Por Silvio Cabrera/El
Nacional
El asesinato del casacambista Héctor Méndez y su chofer Napoleón
Reyes, el 4 de enero de 1985, la muerte del periodista Gregorio García Castro,
el 28 de marzo de 1973 y la desaparición del profesor Narciso González,
ocurrida el 26 de mayo de 1994, entre otros casos, figuran en una larga lista
de más 50 sonados crímenes no resueltos por las autoridades ocurridos en los
últimos 41 años, a pesar de la gravedad de cada uno de ellos y el impacto que
provocaron en la sociedad en su momento.
A esta lista se le suma, además, el asesinato a plena luz
del día del confeso sicario Carlos Enrique Everstz Fournier, el 26 de
septiembre del 2003 y la muerte de los los hermanos Patricio y Etanislao de la
Cruz Gálvez, el 10 de junio de 1985.
Héctor Méndez
Héctor Méndez, reconocido casacambista durante el gobierno
del doctor Salvador Jorge Blanco, y su chofer Napoleón Reyes, fueron
secuestrados y posteriormente asesinados el 4 de enero de 1985 y sus cadáveres
hallados varios días después cerca del sector Los Frailes.
Del caso, el doctor Marino Vinicio Castillo responsabilizó
en esa ocasión al presidente de ese entonces Salvador Jorge Blanco y a una
serie de funcionarios civiles y militares de su gobierno. La versión que se
ofreció en esa ocasión fue que lo mataron porque era responsable del alza de la
prima del dólar que se dio en ese entonces.
Luego de 19 años del hecho, el juez del Sexto Juzgado de
la Instrucción del Distrito Nacional, José Alejandro Vargas, envió por ante un
tribunal criminal al teniente suspendido de la Policía Uladislao Rodríguez
Bautista (El Hippie), pero nunca fue hecho preso ni él ni los demás implicados.
Otros implicados en el expediente fueron Juan Bautista
Peguero Santana (Mayo), Daniel Jorge Infante (El Karateca), fallecido en el
1991, Rafael Vargas Cruz (Rafelito Boca de Cueva), Pedro Alejandro García
Berry, asesinado a tiros en Nueva York en junio del 1996, y Pedro Antonio
Sánchez Díaz, miembro del denominado “Comando de la Libertad”.
De la Cruz Gálvez
El citado grupo, en específico, fue enviado por ante un
tribunal criminal por la muerte de los hermanos Patricio y Etanislao de la Cruz
Gálvez, hecho ocurrido en enero y junio de 1985 por el mismo caso que fue
asesinado Méndez.
Los hermanos De la Cruz Gálvez fueron muertos en Los Mina,
el 10 de junio de ese mismo año. En ambos casos Rodríguez Bautista es el
principal acusado.
El juez
Para el juez Alejandro Vargas, quien envió por ante un
tribunal criminal a los implicados en el caso Méndez y de los hermanos de la
Cruz Gálvez, es muy difícil ir más allá en busca de los responsables de los
crímenes que les sucedieron a las muertes de Méndez y de los Hermanos Gálvez.
Vargas dijo esa vez, tras producir su providencia
calificativa, que era muy difícil para determinar actualmente, además de los
puestos en causa, a los participantes en los crímenes que se sucedieron al del
casacambista Héctor Méndez.
Alegó que su competencia resultó limitada en el ámbito de
la investigación de las acciones delictivas de naturaleza criminal, a raíz de
la entrada en vigencia de la resolución 1920-03 sobre medidas anticipadas,
emitida por la Suprema Corte de Justicia, que trata de los principios que rigen
el nuevo proceso penal.
Vargas, quien actuó en esa ocasión como juez liquidador de
instrucción, en virtud de la entrada en vigencia del nuevo Código Procesal
Penal, declaró que existen indicios “serios, graves, precisos y concordantes y
de responsabilidad” para enviar por ante la jurisdicción de juicio el exteniente
de la Policía Bautista Rodríguez, mejor conocido como El Hippie.
El magistrado se refirió a las declaraciones de Miladys
Méndez Báez, hermana del banquero que declaró en calidad de informante, de que
los hechos fueron cometidos por agentes especiales. Dice que la muerte de los
hermanos De la Cruz fue para “resolver” el problema de Méndez.
García Castro
Tampoco las autoridades han dado solución al caso del
periodista Gregorio García Castro (Goyito), asesinado a balazos el 28 de marzo
de 1973, en la calle Las Mercedes.
De la muerte de García Castro (Goyito) fueron acusados y
sometidos a la justicia Juan María Arias Sánchez, José Rafael Pérez Pérez y
Milton de la Cruz Lemos. Del grupo, Arias Sánchez murió en la cárcel y los
demás fueron puestos en libertad con una sentencia que confirmaba su descargo,
dictada por la Suprema Corte de Justicia durante la gestión del doctor Néstor
Contín Aybar.
Dicha sentencia se mantuvo durante varios años en secreto
y fue dada a conocer por El Nacional, durante la gestión del doctor Jorge
Subero Isa como presidente de la Suprema Corte de Justicia. Hasta entonces se
desconocía que los acusados del crimen de García Castro se encontraban en
libertad.
Actualmente, el caso se encuentra en una especie de limbo
en la Suprema Corte de Justicia a la espera del conocimiento de un recurso de
revisión contra la sentencia que confirma la libertad de los imputados.
Narcisazo
La desaparición del profesor Narciso González, ocurrida el
26 de mayo de 1994, es otro de los casos que las autoridades no han podido
resolver.
Por el hecho, la Corte Interamericana de Derechos Humanos
condenó a República Dominicana, tras determinar que lo sucedido constituyó una
desaparición forzada que se inició el 26 de mayo de 1994.
De acuerdo con la sentencia, el Estado dominicano deberá
pagar una indemnización de 395 mil 419 dólares, distribuidos entre su esposa
Luz Altagracia Ramírez de González, sus hijos y el pago de cotas legales,
además de “continuar y realizar las investigaciones y procesos necesarios”.
En cumplimiento de dicha sentencia, la Fiscalía del
Distrito Nacional tiene actualmente un proceso abierto, pero nadie ha sido
detenido.
Everstz Fournier
En torno la muerte del sicario Carlos Everstz Fournier,
prácticamente ni siquiera se investigó, tal vez porque había confesado que era
un matador a sueldo que le había quitado la vida a más de 35 personas.
Entrevistado en ese entonces en el programa Hoy Mismo de
César Medina, confesó que un exjefe de la Policía le había pagado para que
matara al senador perredeísta Darío Gómez.
Precisó que después de sus declaraciones, su vida no valía
ni un centavo y justamente, el 26 de septiembre de 2003 fue muerto a balazos en
Santiago mientras esperaba un autobús para dirigirse a su trabajo en Puerto
Plata.
Opinión jurídica
Doctor Vinicio
Castillo
Para el doctor Vinicio Castillo Semán, la no solución de
los casos del casacambista Héctor Méndez y de los hermanos de la Cruz Gálvez,
constituye una página triste en la judicatura dominicana.
Dijo que después de más de 30 años de esos crímenes, no ha
habido forma de que se procese a los imputados, a pesar de que, según dijo,
fueron identificados.
“Los responsables de este caso no han sido procesados a
pesar de que fueron investigados y a pesar de que en el año 1987, la entonces
juez de la Décima Cámara Penal, Miriam Germán Brito, ordenó una reapertura de
instrucción después de haber interrogado a los testigos, fundamentales y
presenciales de los hermanos de la Cruz Gálvez”, observó Castillo Semán.
Sostuvo que a pesar de todo eso, nunca se pudo completar
el proceso de instrucción ni de juicio de fondo para aclarar a nivel judicial
que pasó tanto con el caso de los hermanos de la Cruz Gálvez como de Héctor
Méndez.
Rojas Nina
Sobre el particular, el doctor Domingo Porfirio Rojas Nina
dijo que los hechos narrados constituyen un grave atentado a la seguridad
jurídica y al sagrado derecho constitucional de los familiares de las víctimas
a reclamar justicia y palpar la ejecución de la ley.
Dijo que la impunidad de la criminalidad es también una
aberración con peligrosos precedentes que vulneran los cimientos de los
códigos, disposiciones legales, lastimando a la sociedad dominicana y
normativas sustantivas.
Julio Cury
Al respecto, el jurista Julio Cury manifestó que el al
acceso a una justicia oportuna es una de las garantías mínimas del debido
proceso y que la demora procesal lesiona la efectividad de la tutela
jurisdiccional y descoloca al país en el concierto de los estados sociales y
democráticos de derecho.
Manifestó que la excesiva dilación, a veces de muchos
años, en la etapa preparatoria de los procesos y en su tramitación judicial,
contrasta con el escenario ideal previsto por el artículo 69 de la
Constitución.
Declaró que, por supuesto, la retardación de justicia es
un fenómeno que viene de lejos y que tiene múltiples causas y factores,
incluida la insuficiente asignación presupuestaria y la escasa cantidad de
tribunales judiciales. Sostuvo que por igual, nuestra legislación procesal
contiene normas excesivamente formalistas que dan lugar al uso de artificios
legalistas para obstruir la acción de la justicia.
Manuel Sierra
Mientras, el penalista Manuel Sierra dijo que la falta de
una investigación seria por parte de las autoridades, propicia un clima de
impunidad, provocando que casos como los citados se queden sin resorber.
“Es entonces la autoridad con sus negligencias, en
ocasiones maliciosas y conscientes, la que termina impulsando el crecimiento de
la impunidad”, manifestó Sierra.
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