SANTO DOMINGO (República Dominicana).- Al acoger la solicitud del Ministerio Público, un tribunal le impuso 18 meses de prisión preventiva y declaró complejo el proceso seguido en contra de un hombre y una mujer cabecillas de una red transnacional de trata de personas con fines de explotación sexual comercial, desmantelada en Puerto Plata.
Los procesados Julio de la Cruz Vásquez (Nacho o
Gordo) y Leonelis Rodríguez Martínez enfrentan cargos por delitos de trata de
personas agravada, abuso psicológico y sexual contra menores de edad y
proxenetismo agravado, en violación a las leyes 137-03 sobre Tráfico Ilícito de
Migrantes y Trata de Personas y el Código para la Protección y los Derechos
Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes (Ley 136-03).
A De la Cruz Vásquez también se le imputa la
usurpación de funciones porque, aunque fue cancelado de la Fuerza Aérea de la
República Dominicana (FARD), continuaba diciendo que formaba parte de esa
institución.
El Ministerio Público ejecutó una orden de arresto en
contra de los procesados luego de establecer en el transcurso de la
investigación que se dedicaban a captar y a trasladar mujeres y adolescentes de
diferentes barrios de Puerto Plata para ofertar sus servicios sexuales.
La fiscalizadora Julissa Gómez Camacho representó al
Ministerio Público en la audiencia en la que el juez Romaldy Marcelino
Henríquez, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Puerto
Plata, impuso la medida de coerción que los imputados deberán cumplir en los
centros de corrección y rehabilitación San Felipe y Najayo Mujeres en San
Cristóbal.
Como parte de las pesquisas de este caso, fue
realizado un allanamiento a una villa de dos niveles ubicada en la calle
principal del sector Cupey, en el municipio San Felipe, la cual era utilizada
por la red como centro de operaciones, siendo rescatadas en la misma nueve
víctimas, entre ellas, seis mujeres con edades entre los 18 y 28 años, así como
tres adolescentes de 17 años de edad. Las autoridades también ocuparon
diferentes evidencias.
Durante la investigación se determinó que en el lugar
se ofertaban los servicios sexuales de mujeres, así como de adolescentes de
entre 15 y 17 años, previo el pago de sumas que oscilaban entre 120, 200, 250 y
400 dólares. En una de las transacciones por servicios sexuales se estableció
que el imputado De la Cruz Vásquez recibió la suma de 1,600 dólares por un
servicio.
Persecución contra la estructura criminal
La acción contra la red se puso en marcha el pasado 30
de mayo, tras el inicio de la investigación a cargo de la Procuraduría
Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas
(PETT), conjuntamente con la Fiscalía de Puerto Plata, representadas por sus
titulares, la procuradora de corte Yoanna Bejarán Álvarez y el fiscal Warlyn
Taveras, con la participación de la
fiscal de la PETT Noelia Taveras y los fiscales de Puerto Plata Carmen Daynisa
Rosario Pascual, Carmelina Soto e Hilda Patricia Lagombra Polanco.
La persecución inició luego de que el pasado 13 de
marzo de 2025, la División Especializada de Investigación contra Delitos
Migratorios (Deidem), adscrita a la Dirección Central de Investigación
(Dicrim), de la Policía Nacional, recibiera una denuncia confidencial que dio
origen a las pesquisas.
El apoyo a la investigación fue proporcionado por la
Oficina de Investigaciones del Ultramar del Servicio de Seguridad Diplomática,
por sus siglas en inglés DSS, y la Oficina de Investigaciones de Seguridad
Nacional (HSI), de la Embajada de Estados Unidos.
Dirección General de Comunicación, Prensa y RRPP
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