Walfy Serrano/Politólogo
Santo Domingo, República Dominicana. En los debates sobre educación, es común poner el foco en los docentes y estudiantes. Sin embargo, existe un grupo esencial, a menudo olvidado, que sostiene el funcionamiento diario del sistema educativo nacional: el personal administrativo del Ministerio de Educación (MINERD). Miles de estos trabajadores enfrentan una realidad alarmante: forman parte del aparato estatal, pero viven en condiciones de pobreza extrema.
Según datos del
Registro Social Universal de Hogares (RSUH), más de 5,000 empleados
administrativos del Ministerio de Educación están vinculados a hogares
clasificados en el nivel más bajo del Índice de Calidad de Vida (ICV 1), es
decir, en condiciones de pobreza extrema. Se trata de auxiliares, técnicos,
conserjes, digitadores, personal de apoyo y administrativos generales que, a
pesar de prestar servicios esenciales para el funcionamiento institucional,
viven en hogares que no alcanzan el umbral mínimo de bienestar social y
económico.
De los más de
100,000 empleados que conforman la nómina institucional, se estima que:
•Un 5% pertenece
a hogares en pobreza extrema (ICV 1).
•Un 24% vive en
pobreza moderada (ICV 2).
•Un 26% en
condiciones intermedias (ICV 3).
•Solo el 13%
pertenece a hogares con mejores condiciones de vida (ICV 4).
•El 33% restante
aún no ha sido clasificado.
Estos datos
evidencian desigualdades profundas y plantean una obligación ineludible: el
Estado no puede permitir que quienes sostienen su estructura administrativa
vivan por debajo del umbral mínimo de bienestar.
Un déficit
indignante
De acuerdo con
el Banco Central de la República Dominicana, al mes de abril de 2025, el costo
de la canasta básica para el primer quintil de ingresos —es decir, la más baja—
es de RD$27,968.34 mensuales. No obstante, estos empleados administrativos
perciben sueldos inferiores a los RD$10,000 mensuales, lo que implica un
déficit del 64.2% con relación al costo real de vida. Es decir, les faltan
aproximadamente RD$17,968.34 cada mes para cubrir sus necesidades básicas.
¿Dónde está la
equidad?
Esta situación
constituye una contradicción grave. ¿Cómo puede el Estado abanderar la lucha
contra la pobreza si mantiene en esa condición a sus propios servidores
públicos?
El personal
administrativo del MINERD realiza funciones críticas: procesan nóminas, dan
soporte en distritos, oficinas regionales y planteles, mantienen la limpieza y
seguridad de las escuelas, y aseguran que las operaciones del sistema educativo
no se detengan. Sin ellos, la escuela no abre, el sistema no avanza y la
política educativa no se ejecuta.
Una solución
justa y viable
Frente a esta
realidad, se propone una medida simple pero transformadora: ningún servidor
público vinculado a un hogar en pobreza extrema debería recibir un salario
inferior al costo de la canasta básica del quintil más bajo. Aplicar esta
política al personal administrativo del MINERD sería un acto de equidad
institucional y una forma efectiva de reducir la pobreza desde el propio
aparato estatal.
Este enfoque, si
se replica en otras instituciones públicas, podría marcar el inicio de una
política estructural de erradicación de la pobreza extrema desde dentro del
Estado.
Servidores
públicos con dignidad: un compromiso impostergable
Es momento de
mirar con seriedad a quienes mantienen viva la gestión educativa nacional.
Miles de trabajadores administrativos del MINERD cumplen con su labor con
responsabilidad y compromiso, pero no pueden cubrir ni lo básico en sus
hogares.
Garantizar un
ingreso digno —equivalente al costo de la canasta básica más baja— no es un
privilegio, es un deber moral y político. Reconocer la dignidad del servidor
público no es solo justicia: es visión de Estado.
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