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Por Walfy Serrano/Politólogo
La República Dominicana cuenta con una amplia red de instituciones sociales orientadas a combatir la pobreza, asistir a los más vulnerables y mejorar la calidad de vida de miles de familias. Sin embargo, en vez de operar como un sistema integrado, estas instituciones —al menos diez de ellas— funcionan de forma dispersa, con estructuras paralelas, presupuestos propios y funciones muchas veces redundantes. Esta fragmentación no solo representa un problema administrativo: se traduce en ineficiencia, gasto público innecesario y servicios menos efectivos para la ciudadanía.
Organismos como
el Sistema Único de Beneficiarios (SIUBEN), el Programa Supérate, Comedores
Económicos, el Plan de Asistencia Social de la Presidencia, la Administradora
de Subsidios Sociales (ADESS), las comisiones presidenciales de desarrollo
provincial y barrial, el Gabinete de Coordinación de Política Social, entre
otros, cumplen funciones similares: entregar subsidios, mejorar viviendas,
ofrecer alimentos o ejecutar obras sociales. Pero en lugar de actuar como una
sola red articulada, operan con oficinas separadas, nóminas distintas, sistemas
propios y poco intercambio de información.
¿El resultado?
Una burocracia pesada, ciudadanos confundidos y millones de pesos
desperdiciados.
Una propuesta de
reforma integral
Unificar estas
instituciones en un solo organismo de política social permitiría reducir gastos
administrativos, eliminar duplicidades y aumentar la eficiencia. Según
estimaciones oficiales, la fusión de entidades públicas podría generar un
ahorro de hasta RD$25,000 millones al año. Imaginen cuántas viviendas se
podrían mejorar, cuántas raciones alimenticias entregar, o cuántos niños pobres
podrían recibir apoyo educativo con esos fondos liberados.
Además, una sola
entidad permitiría implementar la tan ansiada ventanilla única social: en lugar
de que una madre de escasos recursos tenga que inscribirse en Supérate para el
bono, ir a ADESS para confirmar su tarjeta, buscar en SIUBEN su clasificación y
luego acudir al Plan Social para una ración, lo haría todo en un solo lugar,
con una base de datos unificada y seguimiento continuo.
Más
transparencia, mejor gobernanza
La dispersión
institucional también afecta la rendición de cuentas. Hoy se producen informes
separados, compras duplicadas, múltiples contratos, y se dificulta saber el
impacto real de cada programa. Unificar estas funciones permitiría crear un
presupuesto único del gasto social, donde se pueda ver con claridad cuántos
recursos llegan a los más pobres y con qué resultados.
Además,
permitiría una mejor planificación, seguimiento y evaluación del impacto. Un
solo sistema permitiría cruzar datos de educación, salud, vivienda y empleo,
diseñando políticas más efectivas e integrales.
Lo que ya se
está haciendo y lo que falta
Hay avances
importantes. El Gobierno ha anunciado la fusión de Supérate y ADESS, y la
integración de Comedores Económicos al Plan de Asistencia Social. Pero estas
medidas deben ser parte de una reforma mayor: una sola gran institución de
protección social, con presencia nacional, base de datos única y programas bien
articulados.
No se trata de
eliminar ayudas, sino de entregarlas mejor. No se trata de centralizar el
poder, sino de simplificar procesos y enfocarse en los resultados. Una reforma
de esta magnitud requiere voluntad política, diálogo institucional y enfoque
ciudadano.
En conclusión
La unificación
de las instituciones sociales en la República Dominicana no es solo deseable:
es urgente. Por eficiencia, por transparencia y, sobre todo, por justicia
social. El país no puede seguir permitiéndose gastar más en estructuras
administrativas que en beneficios reales. Es momento de que cada peso invertido
llegue con impacto y dignidad a quien más lo necesita.
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