La profesora y expresidenta de la Asociación Dominicana de Profesores, María Teresa Cabrera, sostiene que la existencia de errores en algunos textos escolares no puede ser minimizados y deben ser corregidos de manera inmediata, sin embargo, precisa, que lo que realmente motiva las denuncias de las empresas editoriales, es que no podrán seguir percibiendo alrededor de 6 mil 456 millones de pesos que el ministerio de Educación pagaba por la impresión los libros.
En
ese sentido, Cabrera, que también es candidata a la presidencia por el Partido
Frente Amplio, señala, que para el año escolar 2021-2022, solamente la compra
de una parte de los libros del Nivel Inicial y del Nivel Primario costó al
pueblo dominicano 3 mil 800 millones de pesos y que si se suma a esto una
adenda de 800 millones para la compra de libros de inglés, Educación Física y
Artística para esos mismos niveles y una licitación de mil 856 millones de
pesos para la compra de libros del Nivel Secundario, que no se llegaron a
ejecutar, estaríamos hablando de 6 mil 456 millones de pesos.
“En
contraste con ese monto de 6 mil 456 millones de pesos, la producción de los
libros, impresos y digitales, para todos los niveles: Inicial, Primaria y
Secundaria, con la contratación de la Academia de Ciencias, la Academia de
Lengua, la Academia de la Historia, el Archivo General de la Nación, más cinco
universidades, Fe y Alegría y el
EPISCOPADO, tuvo un costo, según datos del MINERD, inferior a mil 200 millones
de pesos, pueden ser descargados gratuitamente por cualquier persona y la
propiedad es del Estado, por tanto, pueden ser actualizados cuantas veces sea
necesario y reimprimirlos sin tener que volver a licitar su compra”, enfatizó
la maestra.
Dice
que, bajo esa lógica, las empresas editoriales hacen entender como algo
pecaminoso, lo que ellos llaman “estatización” de la producción de los libros
de texto del sistema educativo. Pero argumenta que lo que en realidad protestan
las citadas empresas es la Ordenanza 03-2022 del Consejo Nacional de Educación,
mediante la cual se crea la UNIDAD EDITORIAL del MINERD y se dispone la
preparación, selección y difusión de medios educativos, libros de texto,
instrumentos didácticos, audiovisuales entre otros recursos, por parte del
Estado, para garantizar que las y los estudiantes puedan tener acceso gratuito
a un costo menor para el pueblo que es quien aporta el dinero del presupuesto
de educación a través de los impuestos que paga al Estado.
Cabrera
enfatiza que el Estado no está obligado a comprarles a las empresas editoriales
4 0 5 veces más caro, cuando en este país todavía hay familias que no
encuentran cupo para inscribir sus hijos e hijas en la escuel porque faltan
aulas. Y entiende que “el dinero del Estado sale del sudor de cada dominicano y
dominicana, de los impuestos que pagamos, por tanto, debe ser utilizado con
racionalidad y pulcritud y que se puede dialogar sobre contenido, enfoque, etc.
pero lucrar con el dinero del pueblo no puede convertirse en un derecho para
nadie”.
Propone,
que el MINERD debe hacer las correcciones necesarias, evaluar el tiempo
pertinente para realizar un trabajo de esa naturaleza y robustecer el área
encargada de la evaluación final del producto recibido para evitar que errores
como los identificados en algunos de los libros se repitan, pero debe estar
claro que la definición y aplicación de una política editorial del Estado es
correcta y debemos defenderla.
María
Teresa Cabrera Ulloa/Expresidenta de ADP y candidata presidencial del Frente
Amplio.
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