Bogotá, Colombia.- Una comisión encabezada por el contralor general de la República, Catalino Correa, viajó a este país para explorar los resultados de la implementación del modelo de control preventivo y concurrente, basado en Big Data, y su repercusión positiva en la economía y el bienestar de la gente.
Al
Contralor dominicano le acompañó el director de Planificación y Desarrollo,
Rayner Castillo; la directora de Tecnología de la Información y Comunicaciones,
Carmen Mejía; el encargado del Departamento de Ingeniería, Andy Abreu y la especialista de la Unidad Antifraude,
Mirtha Gutiérrez.
La
delegación fue recibida por el contralor general de Colombia, Felipe Córdoba
Larrarte y la auditora general de su país, Alma Carmenza Erazo, quienes
expusieron sobre el novedoso modelo y los esfuerzos que han realizado para
establecer un control macro fiscal de las políticas públicas.
“Tanto nuestra visita a Colombia como la posibilidad de futuros acuerdos de colaboración se enmarcan dentro de los lineamientos del Gobierno de continuar fortaleciendo las competencias de los colaboradores y la eficiente implementación del control interno a gran escala”, sostuvo el contralor Correa.
El
novedoso modelo le ha permitido a Colombia crear un sistema de georreferencia o
control simultáneo de todas las obras, a
través de satélites y drones, con los que pueden verificar en tiempo real la
ejecución de los presupuestos, antes de que el Estado desembolse los pagos a
los contratistas.
“Se
trata de traducir la inversión pública en un valor público del gasto, y en
función tal análisis, el Congreso Nacional pueda identificar razonablemente la
asignación presupuestaria a cada órgano y ente del Estado”, sostuvo Rayner
Castillo, director de Planificación y Desarrollo de la Contraloría.
Resaltó
que Colombia también posee una red familiar de todos los posibles contratados
del Estado, que le permite crear vínculos capaces de generar alertas para
investigar a proveedores y controlar, al mismo tiempo, la adecuada ejecución
del presupuesto y la política pública que debe implementar el organismo
correspondiente.
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