Entre los detenidos se encuentra un coronel que dirigía la Intendencia de Armas de la Policía Nacional, entidad que, junto al Ministerio de Interior y Policía, solicitó la investigación.
SANTO DOMINGO (República Dominicana).- El Ministerio Público puso en marcha la Operación Pandora, contra una red criminal compuesta por agentes de la Policía Nacional, encabezada por el coronel que dirigía la Intendencia de Armas de dicha institución. Esta red sustrajo más de 900,000 proyectiles.
La
investigación que condujo a la Operación Pandora se inició el pasado mes de
octubre, tras una solicitud conjunta del Ministerio de Interior y Policía y el
director general de la uniformada.
En la
ejecución de la Operación Pandora participaron más de 200 agentes de unidades
especiales de la Policía Nacional, la Policía Preventiva y la Dirección Central
de Investigaciones Criminales (DICRIM), y más de 40 fiscales que llevaron a
cabo allanamientos en el Distrito Nacional y en las provincias de Santo
Domingo, Santiago, Sánchez Ramírez y Pedernales.
Durante la
operación se arrestó al coronel Narciso Antonio Féliz Romero, quien era el
encargado de la custodia de las armas y municiones, así como al subintendente
Juan Miguel Pérez Soler. También, fueron detenidos el capitán Nelson Valdez,
responsable del Depósito de Armas, Municiones y Pertrechos; el capitán y
auditor Víctor Manuel Santos, quien habría alterado los resultados de una
auditoría realizada en febrero para ocultar la sustracción de cientos de
municiones; y el segundo teniente Marino Antonio Rodríguez Toribio, armero de
la Dirección Regional Cibao Central.
Además, se
encuentran bajo arresto para medidas de coerción el sargento mayor Miguel Ángel
Gómez Espaillat, el cabo Juan Luis Díaz Medina, los rasos Rubiel Martínez
(alias Escobar) y Moreibin Medina Pérez, así como la imputada Miguelina Bello
Segura, quienes fungían como piezas clave en la parte operativa de la
organización criminal.
El Ministerio
Público subrayó que el capitán Santos llevaba más de seis años como auditor en
la Intendencia de Armas y que, además de falsificar datos en la auditoría de
febrero, se asoció con los líderes de la red para intentar manipular de nuevo
los números ante el avance de la investigación, acción que fue rápidamente
detectada por los investigadores.
En las últimas
semanas, los fiscales y equipos técnicos del Ministerio Público han trabajado
extensamente para llevar a cabo esta operación, que tiene una auditoría de la
Policía Nacional que evidenció violaciones no solo de carácter disciplinario,
sino también de naturaleza penal.
Las
diligencias investigativas permitieron la incautación de armas, proyectiles,
evidencias digitales, cientos de transacciones económicas, pruebas
testimoniales y datos extraídos de dispositivos electrónicos, consolidando un
robusto conjunto de pruebas para presentar ante el juez de instrucción.
El Ministerio
Público señaló que este caso es un ejemplo de cómo la colaboración
interinstitucional puede rendir resultados efectivos en la lucha contra el
crimen organizado. Asimismo, valoró el compromiso de la Policía Nacional con el
Estado de derecho y su proceso de reforma al denunciar estos hechos. “Estamos
convencidos de que este caso marcará un antes y un después en la lucha contra
la corrupción dentro de las fuerzas del orden”, indicó el organismo en un
comunicado de prensa.
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