El país rechaza una
condena internacional por discriminar a ciudadanos haitianos
SILVIA AYUSO
Washington (El Pais) 31 OCT 2014
Era la primera comparecencia de República Dominicana ante
el sistema internacional de justicia tras su decisión de rechazar la sentencia
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que la consideró culpable de
discriminar a ciudadanos de origen haitiano. Y los representantes de la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que con la Corte conforman
el sistema regional de justicia no perdieron este viernes la ocasión de
recriminarle al Estado su actitud.
El mensaje fue inequívoco: no se pueden interpretar al
"antojo" de cada Estado las decisiones de un tribunal internacional
como la Corte Interamericana porque hacerlo pondría en entredicho la justicia
internacional.
"Si cada Estado tuviera la última palabra acerca de
cómo interpreta el sentido y alcance de sus obligaciones interancionales, el
Derecho Internacional no tendría ningún sentido", subrayó el comisionado
Felipe González, relator sobre los Derechos de los Migrantes.
La Corte Interamericana dio a conocer la semana pasada su
fallo declarando culpable a República Dominicana por privaciones ilegales y
arbirarias de libertad y por expulsiones sumarias de 26 haitianos y dominicanos
de origen haitiano entre 1999 y 2000. En la misma sentencia decretó además que
una resolución constitucional emitida en 2013 que privaba de ciudadanía a unas
200.000 personas viola el "derecho a la nacionalidad", tal como había
recalcado también la CIDH cuando visitó el país caribeño en diciembre del año
pasado.
El Gobierno dominicano respondió rápidamente rechazando en
un comunicado la sentencia, que calificó de "extemporánea, sesgada e
inoportuna", y declaró que "cualquier posición que cuestione los
poderes legítimamente constituidos de nuestro Estado es inaceptable para la
República Dominicana".
La sentencia confirma privaciones ilegales y arbitrarias
de libertad y por expulsiones sumarias de 26 haitianos y dominicanos de origen
haitiano
"De ninguna manera es una invasión de los órganos
internacionales en asuntos internos de un Estado", replicó este viernes el
comisionado González. "Son obligaciones que los Estados, en este caso
República Dominicana, asumen voluntariamente y la interpretación última la
tiene el organismo internacional", subrayó.
"No caben aquí nuevas interpretaciones por parte del
Estado", insistió González. "Ahora la Corte dice claramente que las
obligaciones del Estado son A, B y C y el Estado no puede argumentar que sus
obligaciones son D, E y F, tiene que atenerse a la interpretación de la Corte
Interamericana, si al final cada Estado puede interpretar el tratado como se le
antoja, no tendría ningún sentido que hubiera tribunales encargados de su
interpretación".
También la relatora para el país, Rosa María Ortiz, le
recordó a la representación dominicana que el propio ordenamiento jurídico
dominicano se rige por tratados internacionales.
El rapapolvo de la CIDH continuó de mano de su presidenta,
Tracy Robinson, quien lamentó la baja representación en la audiencia del Estado
dominicano. Este sólo se personó con una representante alterna ante la
Organización de Estados Americanos (OEA), Ellen Martínez, que no respondió a
los comentarios y preguntas sino que dijo los remitiría a s u gobierno.
Después del intenso seguimiento que le ha dado la CIDH al
caso dominicano, la audiencia de este viernes, una de las últimas de este
periodo de sesiones, habría sido una "excelente oportunidad" tanto
para el Estado dominicano como para los responsables de implementar la ley de
"responder" a las preguntas, dijo Robinson.
Pese al silencio oficial dominicano este viernes y su
previo duro rechazo a la sentencia de la Corte, Natanael Santana, de la
organización sin ánimo de lucro Centro de Asesoría e Investigaciones Legales
(CEDAIL) que fue una de las peticionarias de la audiencia, se mostró confiado
en que el Gobierno de Danilo Medina acabará acatando la sentencia.
República Dominicana "parece decidida a seguir
aferrada al sistema interamericano", señaló a periodistas tras la
audiencia. "En una primera reacción es natural algún tipo de desconcierto,
pero estamos esperanzados en que el Estado en los próximos días empiece a
implementar las observaciones de la Corte", agregó.
Santana también restó importancia a las voces que en su
país se han alzado cuestionando la pertinencia de continuar en el sistema
interamericano de derechos humanos.
"Las consecuencias que implicaría el tener que
denunciar la Convención (Americana de Derechos Humanos, la vía para dejar de
estar sujeto a la jurisdicción de la Corte Interamericana como ha hecho en los
últimos años Venezuela) son de alcances mayores que estoy seguro que el Estado
dominicano no está en condiciones de asumir, porque nos estaríamos presentando
ante la comunidad internacional como alguien capaz de desconocer las reglas del
juego que previamente ha establecido cuando algo no le favorece", señaló.
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