La reciente cooperación entre el Fondo Monetario
Internacional y la Oficina Internacional del Trabajo, respecto del crecimiento económico de la
República Dominicana, destaca que éste -durante los últimos 20 años- ha sido
muy importante; sin embargo su impacto en el combate contra la pobreza y la
mejora de la cantidad y calidad del empleo no ha sido significativo.
Ha habido crecimiento; pero los frutos del mismo no han
llegado a las grandes mayorías.
Se presenta entonces, para la generación actual de
dominicanas y dominicanos, la tarea impostergable de que su economía siga creciendo y que sus
resultados lleguen a quienes contribuyen
con ello. Los trabajos del FMI y la OÍT dan algunas pistas para el logro de
este objetivo.
El Presidente Medina y su gobierno tienen ideas claras al
respecto y cuentan con apoyo popular
suficiente para poner en marcha políticas públicas que respondan a la necesaria
armonización entre progreso económico y generación de suficientes empleos de
calidad. Además la alta credibilidad política del Presidente, según encuestas
recientes, le permite convocar a lo
mejor del país para la creación de los consensos necesarios para avanzar en la
consecución de crecimiento económico con trabajo decente.
Los dirigentes de las tres grandes centrales sindicales
cuentan con respaldo de sus representados y son capaces de articular propuestas
que respondan a las expectativas de las trabajadoras y de los trabajadores del
país.
El Presidente de COPARDOM, recientemente reelecto, es un
empresario lúcido que proviene de un sector productivo que conoce las ventajas
de la cooperación entre trabajadores y empresarios así como de la utilidad del
diálogo social.
En este escenario un gran Acuerdo Nacional por el Trabajo
en la República Dominicana parece posible. Una convergencia de voluntades
nacionales en favor de un mejor equilibrio entre resultados económicos y
sociales es necesaria. Actores centrales del mismo habrán de ser las pequeñas y
medianas empresas que deberán mejorar su productividad y sus prácticas
laborales.
La importancia de programas educativos así como de
formación profesional y en capacidad emprendedora evidencia la
multisectorialidad de cualquier esfuerzo en favor del crecimiento con más y
mejores empleos.
Un mercado de trabajo más eficiente necesita de una
institucionalidad laboral eficiente y moderna. La misma, entre otros objetivos,
deberá garantizar la plena vigencia de los derechos laborales fundamentales, en
especial la libertad sindical.
Salario mínimo, negociación colectiva y protección social son temas que tienen mucho que ver con la
tarea de que los beneficios del crecimiento económico sean compartidos con
quienes contribuyen decisivamente en su
generación: las trabajadoras y los trabajadores. Sólo así se podrá fortalecer
ese mercado interno que es indispensable en un modelo de desarrollo
democrático.
La adecuada participación de las mujeres en el mercado
laboral dominicano no es sólo un tema de principios sino que resulta esencial
desde la lógica productiva y para la gobernabilidad democrática.
Parece que ha llegado la hora de que las ciudadanas y los
ciudadanos de la República Dominicana den un salto cualitativo en su modelo de
desarrollo hacia uno que tenga en su centro a la persona y su trabajo.
El trabajo decente
puede ayudar a renovar el contrato social
que debe sustentar la democracia en la que las y los ciudadanos
dominicanos quieren vivir para poder progresar ellos y sus familias.
Como lo señalara recientemente el Director General de la
OIT, Guy Ryder, en su visita a la región, el mandato histórico de la OIT parece
ser ayudar a convertir el crecimiento económico en progreso social. Hoy ese
parece ser el desafío dominicano: traducir el progreso económico en justicia
social.
La OIT pone sus 93 años de experiencia al servicio de
dicha aspiración.
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