Por: SILVIO CABRERA/El Nacional
La Procuraduría General de la República retomó este jueves
el caso que por alegados actos de corrupción se le seguía al senador peledeísta
Félix Bautista, tras pedirle a la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia
(SCJ) que anule el auto mediante el cual se dispuso el archivo definitivo del
expediente.
La información fue ofrecida en rueda de prensa por el
procurador Francisco Domínguez Brito, quien explicó que se trata de un pedido
de anulación de un auto dictado el 13 de agosto de este año por la Dirección
Nacional de Persecución de la Corrupción Administrativa, a favor de Bautista.
Domínguez Brito declaró que se solicitó a la Cámara Penal
de la Suprema Corte de Justicia la anulación del citado auto, porque carece de
seriedad y fundamento jurídico.
Precisó que el Ministerio Público no tiene facultad para archivar de manera
definitiva un expediente, razón por la que pide a la Cámara Penal del máximo
tribunal de justicia que anule el auto dictado a favor de Bautista, a los fines
de que le permita a las nuevas autoridades retomar la investigación.
Bautista fue favorecido con auto de archivo del expediente
a pocas horas del cambio de gobierno,
por considerar que no hay fundamento para la acusación que en su contra hizo el
Partido Revolucionario Dominicano y a la Alianza Dominicana contra la
Corrupción.
“Archivar de manera definitiva, con todas sus
consecuencias, el proceso iniciado contra Félix Bautista, en ocasión de los
reportajes periodísticos, denuncias y querellas interpuestas por el Comando de
Campaña del PRD, representado por César Cedeño, reiterada por la Comisión de
Justicia y por la doctora Josefina Juan, Rafael Percival Peña, Juan Tomás
Taveras y otros”, explica el acto de archivo que en ese entonces se dictó a
favor de Bautista.
Para archivar las denuncias, Hotoniel Bonilla, director de
la DPCA, dice que los hechos atribuidos a Bautista no constituyen una infracción
penal.
Bautista fue acusado por varias entidades, entre ellas el
PRD, que le atribuye haber malversado más de 112 millones de dólares propiedad
del Estado.
Entre las acusaciones figuran un contrato con la empresa Sun Land, el cual fue
concertado sin la aprobación del Congreso Nacional.
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