Por:
ALI NUÑEZ
SANTO DOMINGO.- El
Ministerio de Relaciones Exteriores calificó este martes de inaceptable el
informe sobre la situación de los derechos humanos en la República Dominicana
remitido por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH).
Indica que el informe fue
elaborado con “datos inexactos, prejuicios, juicios obsoletos y graves
omisiones”, en franco desconocimiento de los significativos avances alcanzados
en el país en esa materia de alta prioridad en la administración del presidente
Danilo Medina.
“El Gobierno de la
República aprecia los reconocimientos que la CIDH hace en su informe al Estado
dominicano en materia de avances en la protección de los derechos humanos, pero
lamenta profundamente que dicho documento esté cargado de informaciones y
juicios obsoletos, desconocedores de cambios significativos a partir de una
visión incompleta y hasta prejuiciada de la realidad”, refiere en nota enviada
a ALMOMENTO.NET.
Recuerda que con la
aplicación de la Ley 169-14, una iniciativa del gobierno central para resolver
el impasse generado en materia migratoria por la sentencia 168-14 del Tribunal
Constitucional, se atendieron los problemas de nacionalidad que enfrentaban
determinados grupos de personas, “por lo que no aceptamos, bajo ningún
concepto, que la normativa y las políticas del Estado dominicano tengan un fin
discriminatorio ni que fomenten la apatridia, como de manera injusta plantea
dicho informe”.
Sostiene que se trata de
una visión claramente especulativa de la CIDH sobre el soberano proceso
migratorio llevado a cabo por la República Dominicana cuando se alega que miles
de personas no pudieron acogerse a la categoría B de la referida ley y que, por
lo tanto, han quedado en condición de apatridia. “Hablar de miles de casos es
una inexactitud que rechazamos, dado que el gobierno dominicano no ha tenido
conocimiento ni de un sola persona que haya podido probar tal situación”.
Según dice, el problema
que confrontaban las personas nacidas en el país, de padres extranjeros,
inscritas en la Oficialía del Registro Civil, quedó resuelto con el carácter
humano en la aplicación de la Ley 169-14, “por lo que es inaceptable e injusta
la acusación que hace la CIDH sobre la supuesta existencia de una política
deliberada de privación arbitraria de la nacionalidad de cientos de miles de
personas en la República Dominicana”.
La Cancillería manifiesta
su rechazo a la mayor parte del contenido de las conclusiones plasmadas en su
informe por la CIDH, por estar cargado de graves omisiones y argumentos sin
ningún sustento probatorio, al tiempo que el Gobierno dominicano reitera su
compromiso con la promoción y protección de los derechos humanos, incluyendo
los de aquellas personas extranjeras que viven en la República Dominicana, al
amparo de la Constitución y las leyes adjetivas.
Reitera que el gobierno
central no ha llevado ni lo hará en el futuro, expulsiones masivas como asegura
la CIDH, “sino que continuará con su soberana política de repatriaciones de
extranjeros que viven en el país de manera irregular, sobre la base de
procedimientos individualizados y con un irrestricto apego al respeto a los
derechos y dignidad de las personas, pero, asimismo, tampoco aplica ni aplicará
repatriaciones de personas de nacionalidad dominicana como falsamente se le
imputa al Estado dominicano”.
El documento concluye que
“el gobierno mantiene su inquebrantable compromiso con la cabal ejecución del
Plan Nacional de Regularización, a fin de que esas más de 200 mil personas
beneficiadas puedan vivir, trabajar en
paz y con seguridad en el territorio nacional, disfrutando los beneficios que
la ley les concede”. Almomento.
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