.jpg)
Donald Guerrero, exministro de Hacienda. Archivo.
SANTO DOMINGO.-El «caso Donald Guerrero» es, según la Procuraduría, el más voluminoso expediente de corrupción en el que trabaja el Ministerio Público y que envuelve montos que se aproxima a los 20 mil millones de pesos.
Se
trata de un mecanismo para cobrar miles de millones de pesos al Estado por
expropiaciones que datan de hasta 50 años y que eran cobrados a precios
actuales y que los investigadores estiman que la mayoría de los fondos quedaban
en manos de personas vinculadas con el Ministerio de Hacienda de la gestión
anterior.
El
Ministerio Público ha sido cauto hasta ahora porque se enfrenta al reto de
demostrar el ilícito por parte de los funcionarios de la gestión anterior,
abogados y “buscones” que se encargaban de detectar expedientes viejos de
expropiaciones.
Los
propietarios originales recibían “migajas”, mientras que el Ministerio Público
estima que los miembros de la estructura se quedaban con la mayor parte de los
recursos.
El
caso se descubrió casi de manera accidental por un tecnicismo en la elaboración
del Presupuesto del 2021. Resulta que cuando las actuales autoridades asumieron
la administración pública el 16 de agosto de 2020 estaba en vigencia el
Presupuesto elaborado por la administración anterior.
Debido
a un tecnicismo que obliga a presentar el proyecto de Presupuesto en octubre,
las nuevas autoridades replicaron casi al calco muchas partidas del Presupuesto
del 2020, pero cuando con el paso del tiempo empezaron a tener control de ese
instrumento de administración pública se descubrió que había una partida con
unos 10 mil millones de pesos para el pago de “deudas del Estado fruto de
sentencias condenatorias” relativas a expropiaciones que databan de hasta 50
años atrás.
Es
ese el campanazo que hizo que las actuales autoridades sospecharan que algo no
andaba bien al respecto y apoderaron al Ministerio Público del caso.
El
reto con el que se han enfrentado los investigadores es el de vincular la
acción con un ilícito y demostrar que autoridades anteriores y cómplices se
lucraban de ese mecanismo que se disfrazaba de legalidad al conseguir
sentencias en los tribunales.
Ese
ha sido el caso que ha llevado varias veces al exministro de Hacienda, Donald
Guerrero, ante la Procuraduría General de la República para ser interrogado, al
igual que otras figuras como Ángel Lockward y Ramón Emilio Collie.
Hasta
ahora
El
Ministerio Público ha identificado pagos por unos 17 mil millones de pesos a
través de este mecanismo y logrado la colaboración de algunos de los investigados.
La
investigación en curso fue develada públicamente por un recurso Contencioso en
contra del Informe especial de la Unidad Antifraude de la Contraloría General
de la República de fecha 23 de septiembre del 2021 sobre el pago de
expropiaciones.
En
un informe interno, esa entidad se pronunció en contra de dos reclamos de pagos
obtenidos por aparentes clientes de Lockward por expropiaciones que datan de 46
años y que totalizan 7,000 millones de dólares.
En
su argumentación, el abogado y político revela que dicho acto administrativo
detuvo el pago de 800 millones de pesos que estaban contenidos en el
Presupuesto de 2021 para el pago de una expropiación correspondiente a una
sucesión de la familia Jorge-Mota y que también provocó la detención del pago
de 6,200 millones de pesos para el pago de la expropiación correspondiente a la
sucesión de Bernardino Mercedes.
Esas
dos sucesiones han estado representadas por Ángel Lockward, quien logró que en
los tribunales se dispusiera el pago y que posteriormente fueran incluidos en
el Presupuesto.
El
acto administrativo de la Contraloría General de la República fue remitido a la
Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa
(PEPCA), que lo ha usado como punto de partida para varias diligencias
investigativas.
Ante
el requerimiento de nulidad por parte de Lockward, la Contraloría ha alegado
que el acto en cuestión se trata de un trámite interno del cual no ha sido
apoderada ninguna instancia judicial hasta el momento y que por tanto no
procede pedir su nulidad aunque el Ministerio Público lo esté utilizando como
parte de sus investigaciones.
Efectivamente,
el Ministerio Público no ha procesado acusación ni sometimiento porque todavía
está en la fase de investigación y recopilación de las pruebas para sustentar
sus alegatos de ilícito.
Mucho
dinero
7,000
Millones de dólares.
En
reclamos de pago por expropiaciones que datan desde el año de 1946.
No hay comentarios:
Publicar un comentario