La fiscalía pedirá la pena capital para los soldados que
quisieron matar a Obama.
(elpais.es).-La fiscalía pública norteamericana pedirá la
pena de muerte para los tres de los soldados del Cuerpo de Infantería de EE UU
acusados de tramar una cadena de atentados terroristas, que hubiera culminado
con el magnicidio del presidente Barack Obama, y en cuya planificación mataron
a un compañero de filas y a la pareja sentimental de éste.
Con el cuarto
soldado implicado pactarán una pena menor, ya que colaboró con los fiscales y
delató a la milicia.
El fiscal del distrito del condado de Long, en Georgia,
reveló el jueves que presentará 13 cargos, los más graves por homicidio y
pertenencia a banda criminal, contra dos soldados —Isaac Aguigui, de 19 años, y
Christopher Salmon, de 25— y el sargento Anthony Peden, de 25 años. Los tres
estaban destinados a la base de Fuerte Stewart. Se les incrimina,
eminentemente, por el asesinato del soldado retirado Michael Roark, de 19 años
años, y su novia, Tiffany York, de 17.
El 5 de diciembre, unos pescadores encontraron los cuerpos
de Roark y York en una zona boscosa en el condado de Long, al sur de la ciudad
de Savannah. Presentaban dos disparos en la cabeza. Entonces nadie relacionó
las muertes con la cercana base militar de Fuerte Stewart. Allí, los cuatro
integrantes de la milicia habían amasado todo un arsenal: 87.000 dólares en
pistolas, fusiles y materiales explosivos. Sus planes a largo plaz sembrar el
caos y descabezar al Gobierno norteamericano.
Los soldados querían comenzar por colocar explosivos en
una de las muchas plazas de Savannah. Luego, envenenarían los huertos de
manzanos del Estado de Washington. El objetivo final, llegar a Washington para
asesinar a Obama, y tomar la Casa Blanca. Su ideario ha sido definido por los
fiscales de “anarquista”. “Decían querer devolverle el poder al pueblo”, alegó
el ministerio público, que ha presentado los cargos criminales.
Aunque los imputados son soldados, les juzgará la justicia
ordinaria. La justicia militar no ejecuta a un reo desde 1961, aunque hay ocho
uniformados norteamericanos que esperan en el corredor de la muerte, en la
prisión de la base de Fuerte Leavenworth, en Kansas. La pena de muerte es legal
en Georgia. Allí se ajustició el año pasado a Troy Davis, un reo que defendió
su inocencia, en un juicio por homicidio plagado de irregularidades, hasta el
momento mismo de su muerte.
También se han presentado cargos por homicidio contra
Heather Salmon, esposa de uno de los soldados, aunque la fiscalía ha avanzado
que contra ella no se pedirá la pena de muerte. En la milicia operaba un cuarto
soldado, el delator, Michael Burnett, de 26 años. Este compareció ante el juez
el jueves, y testificó que Roark, el exsoldado asesinado, había ayudado a la
milicia en la compra de armas pero, desencantado con sus compañeros, había
abandonado el ejército y la trama.
El soldado Aguigui, el más joven de todos, líder de la
milicia, decidió aniquilar a Roark para evitar que acudiera a las autoridades.
Le ejecutaron de un tiro en la cabeza, en el bosque. A su novia la mataron en
un coche. Los familiares de ambas víctimas interrumpieron la vista oral el
jueves en repetidas ocasiones, llamando asesinos a los soldados detenidos. A
Aguiguise le investiga ahora por la muerte de su mujer en circunstancias no
aclaradas, en julio de 2011. Por ello, el soldado cobró un seguro de vida de
500.000 dólares que empleó para comprar armas para la milicia.
Por: David Andalete/El País
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