Pablo Vicente exhorta a partidos políticos a cumplir con el 10 % para formación política

Santo Domingo, -El presidente de la Fundación Justicia y Desarrollo Local (FUJUDEL), Pablo Vicente, exhortó a los partidos, agrupaciones y movimientos políticos a cumplir de manera estricta con la obligación legal de destinar al menos el 10 % de los fondos públicos recibidos a programas de formación y educación política, conforme a lo establecido en la Ley núm. 33-18.

El llamado se produce tras la reciente información publicada sobre la distribución de RD$1,620 millones por parte de la Junta Central Electoral (JCE) a las organizaciones políticas reconocidas para el año 2026, recursos que provienen del Presupuesto General del Estado.

“Estos fondos no pueden verse únicamente como un mecanismo de sostenimiento administrativo o proselitista. Son recursos públicos y, como tales, deben traducirse en una inversión real en formación política, educación cívica y fortalecimiento institucional, pilares esenciales para una democracia sólida y responsable”, expresó el experto en derecho electoral.

El presidente de FUJUDEL y catedrático universitario recordó que la legislación vigente es clara al establecer que no menos del 10 % del financiamiento estatal debe destinarse a la capacitación política, especialmente orientada a la formación de jóvenes, mujeres y nuevos liderazgos, así como al fortalecimiento de la democracia interna de los partidos.

Asimismo, subrayó que el cumplimiento de esta disposición no es opcional ni simbólico, sino una obligación legal que debe ser acompañada de transparencia, rendición de cuentas y supervisión efectiva por parte de los órganos competentes.

“Desde FUJUDEL insistimos en que la formación política es una inversión en el futuro democrático del país. Partidos más formados significan dirigentes más conscientes, ciudadanía más informada y una política de mayor calidad”, afirmó.

Finalmente, Pablo Vicente llamó a la Junta Central Electoral a continuar fortaleciendo los mecanismos de fiscalización y a la sociedad civil a mantenerse vigilante sobre el uso de los recursos públicos asignados a las organizaciones políticas.