El banco estatal suma a sus fondos para actividades crediticias los depósitos por este tipo de medida de coerción.
Mariela Mejía/DiarioLibre
Los delitos y la agropecuaria son asuntos muy
distintos, pero en la República Dominicana el primero apoya al segundo con
mucho dinero.
Cuando a una persona procesada judicialmente un juez le impone el pago de una garantía económica en efectivo como medida de coerción, el Banco Agrícola (Bagrícola) recibe ese dinero a través de un depósito.
El monto se formaliza en un certificado y se suma a los fondos de esa entidad estatal, que los emplea para el desarrollo de sus actividades crediticias y metas productivas.Por un caso de drogas llevado por el abogado penalista
Grimaldi Cruz, a su cliente se le impuso el pago de 100,000 pesos en efectivo
como medida de coerción, que fueron al Bagrícola. También de otro por robo,
cuyo monto recuerda que osciló entre 20,000 y 50,000 pesos.
Al cierre del 2021, el Bagrícola tenía 1,018.50
millones de pesos en el balance neto acumulado de las garantías económicas
recibidas, que representaban el 7.8 % de su Programa de Ahorros y Valores del
Público.
El Banco Agrícola de la República Dominicana se creó
en 1945, siendo la segunda institución bancaria estatal conformada en el país
luego del Banco de Reservas. Ofrece productos y servicios financieros a los
productores agropecuarios, microempresas rurales e industrias manufactureras.
Para el banco, los cobros de la cartera colocada
constituyen su fuente principal y prioritaria, para la rotatividad del
financiamiento. Pero también son preponderantes las captaciones de recursos del
público, como los programas de ahorros y valores, alquileres y garantías
económicas, que se complementan con los aportes del Gobierno Central.
El Bagrícola recibe recursos de los imputados desde
2005. Esto se definió a raíz de la entrada en vigencia en 2004 del entonces
nuevo Código Procesal Penal, que puso a disposición del acusado diferentes
formas de garantizar su presencia en el proceso, siendo una la garantía
económica en efectivo.
La Procuraduría General de la República estableció que
los recursos por ese concepto se depositen en el Bagrícola. Esto se comunicó
por escrito el 11 de mayo de 2005, a los magistrados procuradores generales de
cortes de apelación, por el entonces procurador Francisco Domínguez Brito,
quien, además, precisó el procedicimiento el 6 de enero de 2006, al Ministerio
Público en general.
El 8 de julio de 2005, el entonces administrador
general del Bagrícola, Carlos Segura Foster, informó sobre dicha novedad a los
directivos de la entidad y de las sucursales. Consideró en su carta que ese
dinero podía proveer “una importante cantidad de recursos frescos a muy bajo
costo, para continuar el amplio programa de financiamiento” que lleva a cabo la
institución estatal.
Las sucursales de Santo Domingo, Santiago, San
Francisco de Macorís, Higüey y La Vega son en las que más dinero se ha
depositado proveniente de garantías económicas, entre 2015 y 2022, de acuerdo a
un reporte dado por el Bagrícola a Diario Libre.
En los casos en que en una ciudad no haya oficina del
Bagrícola, la garantía se puede depositar en el Banco de Reservas.
La decisión de un juez sobre la garantía económica
generalmente proviene de una audiencia de medida de coerción, de una apelación
de medida de coerción o de una revisión de medida de coerción.
Una vez emitida, el Ministerio Público correspondiente
eleva una instancia al Bagrícola, solicitando la apertura de un Certificado de
Garantía Económica a su nombre y del imputado, anexando la sentencia original
que fija el monto y una copia de la cédula del individuo.
Los montos son variados. A uno en el Distrito
Nacional, por un caso de violencia intrafamiliar, se le impuso en septiembre
pasado una garantía de 20,000 pesos. Se emitió un certificado por esa suma, con
una tasa de rendimiento de 1 % anual. Por otros casos se han impuesto 5,000 o
un millón de pesos.
“Esos fondos son utilizados para el apoyo al sector
agropecuario, en préstamos a nuestros productores”, se reiteró a Diario Libre
desde el Bagrícola.
Sede del Banco Agrícola en la avenida George Washington. (DIARIO LIBRE/EDDY VITTINI)
La magistrada Argentina Contreras, quien se encarga
del trámite de las garantías económicas en la Fiscalía del Distrito Nacional,
explica que los imputados pueden depositar el dinero en la oficina de tesorería
de dicha fiscalía (el modo más usual), que remite los fondos al Bagrícola, o
directamente en dicha institución financiera, con una carta de autorización.
Reporta que solo de esa fiscalía se han enviado más de
100 millones de pesos al Bagrícola desde 2018 a la fecha.
Con compañía aseguradora vs. efectivo
Cuando una garantía económica se paga vía una compañía
aseguradora, esta empresa es la que se responsabiliza de que el imputado se
presente a los procesos de su caso. Por esto, las pagadas por esa vía pueden
ser más altas. Se acuerda un porcentaje que, en promedio, es el 10 % del monto
fijado por el juez.
“Solamente existían dos medidas de coerción con el
anterior Código Procesal Criminal, que era la prisión preventiva y la fianza
bajo la modalidad de contrato de seguro. Fue este código que trajo consigo esa
nueva modalidad de pago de garantía económica”, observa Contreras.
“Entiendo que ha sido para bien, para beneficio de los
propios imputados”, comenta. “Porque a un imputado que le ponen 1,000 pesos,
500 pesos, 1,500, 2,000 pesos en efectivo, viene, lo paga y se va de libertad.
Por aseguradora, ahí paga una prima, que eso lo regula la Superintendencia de
Seguros”.
La Superintendencia informó a Diario Libre que, de
2015 a julio de 2022, son cuatro compañías aseguradoras las autorizadas a
procesar las garantías.
Otras formas de garantías
El artículo 235 del Código Procesal Penal de la
República Dominicana detalla que la garantía es presentada por el imputado u
otra persona mediante el depósito de dinero, valores, con el otorgamiento de
prendas o hipotecas sobre bienes libres de gravámenes, con una póliza con cargo
a una empresa de seguros dedicada a este tipo de actividades comerciales, con
la entrega de bienes o la fianza solidaria de una o más personas solventes.
¿Se devuelve el dinero?
El artículo 237 del Código Procesal Penal indica que
la garantía se cancela y se devuelven los bienes al procesado, más los
intereses generados, cuando se revoque la decisión que la estableció, se dicte
archivo del caso o la absolución, o el individuo se somete a la ejecución de la
pena o esta no se deba ejecutar.
La magistrada Contreras reporta, como ejemplo, la
devolución de 2 millones de pesos a un ciudadano. Pero el abogado Grimaldi Ruiz
tiene un caso que –según indica– el Ministerio Público no ha autorizado al
Bagrícola su devolución porque entiende que debe ser después de cumplida la
condena.
Ruiz, además, observa que hay fondos que no se piden
de vuelta por desconocimiento, desinterés o costo-beneficio. “Si tienes una garantía
económica de 10,000 pesos y el abogado te está cobrando 20,000 para devolverla,
prefieres dejar eso así”, dice. Una cuarta razón que cita es la posible
dificultad burocrática.
"Esos fondos son utilizados para el apoyo al
sector agropecuario, en préstamos a nuestros productores"
Banco Agrícola
Pero hay una excepción para la devolución: salvo que
antes de concluir con su proceso al imputado se le haya ejecutado la garantía a
favor del Estado dominicano, es decir, que si el individuo evade el proceso y
lo declaran en rebeldía, el juez ordena que esa garantía, no importa el monto,
sea ejecutada y devueltos los valores a favor del Estado.
“Porque eso fue lo que él (el juez) puso de garantía,
para asegurar la presencia en ese proceso, si él (el imputado) no lo hace, pues
la garantía que tenemos es ejecutarle ese dinero que depositó como garantía
económica, pasarlo al fisco del Estado, a través de la cuenta de la
Procuraduría General de la República”, dice Contreras.
Entre 2015 a junio de 2022, a la Procuraduría
ingresaron 87,013,021.79 pesos por la ejecución de garantías económicas por
rebeldías, informó la institución a Diario Libre.
En caso de que el imputado fallezca y tenga un
Certificado de Garantía Económica en el Bagrícola, la familia puede reclamar el
dinero mediante un proceso que incluye la presentación de documentos que
prueben la muerte. Contreras recuerda un caso en que se devolvieron 50,000
pesos a parientes.
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