Los funcionarios de la Junta Central
Electoral en Santo Domingo prefirieron cerrar la filial de Atlanta, a pesar del
reclamo de la comunidad dominicana en esa ciudad
Alexander Peña/Acento.com.do
ATLANTA-GEORGIA, Estados Unidos.-La
comunidad dominicana de Georgia se quedó sin la posibilidad de renovar una
cédula u obtener un acta de nacimiento sin tener que hacer un costoso viaje a
Miami o Nueva York, luego de que fuera desalojada por falta de pago la oficina
de la Junta Central Electoral (JCE) que precariamente proveía estos y otros
servicios.
La dependencia de la JCE estuvo durante
ocho meses en un espacio que “prestó” al organismo el empresario y
representante consular dominicano, Ramón Ellis, pero fue cerrada apenas un mes
después de las elecciones de mayo, porque alegadamente “no había presupuesto”
para rentar el local y seguir operando.
Carlos Fernández, que hasta hace poco fue
el encargado y único empleado formal de la filial, indicó que la Junta rechazó
asignarle más recursos para alquilar y equipar debidamente el local, y dispuso
en cambio clausurar la oficina.
“Ciertamente se solicitó un mayor
presupuesto, sobre todo para los equipos requeridos; se planteó la necesidad de
un local, y la respuesta fue que no había presupuesto para eso”, explicó Fernández,
quien trabajó bajo contrato como representante de la JCE en Georgia.
La Junta nunca dio respuesta al reiterado
interés del propietario en rentarle formalmente el local, tras ocho meses
ocupando el espacio “sin pagar un chele”. “Colaboré en lo que pude para las
elecciones y esperé hasta junio para tomar la decisión, pero en Washington no
mostraron ningún interés, y les comuniqué que debían entregar el local”,
detalló el empresario.
Ellis, representante del Consulado de
Miami en Atlanta, afirmó que la JCE “dio a entender” a la comunidad que la
filial de Georgia iba a constituirse en una sede regional de la entidad, para
dar servicio también a los dominicanos residentes en los estados aledaños.
Un “negocio”, más que un servicio a la
comunidad
Manuel Galván, dirigente del Partido
Revolucionario Dominicano (PRD) y uno de los gestores iniciales de la efímera
filial, calificó como una “burla a la comunidad” la acción de la JCE. Opinó que
el organismo “dejó en el aire” a sus connacionales de Atlanta “porque vieron la
oficina como un negocio para recaudar dinero, y no como un soporte para una
comunidad que está en crecimiento”.
“Personalmente creo que en la JCE vieron
la oficina como una inversión, no como un apoyo a la comunidad; no sé cuáles
son los parámetros para abrir una filial en un estado, pero entiendo que se
debió hacer el esfuerzo”. Ramón Ellis, empresario y representante del Consulado
de Miami en Georgia
Lamenta que ahora haya que tomar un vuelo
o manejar durante 12 ó 14 horas, hasta Miami – o a veces hasta la RD - para
sacar un acta de nacimiento, un certificado de divorcio, renovar la cédula y
procurar todos los servicios que ofrecía la oficina de la JCE durante los tres
días a la semana en que abría sus puertas.
Galván atribuye a la JCE la baja participación
de la comunidad en los comicios de mayo pasado, cuando apenas se registraron
para votar 862 personas, de las cuales solo el 35% acudió a las urnas.
“La Junta no invirtió ni un centavo en
promover las elecciones aquí ni en orientar a la gente, fueron los partidos
quienes llevaron la gente a cedular”, apuntó.
Dominicanos consultados manifestaron a
este reportero su “indignación” porque ahora tendrán que invertir mucho tiempo
y dinero en tickets aéreos o combustible para hacer cualquier trámite.
“Eso afecta a uno tremendamente,
imagínese, tener que manejar tan lejos a Miami para buscar un documento que
aquí se podría conseguir en dos o tres horas. Ojalá que la Junta reponga la
oficina”, expresó el comerciante William Méndez.
“La Junta debe entender que somos una
comunidad que también aportamos a la economía de allá con las remesas y la
paquetería que enviamos. No es justo que tengamos que ir a NY o Miami para
cualquier trámite”. Manuel Galván, comerciante y dirigente del PRD
Para Víctor Ramírez, presidente de la
Asociación Dominicana Internacional (ADI), el caso “demuestra una vez más que
la comunidad de Georgia y sus demandas no cuentan con el respaldo directo y
efectivo de las autoridades” dominicanas.
En el sureño estado de Georgia residen
por lo menos quince mil dominicanos, según las cifras oficiales del Censo de
los Estados Unidos al año 2010.
“Cuando se toman decisiones a la ligera
para abrir una dependencia del Gobierno en el exterior, vamos a tener
resultados efímeros como éste; ahora la comunidad se queda desinformada y
desamparada por el Estado dominicano”, expresa Víctor Ramírez, presidente de la
ADI.
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