LA MARGINALIDAD DEL DEFENSOR DEL PUEBLO

Reynaldo Hernández Rosa

San Francisco de Macorís.- En  toda  América Latina   el  rol  preponderante, puntual,  que  juega  la  figura  del Defensor  del  Pueblo  es  determinante  en todos los  escenarios  que  se  vulneran  derechos  fundamentales  de los  ciudadanos, amen estos,   vengan  de  esferas  estatales  como de particulares, en tanto, en nuestro país, la institución  con  carácter   constitucional sigue  al margen de los  escollos en la materia  inherentes  al debate  nacional.

Con   innúmeros   argumentos, muchos válidos, empero, carentes en sus motivaciones, dado  que  la institución  tiene  carácter   constitucional, por lo que  deben  otorgársele  todos los  fondos  necesarios para  un  sólido  desempeño  dentro  del conglomerado,  esto, en momentos  que  se  vulneran , en su mayoría  derechos   consagrados  en nuestro marco supremo  legal,  máxime, viniendo  de un Estado cargado  de miasma, corruptela  y acciones  gansteriles.

El Defensor del Pueblo pese  a la  buena  intención de  quien  encabeza la  entidad, Zoila  Medina Guante,  no ha tenido la suficiente independencia y  liderazgo  para posicionar el tema de los derechos humanos en el común  de los ciudadanos, donde hoy,  más  del  90 por ciento de los  dominicanos  ignoran el  rol  de  esta institución  con  rango  constitucional.

La  ausencia  del Defensor  del Pueblo  en el debate nacional, hoy,  ante  el basural  burdo y pestilente  que  arropa  al Estado,  donde  derechos fundamentales como la  salud, seguridad, alimentación, deportes, educación, medio ambiente, libertad  de expresión, son  vulnerados  por quienes  están llamados  a  brindar los máximos  esfuerzos dado su condición  de  funcionarios  que devengan salarios  del  erario nacional.

En tanto,  la  pobreza  del  organismo  ante  los abusos de  prestadoras  de  servicio, donde  a la fecha el  ciudadano  desconoce  de la entidad, como  rectora  para  proteger  al común de los  nacionales  cuando le son violentados  derechos  propios  que custodian   la  Carta Magna.

El  Defensor del  Pueblo fue una institución incorporada a  la Constitución del  2010 para impulsar y proteger los derechos fundamentales.  No  obstante,  hoy sigue  ajeno a al debate, al igual, paralizado  en su rol  de  incoar acciones jurídicas y  procesos  políticos, los cuales  le son  conferidos por  la Constitución.

En países  de  América Latina, El Defensor  del Pueblo,  La  Defensoría  de los Habitantes, El Obusman, amen  como le  denomine, todos,  tienen como norte  proteger, vigilar,  accionar, etc,  empero, en nuestro lar nativo, la debilidad y ausencia  del organismo, desconocido,  en primer orden,   confundido con la Defensa Publica, una dependencia  del sistema  de  justicia  que  auxilia  de gratuidad a los ciudadanos  en materia  penal. Sin  duda, urge una  política  en divulgación,  presencia, conocimiento,  empoderamiento  de los ciudadanos  con dicha  entidad oficial, la cual debe  jugar  su rol de manera  ipso facto,  obviando  insulsas  presencia  faranduleras,  a sabiendas  que  su  papel es  determinante  en los  actuales momentos  de   aviesas  irregularidades  oficiales y  de  empresas prestadoras  de servicios.

Si bien es  cierto  que el presupuesto  asignado  al  Defensor  del  Pueblo,  unos  150  millones  de pesos  anual,  los cuales,  ante  las  atribuciones   constitucionales  es  pírrica, si la comparamos  con otras  naciones,  por ejemplo,  Colombia, donde  la partida  presupuestal anual  alcanza  los  36 mil millones,  empero,  allí,  el rol  de la Defensoría  del Pueblo  es  puntual,  juega  su papel  de  frente  a los  abusos  y  vulneración de los derechos  de la mayoría.