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TC falla contra la Cámara Diputados

lunes, 24 de septiembre de 2012

Publicado por prensalibrenagua.blogspot.com


SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El Tribunal Constitucional (TC) rechazó un recurso de revisión interpuesto por la Cámara de Diputados contra una sentencia de amparo que le ordena la entrega de información sobre los nombres y salarios de los asesores de ese hemiciclo, solicitada por un ciudadano.

El tribunal reafirmó que el Estado está obligado a la transparencia como forma de controlar la corrupción. En tal virtud,  ordenó que la referida información sea facilitada al señor Manuel Muñoz Hernández.
Aunque originalmente la Cámara de Diputados entregó la información, en la misma sólo se hacía constar el número de asesores, la distribución por bloques y el monto de los salarios, sin individualizar ni  mencionar los nombres, tras alegar que debía esperar que los asesores manifestaran su consentimiento para que sus identidades sean reveladas.
Al considerar Muñoz Hernández que dicha información resultaba incompleta, interpuso una acción de amparo la cual fue acogida por la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo.  En su fallo ésta resaltó que los nombres, cargos y salarios no son de carácter confidencial, por lo que el hemiciclo recurrió en revisión ante el Tribunal Constitucional, que rechazó el recurso.
En su decisión el TC observó la necesidad de balancear los derechos en conflicto al derecho a la libre información que tienen las personas y grupos no pertenecientes al sector público versus el derecho a la intimidad de funcionarios y empleados de una institución al revelar los nombres, cargos y salarios.
El TC consideró que si bien la identidad es un dato que permite identificar a las personas e individualizarlas, no se trata de datos o informaciones personales o íntimas.
Indica que aunque el derecho a la intimidad es un valor fundamental del sistema democrático, no se puede restringir el derecho de libre acceso a la información pública a riesgo de desproveer a la ciudadanía de las herramientas para controlar el uso y manejo de los recursos públicos, a fin de colocar obstáculos a la corrupción en la Administración Pública.

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