El informe destaca
que de los 1000 millones recaudados, apenas quedaron 125 millones distribuidos
en las cuentas corrientes del organismo electoral, como se hizo constar al
cierre de la auditoría
11 DE ABRIL DEL 2014
Julián
Herrera/Acento.com.do
SANTO DOMINGO, República Dominicana.- La Cámara de Cuentas
de la República (CCR) emitió un informe de
fiscalización definitivo donde
revela que la Junta Central
Electoral (JCE) consumió sin autorización
más de 1.000 millones de pesos de
los recursos extrapresupuestarios,
violando la Ley General de Presupuesto.
Durante el 2012, año en que fue realizada la investigación
de la Cámara de Cuentas (aunque aprobada por el pleno en 2014 y puesta a
disposición del público recientemente), el organismo electoral obtuvo ingresos
propios superiores a los RD$ 1000
millones 490 mil, dinero que debió
depositarse en la cuenta única de la
Tesorería Nacional, como ordena la Ley General de Presupuesto de la República
Dominicana.
El órgano de fiscalización y control de los fondos
públicos critica a las autoridades de la JCE por utilizar los recursos en gastos operacionales de la
institución, sin antes cumplir con los
procedimientos establecidos en la Ley 423-02 de
Presupuesto de la Nación, que ordena:
“Artículo 24: Todos los ingresos corrientes y
de capital, donaciones y desembolsos de préstamos en efectivo o en valores
percibidos deben ser depositados en la Tesorería Nacional y para su utilización
requerirán de la correspondiente aprobación
presupuestaria.”
El organismo electoral ignoró lo referido en la ley y colocó
los fondos en cuentas corrientes
de la institución en el Banco de Reservas; dinero que luego retiró
administrativamente para cubrir
supuestos gastos operativos.
El informe destaca que de los 1000 millones recaudados, apenas quedaron 125 millones
distribuidos en las cuentas corrientes del organismo electoral,
como se hizo constar al cierre de la auditoría.
Los recursos
extrapresupuestarios, al depositarse en la Cuenta del Tesoro Nacional, son
devueltos a la institución que lo origina
como partida presupuestaria, y así garantizar la fiscalización del gasto en todas las dependencias del
Estado dominicano.
La resolución 000006, de fecha 03 de marzo de 2005, de la
Contraloría General de la República (CGR)
prohíbe que se utilicen los ingresos propios (extrapresupuestarios) de las instituciones públicas, de forma administrativa, como hizo la Junta
Central Electoral.
La resolución establece: “La obligatoriedad de depositar
en el Fondo General de la Nación (100)
todos los recursos recaudados de manera directa, es decir, los fondos propios
que anteriormente de denominaban extra- presupuestarios; por lo cual queda
totalmente prohibido depositar dichos recursos en cuentas particulares.”
El dispositivo legal de la auditoria establece que los
funcionarios de la Junta Central Electoral del área administrativa y
financiera, infringieron, además, la Ley
567-05 de la Tesorería Nacional.
Capitulo único: “Queda igualmente establecido que las cuentas
colectoras están destinadas exclusivamente para recibir el depósito de las
recaudaciones diarias u su transferencia diaria a la Cuenta única del Tesoro.”
Durante el periodo auditado (enero- diciembre de 2012) la Junta Central
Electoral alcanzo ingresos por los
siguientes conceptos:
Por legalizaciones de diferentes tipos de actas obtuvo RD$
84. 2 millones, más otros 3.8 millones
por la emisión de certificados de
defunciones, y por servicios varios la cantidad de RD$ 651
millones 925 mil.
Mientas, que los
centros de servicios aportaron, durante el periodo referido, la suma de 91. 5 millones de pesos, más otros 53,1 millones por servicios varios y
18 millones de pesos más por ingresos
diversos, totalizando el monto de RD$ 1,
031, 490, 500.
La defensa de la JCE
ante la Cámara de Cuentas
Ante las violaciones de leyes y resoluciones
oficiales por el uso administrativo de
los recursos extrapresupuestarios, las autoridades de la Junta Central
Electoral solo se limitaron a decir
“Tomaremos en cuenta sus recomendaciones para futuras acciones.”
Ante tal respuesta, la CCRD ratificó las
recomendaciones hechas por los auditores
actuantes en la investigación, y
mantiene su opinión del informe provisional remitido a la Junta Central
Electoral en septiembre de 2013.
La auditoría practicada a la ejecución presupuestaria de
la Junta Central Electoral (JCE) en 2012,
fue aprobada por el Pleno de la Cámara de Cuentas de la República (CCRD)
en enero del presente año (2014).
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