El reloj marcaba 38 minutos del primer tiempo, del partido
Santos contra Monarcas, en el estadio Territorio Santos Modelo, a 442 kilómetros de la
frontera con Estados Unidos, cuando los jugadores dejaron de perseguir el balón
y corrieron hacia los vestidores. Había una balacera.
El sonido de las balas interrumpió a los cronistas.
Millones de espectadores mexicanos frente a la televisión observaron cómo se
desarrollaba un enfrentamiento entre uno de los carteles más sanguinarios de
México y la policía municipal de la ciudad industrial de Torreón, Coahuila.
La cámara mostró a niños, ancianos, mujeres y hombres
aterrorizados, escondidos debajo de los asientos. Televisión Azteca detuvo la
transmisión. Pero el canal internacional ESPN siguió al aire, rompiendo su
record mundial de audiencia en un juego de futbol local.
Por primera vez la violencia relacionada con el
narcotráfico se mezclaba con el deporte tradicional por excelencia en México.
Pero esas agresiones también se viven dentro de los medios regionales
mexicanos: grupos criminales continúan amenazándolos cuando reportan sobre la
guerra contra el narcotráfico en el país, que ya suma más de 60 mil muertos
desde que el Presidente saliente, Felipe Calderón Hinojosa, tomó posesión en
2006.
Las amenazas y un vacío de información oficial complican
el trabajo de los reporteros, de acuerdo con una investigación sobre
autocensura en la prensa regional realizada por Fundación MEPI, una
organización de periodismo de investigación basada en la Ciudad de México.
En la redacción del periódico regional El Siglo de Torreón
los editores y reporteros debatieron la noticia. Entendían su importancia, pero
dudaban sobre publicar las fotos en primera plana. La balacera había sido entre
el grupo criminal Los Zetas y un contingente de la policía municipal destacado
cerca del estadio.
"Sabíamos que si las publicábamos (las fotos) íbamos
a incurrir en mucho peligro", dijo Javier Garza, director editorial del
diario. Su preocupación estaba fundamentada. Desde 2009, las oficinas del
diario han sido atacadas en dos ocasiones por hombres armados. Los periodistas
de El Siglo han recibido amenazas y advertencias de criminales a los que
disgusta su cobertura sobre narcotráfico y violencia.
México fue el país más peligroso del mundo para un
reportero en 2011, según el Instituto Internacional de la Prensa (IPI). Diez
periodistas fueron asesinados el año pasado y la tendencia continúa en 2012. El
miedo constante de ser blanco de represalias del crimen organizado ha
profundizado el sentido de autocensura en los medios regionales mexicanos, de
acuerdo con la investigación de MEPI.
En dicha investigación, que duró seis meses, se
monitorearon periódicos en 14 de los 31 estados de la República Mexicana, como
continuación de otro estudio realizado por MEPI en 2010. Este nuevo trabajo
buscó medir cómo los contenidos de las publicaciones de esos estados, ubicados
en el centro y norte del país, fueron impactados por la violencia. Se encontró
que la cobertura sobre crimen organizado de estos medios regionales aumentó más
del 100 por ciento en 2011 en comparación con el estudio de 2010. Las nuevas
cifras indican que 7 de cada 10 historias publicadas eran sobre incidentes
relacionados con el crimen organizado en tales estados. Aun así, únicamente dos
de los periódicos que MEPI monitoreó -El Norte en Monterrey y El Informador en
Guadalajara-contextualizaron la violencia, identificaron a las víctimas y dando
seguimiento a las historias.
La nota sobre la balacera en el estadio apareció en
primera plana al día siguiente. Sin embargo, El Siglo no explicó las razones
del enfrentamiento entre Zetas y policías, ciñéndose así a sus políticas
editoriales. Los editores saben que los criminales leen sus páginas para
conocer cómo aluden a sus
organizaciones e intentan no provocarlos.
El espectáculo de la
violencia
Una mayor cobertura en los periódicos regionales en 2011
no reflejó políticas editoriales ni trabajos periodísticos más contundentes.
Respondió a un crecimiento exponencial de la violencia en México, que ese año
incluyó más ejecuciones del crimen organizado, las cuales aumentaron un 9 por
ciento en todo el país, según el sociólogo Eduardo Guerrero, de Lantia
Asociados. En algunos municipios la cifra se disparó a más del 100 por ciento.
"Los asesinatos fueron espectaculares en tamaño y
dimensión", dijo por su parte Alejandro Hope, experto en seguridad y ex
analista del órgano de inteligencia civil mexicano, CISEN. "No había
manera de que la prensa regional los ignorara".
Entre los incidentes más sangrientos de 2011 se cuentan:
en Monterrey, el incendio provocado por Los Zetas en el Casino Royale, una casa
de apuestas y donde murieron 52 personas. En Veracruz, al sur del país, fueron
encontrados 35 cuerpos desnudos en una avenida principal. En Guadalajara, la
segunda ciudad más grande de México, fueron hallados 28 cuerpos hacinados en
una camioneta abandonada en una calle muy transitada.
Reportes policiacos
incompletos
El miedo no es la única razón de una cobertura superficial
de la violencia en México., según editores y reporteros.
El flujo limitado de información oficial es el factor
clave que afecta los contenidos en los periódicos. En el caso de la balacera en
el estadio de Torreón, las autoridades locales no proporcionaron un reporte
policiaco completo y, de acuerdo con los protocolos de seguridad de El Siglo,
los reporteros solo incluyeron las versiones oficiales en sus historias.
"Ha sido un calvario obtener datos precisos de las
autoridades locales", dijo Garza. Por ejemplo, la metodología usada por
las procuradurías estatales para contabilizar homicidios es diferente a la
utilizada por la policía municipal. "Algunas veces recibimos información
de tres agencias de gobierno, y todas se contradicen entre si", precisó.
Sin información consistente de autoridades locales y
federales, los medios regionales no pueden añadir contexto en sus notas, dijo
Garza.
No todo es fácil de explicar. La relación entre la
violencia y los medios es multifacética.
Torreón es territorio disputado por carteles del
narcotráfico, y otros siete estados están en la misma situación, atrapados en
un fuego cruzado entre organizaciones criminales y con poca información oficial
que contextualice la violencia. En la mayoría de estos estados, tales factores
inclinan la balanza en la cobertura y las actividades criminales, como
decapitaciones y secuestros, predominan en los reportes periodísticos.
Una revisión de los contenidos de El Siglo de Torreon en
2011 muestra que en las historias periodísticas donde se menciona al crimen
organizado, 457 eran sobre acciones policiacas frente a 713 donde se destacan
las de grupos criminales.
Irónicamente, los medios de estados controlados por un
grupo criminal tienden a publicar más notas sobre acciones del gobierno, como
arrestos y operaciones policiacas.
Los medios en Tamaulipas, Michoacán y Zacatecas, estados
influenciados por el grupo de Los Zetas, evitan escribir sobre esa organización
criminal y sus actividades.
En Tamaulipas, donde el estudio de MEPI encontró el índice
más alto de autocensura, el diario El Mañana rara vez cubre violencia del
crimen organizado. Las pocas historias sobre crimen que publica suceden en
Texas.
En ese estado los periódicos imponen códigos que
restringen la cobertura, mientras que los reporteros, temiendo por su
seguridad, se contienen en su manera de informar. "En Tamaulipas la prensa
está cooptada", dijo Carlos Flores, experto en seguridad y autor de un
libro sobre la colusión entre los gobiernos estatales y el crimen organizado en
Tamaulipas. Otra preocupación para muchos periodistas son los casos de
infiltración de los carteles en las redacciones, a través de colegas
reporteros, de acuerdo con Flores.
Michoacán es otro estado donde la cobertura sobre crimen
organizado es limitada, según el estudio de MEPI. Esto ocurre a pesar de que es
abiertamente aceptado que el cartel de La Familia y otro grupo, Los Caballeros
Templarios, controlan las actividades criminales. El diario monitoreado, La Voz
de Michoacán, nunca menciona a ninguno de estos dos grupos en sus notas.
Sin una solución
fácil
Algunas ciudades han mejorado el flujo de información
gracias a la participación de la sociedad civil e iniciativas del sector
privado. En Ciudad Juárez y Monterrey, por ejemplo, nuevas organizaciones han
contribuido al aumento en el uso de estadísticas. La creación hace dos años de
la Mesa de Seguridad de Ciudad Juárez, una entidad que trabaja con el gobierno
local y la sociedad civil, ha propiciado un mejor flujo de información, según
Alfredo Quijano, editor del periódico Norte. En Monterrey, un grupo privado de
abogados creó al Consejo Cívico de Instituciones de Nuevo León, que promueve la
transparencia gubernamental y en especial el tema de seguridad.
La falta de confiabilidad en el flujo de información tiene
sus orígenes en la historia unipartidista de México, dijo Flores. "Durante
años las autoridades no sirvieron para informar al público, sino para publicar
información que favoreciera al gobierno".
No será fácil cambiar la actitud de las autoridades para
que proporcionen información de calidad, según analistas de los reportes
gubernamentales en México.
Muchas veces los gobiernos locales no tienen el entrenamiento
para saber qué sucede en sus regiones, sostuvo Leticia Ramírez de Alba,
coordinadora de estudios en tendencias criminales para la organización no
gubernamental México Evalúa.
Muchos representantes de los gobiernos locales no tienen
habilidades básicas de investigación policiaca, mientras que otros están
coludidos con el crimen organizado, dijo. En los últimos seis años decenas de
altos funcionarios en el gobierno han sido identificados por la inteligencia
mexicana por sus nexos con distintos grupos del crimen organizado. Un ejemplo
es el reciente arresto de 14 policías federales acusados del probable intento
de asesinato, en agosto de este año, de dos oficiales de la CIA y un capitán de
la Marina mexicana en una carretera cerca de la Ciudad de México. Oficiales de
Estados Unidos sospechan que los oficiales detenidos tienen nexos con el crimen
organizado, de acuerdo con reportes de la prensa.
Las estadísticas y los números se han vuelto herramientas
importantes para medir la efectividad de programas gubernamentales anti-crimen.
En 2010 el Presidente Felipe Calderón, presionado por grupos de derechos
humanos, publicó la primera base de datos en línea sobre homicidios
relacionados con el crimen organizado desde 2006. Por primera vez hubo
disponibles números oficiales que mostraron la creciente violencia asociada al
narcotráfico. La base de datos en línea fue criticada por su metodología poco
rigurosa. También surgieron controversias legales sobre qué jurisdicción,
estado o municipio investigaría los miles de homicidios.
La Procuraduría General de la República publicó más
estadísticas en 2011, aunque contemplaba únicamente los homicidios de enero a
septiembre. Aún es incierto si el presidente entrante, Enrique Peña Nieto, del
Partido Revolucionario Institucional (PRI), que dirigió el país durante 70
años, continuará haciendo públicas las estadísticas sobre crimen.
Mientras tanto, los estados deben proporcionar al gobierno
federal números creíbles sobre las tendencias criminales. Sin embargo
recientemente varias autoridades estatales han manipulado los números, para que
sus estados parezcan seguros ante la opinión pública. Esta práctica es común,
de acuerdo a México Evalúa.
En 2011, por ejemplo, oficiales de Torreón maquillaron las
cifras criminales y desaparecieron más de 100 asesinatos de los datos
oficiales, reportó El Siglo. En 2007, el gobierno del Estado de México, vecino
del Distrito Federal, también manipuló sus números; redujo la tasa de
homicidios violentos en un 60 por ciento, según Ramírez de Alba. Esta
manipulación ocurrió cuando el Presidente electo, Enrique Peña Nieto, era
gobernador de ese estado.
Falta de periodismo
agudo en México
El periodismo mexicano es cobarde al indagar en las
historias de violencia, dijo el periodista Marco Lara Klhar.
"Los periodistas no están entrenados para reportear
historias que vayan más allá de la violencia y que describan problemas
endémicos del sistema político y legal mexicano", dijo. "Como
periodistas no estamos haciendo nuestro trabajo de un periodismo agudo",
añadió.
A su vez, en Torreón, Garza reconoce que él, sus editores
y reporteros entienden la necesidad de buscar otras estrategias para cubrir
mejor el crimen organizado, de una forma segura, pero por ahora hacen lo mejor
que pueden.
En marzo del 2011, 715 periódicos y estaciones de radio y
televisión firmaron un acuerdo que promueve la cobertura imparcial del crimen.
El documento obliga a los medios a "presentar la información en su
contexto correcto y en su justa medida". El tratado también pide a los periodistas
que se aseguren de que "la información que se difunda sobre el crimen
organizado debe asignar a cada quien la responsabilidad que tenga sobre los
hechos de violencia". El Siglo de Torreón firmó el acuerdo, pero está
lejos de cumplirlo con la información publicada en sus notas sobre crimen.
Garza dijo que él sabe las limitaciones de su periódico.
Aun así, sigue buscando mejores formas de escribir las noticias y sobrevivir.
Ahora alienta a sus editores a construir bases de datos y a utilizar estadísticas
criminales en mapas y gráficas para contar las historias.
"Pensamos que tal vez así sea la manera de evitar
problemas de seguridad en el futuro", concluyó.
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