Por: Víctor Núñez
El coordinador general de Participación Ciudadana, Samir Chamir Isa, informó este martes que a esa entidad le anima el pacto firmado entre el mandatario de la República, Leonel Fernández y el presidente del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Miguel Vargas Maldonado, porque rompe el limbo jurídico que existía con el Consejo Nacional de la Magistratura, el Tribunal Constitucional y el Tribunal Superior Electoral.
Opinó que lo importante de ese acuerdo fue una lesión a los que consideran que las leyes orgánicas podrían aprobarse en el Congreso con mayoría simple, y no con la mayoría absoluta, como manda la Constitución.
Samir consideró que era momento de buscar una solución al tranque que había en ese sentido, puesto que ya hay que convocar al Consejo Nacional de la Magistratura y así terminar con el limbo que insistió existe en la conformación del Tribunal Constitucional y el Tribunal Superior Electoral.
Aclaró que lo que se hizo con la Ley del Consejo Nacional de la Magistratura no fue lo correcto, porque debido someterse un proyecto nuevo y no haberse publicarse. Explicó que para PC y las demás entidades que forman la sociedad civil esa ley nunca fue aprobada, como manda la Carta Magna.
Isa sugirió tomar en cuenta que en el pacto se acordó someter un nuevo proyecto del Consejo Nacional de la Magistratura el cual hay que darse seguimiento para que se cumpla. Observó que, lamentablemente en República Dominicana se dicen cosas y nunca se cumplen.
Este lunes, el presidente Leonel Fernández y Miguel Vargas Maldonado firmaron un acuerdo para modificar siete artículos de la Constitución, que incluyen la prohibición de la reelección presidencial y la extensión a seis años del período de los legisladores y síndicos que resulten electos en los comicios del próximo año.
Otro de los acuerdos a que arribaron fue combinar en la nueva Constitución el Just Solis y Just Sanguini como condición para obtener la nacionalidad dominicana.
Además aprobaron incluir un artículo en la nueva Constitución que congele en 210 la matrícula de los legisladores (senadores y diputados), incluyendo los que serán electos en el exterior.
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