrado el año pasado por confrontar
inconvenientes económicos-financieros.
Así lo dio a conocer a DL,
la Superintendencia de Bancos (SIB), que reveló que el 7 de noviembre del 1991
intervino sus operaciones, acogiendo una decisión de la JM emitida el 31 de
diciembre del 1990. En la resolución la JM señala que autorizó intervenir ese
banco “hasta que mejore su situación económico-financiera y cumpla los
requisitos de dicha resolución”. El 7 de diciembre del 1995 la JM informó al
citado banco que no podían realizar operaciones que afectaran a sus
depositantes y otros acreedores sin contar con su aprobación previa.
Aunque el 8 de julio del
2004 la JM autorizó a la SIB a realizar su disolución y liquidación, el 6 de
agosto del 2015 dispuso dar por concluido el informe final sobre esa decisión y
autorizó cancelar su certificado de registro.
¿No
era offshore?
El Banco de Desarrollo del
Este figura esa lista aunque el ICIJ aclara, en su portal, que esa no es una
entidad offshore aunque fue registrada como tal en la base de datos original.
“Es una cuenta interna creada por la firma del servicio offshore para registrar
gastos diversos de un cliente oficial o maestro”. Señala. Aparece como su
proveedor del servicio offshore “Portcullis Trustnet”.
La entidad funcionaba en
La Romana y fue presidida por Arturo Gil Báez, ex presidente de Los Toros del
Este, quien respondió a DL: “No tengo nada que ver con eso. Eso se cerró hace
mucho. Yo era un empleado”.
En la lista de más de 214
mil empresas “offshore” figuran 486 empresas, 57 clientes, 67 beneficiarios y
192 accionistas criollos.
LOS
PAPELES DE PANAMÁ: Panamá, un país hecho por y para los abogados
Abogados
de grandes despachos especializados en empresas opacas están al frente de las
principales carteras del Ejecutivo de Varela
DAVID
MARCIAL PÉREZ/El Pais/Ciudad de Panamá (Enviado Especial)
En Panamá hay cuatro
abogados por cada médico. Son un ejército de más de 22.500 letrados, uno por
cada 183 panameños, el mayor porcentaje per cápita de Latinoamérica. Su
condición de país de negocios –marcado por el canal, su inmensa zona franca
para el comercio y una laxa legislación tributaria y financiera– ha ido
gestando una legión de expertos en leyes incrustados muchas veces en las altas
esferas de poder económico y también político. El propio Ramón Fonseca Mora, el
fundador de la firma de abogados colocada en el centro del escándalo por la
filtración conocida como Papeles de Panamá, era hasta hace unas semanas
ministro Consejero y presidente del partido en el poder. Y al menos otros cinco
altos cargos del Gobierno, dos de ellos ministros, son abogados en excedencia
de despachos especializados en empresas opacas.
La puerta giratoria de más
recorrido es la del ministro de Economía. Dulcidio De La Guardia pasó por
varios de los grandes bancos panameños hasta que en 2009 fue nombrado
viceministro de la cartera económica. Tan sólo un mes después de concluir su
cargo público fue fichado como director financiero por el despacho más
importante del país, Morgan & Morgan, para en dos años volver al Gobierno
pero ya a la cabeza del ministerio.
El ministro de la
Presidencia, Álvaro Alemán, experto en derecho fiscal y mercantil, cuenta
incluso con bufete propio –entre los 10 más grandes– heredado de su padre.
Mientras que el vicecanciller de Exteriores y el director del registro público
pertenecen también a la camada de Morgan & Morgan. El idilio entre la firma
de abogados y el gobierno se remonta a cinco décadas atrás, cuando Eduardo
Morgan Jr., socio e hijo del fundador del despacho puntero panameño con
presencia en tres continentes, fue nombrado ministro de Justicia por el
dictador Omar Torrijos.
No toda la abogacía se
dedica sólo a manejar empresas offshore. Pero, como reconoce Juan Carlos Arauz,
vicepresidente del Colegio de Abogados, el derecho mercantil panameño está
profundamente condicionado por una legislación que apenas se ha tocado desde 1927,
cuando inspirados por el ejemplo estadounidense se abrieron las puertas a estos
polémicos vehículos jurídicos: “Todo el derecho corporativo está tan implantado
en la sociedad panameña que no es sesgada la presencia de abogados en el
Gobierno”. El segundo hombre en la cartera de Exteriores y socio en excedencia
de Morgan & Morgan, Luis Miguel Hincapié, es por ejemplo especialista en
“la incorporación de estructuras offshore en Panamá, Belice e islas Vírgenes
Británicas”, según informa el despacho. Su nombre parece en 193 operaciones
entre los documentos filtrados a los que ha tenido acceso el medio panamericano
Connectas, uno de los colaboradores de la investigación.
Este
es un país hecho por abogados y para abogados
MIGUEL
ÁNGEL BERNAL, CATEDRÁTICO DE DERECHO CONSTITUCIONAL
“En Panamá no existe
ninguna legislación sobre el conflicto de interés, ni hay ninguna intención de
crearla. Puedes pasar de lo público a lo privado y la inversa. Ha pasado
siempre. Este es un país hecho por abogados y para abogados”, sostiene el
catedrático de Derecho Constitucional Miguel Ángel Bernal. Desde su
independencia de Colombia a principios del siglo pasado, la historia del istmo
está atravesada por el juego de intereses comerciales y geopolíticos abiertos
alrededor del canal transoceánico. Desde la insistente presencia de EE UU hasta
el diseño de un andamiaje jurídico y bancario pensado para que el cliente
siempre tenga razón.
La configuración de su
plataforma bancaria en la década de los 1970 –aún en plena dictadura– con holgadas
ventajas fiscales y de confidencialidad ha sido imán para los capitales
internacionales. El pequeño país centroamericano cuenta con la presencia de 90
bancos –el doble que en México, más del triple que en España–, que el año
pasado sumaron en total 118.477 millones de dólares en activos. Pese algunos
avances en la legislación, Panamá sigue apareciendo en muchas de las listas de
paraísos fiscales.
“Hay demasiados abogados
en el gobierno que vienen del sector offshore. A veces uno duda si realmente representan
los intereses de cuatro millones de panameños o su sector”, apunta el
representante de Transparencia Internacional en Panamá, Ramón Arias. En
principio, no es una cuestión directamente económica. Un ministro panameño gana
alrededor de los 7.000 dólares al mes mientras que el socio de un despacho de
los grandes puede superar los 25.000 más variables. Se trataría más bien de una
fascinación por el poder y sobre todo de como engorda la agenda de contactos tras
pasar por un cargo público.
Fonseca Mora, el hombre
que se jacta de haber creado más de 240.000 empresas y cuya filtración ha
vuelto a poner en sobre la mesa de la comunidad internacional la necesidad de
tapar los agujeros de la opacidad financiera global, ha sido ministro con los
dos últimos presidentes panameños. Su hijo, Eduardo Fonseca Ward, fue designado
hace dos años cónsul general en Emiratos Árabes Unidos, donde tiene una de sus
sedes la firma de abogados de su padre. Alfredo Fonseca Mora, otro de sus
hijos, es el actual director general de la Autoridad Aeronáutica Civil.
Los despachos de los
actuales ministros informan de que sus antiguos empleados están temporalmente
dados de baja de la firma. Uno de los asesores de la cancillería de Exteriores
compagina sin embargo los dos papeles. Gian Castillero es uno de los pesos
pesados en las negociaciones de Panamá con los organismos internacionales sobre
lucha contra el blanqueo y la evasión fiscal. Y a la vez, aparece entre la
lista de socios de Arifa, otro de los grandes despachos. El nombre de
Castillero también se encuentra relacionado hasta con 90 empresas en las
filtraciones de los llamados Papeles de Panamá.
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