SANTO DOMINGO (República Dominicana).- El procurador adjunto Wilson Camacho aseguró que el Ministerio Público demostró de manera irrefutable la vinculación del imputado Ángel Rondón Rijo a los sobornos distribuidos por la empresa brasileña Odebrecht para agenciarse la adjudicación privilegiada de obras del Estado dominicano.
“Hay una cuestión
irrefutable a la que esta defensa (de los imputados del Caso Odebrecht) no ha
hace referencia, y es cómo el Ministerio
Público ha demostrado en este caso y, sobre todo, en el caso de Ángel Rondón,
que es quien se defiende en este momento, la ruta de dinero”, dijo Camacho.
El titular de la Procuraduría
Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) se refirió
al tema al ser abordado por la prensa, tras finalizar la jornada de este jueves
en el juicio de fondo que conoce el
Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, donde el imputado Ángel Rondón
Rijo presenta su discurso de clausura.
Camacho reafirmó el trabajo
del Ministerio Público al dejar claro su rechazo a declaraciones de José Miguel
Minier, defensor de Rondón Rijo, quien tras la audiencia se refirió a la prensa
en términos despectivos.
En ese contexto, sostuvo que
el Ministerio Público demostró que Odebrecht pagó sobornos en República
Dominicana, “cómo esos sobornos salieron del Departamento de Operaciones
Estructuradas; cómo fueron a un banco, el Bahamas Meat Bank, que Odebrecht
compró para pagar sobornos, cómo ese dinero fue a Clean First, que es una
offshore que Odebrecht utilizó para pagar sobornos y cómo el dinero de Clean
First vino a empresas de dominicanos, como es el caso de Conansa y Lashan, que
son dos empresas de Ángel Rondón Rijo”.
Añadió que el Ministerio
Público también sustentó ante el tribunal “cómo Odebrecht asegura que los
sobornos se entregaron, porque el resultado que esperaban, como consecuencia
del pago de los sobornos, se consiguió”.
En ese sentido, recordó,
como una muestra de que la firma constructora se impuso con los sobornos, que
Odebrecht se benefició con la adjudicación de todas las obras contratadas por
altas sumas de dinero. Además, que cualquier dificultad económica que le creaba
la distribución de sobornos, la cubría con nuevas adendas a los contratos originales.
Las juezas Esmirna Giselle
Méndez, Tania Yunes y Jissel Naranjo, del Primer Tribunal Colegiado del
Distrito Nacional, escuchan los discursos de clausura de las partes en esta etapa
final del proceso judicial.
En audiencias anteriores, el
Ministerio Público presentó su discurso de clausura en el que pidió que fueran
condenados a 10 años de prisión los imputados Ángel Rondón Rijo y Víctor Díaz
Rúa.
Asimismo, el órgano de
justicia pidió que Conrado Pittaluga Arzeno sea condenado a una pena de siete
años de prisión y los coimputados Tommy Alberto Galán Grullón, Porfirio Andrés
Bautista García y Juan Roberto Rodríguez Hernández a cinco años.
Además, solicitó que los procesados
sean condenados al pago de una multa de 200 salarios mínimos, que se ordene el
decomiso de bienes en favor y provecho del Estado dominicano y que sean
sentenciados al pago de las costas del proceso.
El pedimento del Ministerio
Público también incluyó la solicitud de la variación de la medida de coerción por prisión
preventiva, “única medida capaz de hacer cumplir y garantizar el cumplimiento
de la sentencia que se ha de emitir, toda vez que ante el pronunciamiento de la
sentencia y la ejecución de la misma hay un plazo en todo el proceso, plazo que
en muchas ocasiones da pie a la evasión por parte de los condenados para evitar
el cumplimiento de la sentencia”.
Junto a Rondón Rijo son
procesados por los US$92 millones de sobornos de Odebrecht, los imputados
Víctor Díaz Rúa, exdirector del Instituto Nacional de Aguas Potables y
Alcantarillados (Inapa) y exministro de Obras Públicas; el abogado Conrado
Pittaluga Arzeno, los exlegisladores Porfirio Andrés Bautista García y Tommy
Galán Grullón, así como Roberto Rodríguez Hernández, también exdirector del
Inapa.
La Pepca sustenta que el
grupo incurrió en actividades ilícitas que constituyen una violación al Código Penal Dominicano, la
antigua Ley 72-02, sobre Lavado de Activos, y la Ley 448-06, sobre Soborno en
el Comercio y la Inversión.
El juicio continuará este
viernes, 13 de agosto, a partir de las 9:00 de la mañana.
No hay comentarios:
Publicar un comentario