Coincide con
opiniones de otros juristas
SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El director
ejecutivo de Participación Ciudadana, Javier Cabreja, coincidió con la opinión
de otros destacados juristas en el sentido de que el Tribunal Superior
Electoral es el organismo facultado para conocer de conflictos como el
suscitado al interior del Partido Revolucionario Dominicano, PRD.
Ante preguntas periodísticas, el ejecutivo de la
organización cívica no partidista respondió que en los conflictos de los
partidos políticos, el TSE es la jurisdicción electoral la que tiene
competencia para actuar.
Coincidente con ese criterio se han expresado juristas de
la categoría de Flavio Darío Espinal, quien puntualizaba en un escrito reciente
que “El artículo 13 de dicha ley establece que una de las atribuciones de este
Tribunal es conocer en única instancia “de los conflictos internos que se
produjeren en los partidos y organizaciones políticas reconocidos, o entre
éstos, sobre la base de apoderamiento por una o más partes involucradas y
siempre circunscribiendo su intervención a los casos en los cuales se violen
disposiciones de la Constitución, la ley, los reglamentos o los estatutos partidarios”.
Si bien ese artículo 13 contiene un párrafo que limita al
TSE para intervenir cuando se trate de medidas disciplinarias, es obvio que el
conflicto existente en el PRD trasciende a tales medidas, ya que envuelve
violaciones de los derechos constitucionales de los dirigentes perredeístas que
alegan se les afectó e sus derechos ciudadanos, fueron desconocidos los
Estatutos del partido y se vulneró el debido proceso de ley, inclusive si
tuviera alguna base la adopción de sanciones de carácter disciplinario.
Pereira y Castillo Pantaleón
Antes habían opinado sobre el tema abogados con la
autoridad de Luis Miguel Pereira, quien estableció que el TSE actuó conforme al
derecho cuando ordenó la suspensión provisional de las expulsiones y
suspensiones en el PRD. Cree que también actuó con prudencia cuando ordenó la
suspensión de la convocatoria del CEN, hasta tanto se conozca el fondo del
asunto. Señaló que el TSE tiene competencia para hacerlo y actuó con
prudencia.
Al cuestionar la decisión del grupo de Hipólito Mejía, de
descalificar al Tribunal Electoral, Juan Miguel Castillo Pantaleón, un ex
fiscal del Distrito Nacional, académico y autorizado litigante opinó que “Si cada parte de un proceso llama a la
desobediencia y pretende legitimar su desobediencia, significaría socavar todo
el sistema jurídico”.
Castillo Pantaleón fue inapelable al advertir que “los
jueces son una autoridad”. Y sugirió que “las partes deben ir a los tribunales
a litigar, no a pelear con el juez,
porque quien pretenda colocarse de espalda al sistema jurídico tiene el pleito
perdido de antemano”.
Exprocurador
Céspedes.
El doctor Víctor Céspedes, quien fungió de Procurador
General de la República precisamente en el gobierno de Hipólito Mejía, subrayó
ayer en un espacio televisivo que en el conflicto del PRD su presidente, Miguel
Vargas, tendrá ganancia de causa en cualquier instancia en que sea conocido el
caso, ya que la razón y el derecho están de su lado.
Expuso Céspedes que el hecho de haberse puesto de acuerdo
algunos dirigentes, no era suficiente razón para suspender a un presidente del
partido y a otros dirigentes, actuándose en base a motivaciones personales, que en modo alguno
pueden colocarse por encima de prerrogativas establecidas en la Constitución de
la República y en los propios Estatutos del PRD.
El abogado y dirigente perredeísta advirtió que de
aceptarse ese precedente, todos los directivos municipales o zonales del PRD
estarán a merced de que un grupo de dirigentes acuerden su sustitución, al
margen de los estatutos y la Constitución de la República, basados en intereses
lesivos de la institucionalidad, lo que conllevaría a un socavamiento de toda
la estructura partidaria.
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