Mao, Valverde.- Varios organizaciones comunitarias del barrio Don Bosco, en Mao, Valverde, pidieron a la gobernación provincial, a la Fiscalía y a la comandancia policial que los ayude a desmantelar diferentes puestos de drogas que han infestado al sector y ocasionado como consecuencia enfrentamientos a tiros y armas blancas.
En
un documento conjunto de la Junta de Vecinos Alicia Almonte, la Parroquia
Sagrado Corazón de Jesús, la Escuela Primaria Padre Luis Variara, el Oratorio
Centro Juvenil Don Bosco y el Movimiento de Fuerza Nuevo Don Bosco, que fue
firmado por decenas de residentes del barrio, piden que se cierren varios
negocios que se citaron como foco principal del problema.
"Solicitamos,
pedimos o rogamos el cierre total de los negocios Colmado Minerva, 4P y El
Timacle" y se proceda a incautar "el auto bocina de Robert #1 y de
aquellas casas que alojen delincuencia", indica la carta sometida a las
autoridades.
Se
informó que esos establecimientos se han cerrado varias veces y la Fiscalía ha
desmantelado sitios de drogas, pero dentro de un tiempo emergen con más fuerza
y crean otros locales. De acuerdo con los vecinos, cuando las autoridades
realizan un operativo los delincuentes son alertados por agentes del orden
público que supuestamente están "comprometidos".
A
finales del año pasado, fueron apresadas cuatro personas durante operativos
preventivos realizados en el barrio Don Bosco y en Santiago Rodríguez, donde se
ocuparon 74 porciones de estupefacientes, con un peso aproximado de 58.6
gramos, celulares y dinero en n efectivo.
De
acuerdo con la Policía Nacional, dos de los detenidos fueron sorprendidos en el
sector Don Bosco, donde se ocuparon la mayor parte de las sustancias
prohibidas, como marihuana, cocaína y crack. Los otros dos presuntos
distribuidores fueron detenidos en pleno toque de queda cuando caminaban por la
calle Sánchez, en el centro de la ciudad de Santiago Rodríguez.
La
información fue distribuida por el periodista Antonio Espinal, nativo del
sector Don Bosco, pero residente en Estados Unidos, quien prometió transmitir
el problema a la procuradora general de la República, Miriam Germán, y al Mayor
General Lic. Edward Ramón Sánchez González, Director General de la Policía
Nacional.
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