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SANTO DOMINGO (República Dominicana).- Luego de establecer el Ministerio Público la vinculación de dos hombres a un fraude financiero, un tribunal del Distrito Nacional declaró el caso complejo y le impuso a los procesados medidas de coerción consistentes en garantía económica por diferentes montos, presentación periódica e impedimento de salida del país.
Ambos formaban
parte de una estructura criminal dedicada a la obtención ilícita de fondos y
estafa por más de 19 millones contra entidades de intermediación financiera.
A Michael
Ernesto Martínez Ramírez le fue impuesta una garantía económica de RD$2,000,000
y a Jan Marcos Sánchez de la Rosa de RD$400,000, mediante contrato de compañía
aseguradora. Contra los imputados, además, se ordenó la presentación periódica
ante el Ministerio Público e impedimento para salir del país sin autorización
judicial.
Durante la
audiencia el Ministerio Público solicitó como medida de coerción la imposición
de tres meses de prisión preventiva
El Ministerio
Público, representado por las fiscales Lewina Tavárez Gil, directora interina
de la Dirección Nacional de Investigación de Delitos Financieros, y la
fiscalizadora Margaret Cabrera Morillo, señaló que, en consonancia con la
fundamentación fáctica de la solicitud de medida de coerción, desde el 19 de
junio de 2025 los imputados, junto a otros miembros de la red criminal,
realizaron y recibieron transferencias bancarias mediante una compañía
internacional.
Las
transferencias eran duplicadas en la acreditación de fondos de la entidad
crediticia y los imputados aprovechaban para la obtención ilícita de fondos,
logrando estafar a una sociedad financiera con la citada suma millonaria.
La jueza
Fátima Scarlette Veloz Suárez, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención
Permanente del Distrito Nacional, dictó la medida de coerción a los procesados.
El Ministerio
Público ha establecido en el proceso que los imputados Michael Ernesto Martínez
y Jan Marcos Sánchez de la Rosa, junto a más de veinte investigados, vulneraron
la red tecnológica de la entidad financiera, a través de la cual generaron
fondos ilícitos mediante acreditaciones irregulares con cargo a sus cuentas y a
tarjetas de débito asociadas.
Posterior a la
obtención de fondos, procedían a transferirlos a cuentas y a dispersarlos a
terceros.
El Ministerio
Público les imputa violaciones a los artículos 265, 266 y 405 del Código Penal
dominicano y los artículos 14 y 15 de la Ley 53-07, sobre Crímenes y Delitos de
Alta Tecnología, así como a la Ley 155-17 contra el Lavado de Activos y el
Financiamiento del Terrorismo.
El órgano
persecutor sostiene que se trata de una red criminal altamente estructurada,
por lo que solicitó la imposición de prisión preventiva como medida necesaria
para garantizar la correcta continuación del proceso, salvaguardar la
integridad de la investigación y asegurar la comparecencia de los imputados a
todos los actos del proceso, mientras las pesquisas continúan en curso.
Dirección
General de Comunicación, Prensa y RRPP
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