El régimen de Pyongyang considera el comportamiento como “desviado”. Hasta el director de la escuela a la que asistía fue condenado a los trabajos forzados.
El régimen de Corea del Norte está aumentando el control sobre la población del país, en una ofensiva impulsada por una represiva ley aprobada a fines del año pasado.
El
caso más reciente que muestra el alcance de la nueva ola de represión de la
dictadura de Kim Jong-un ocurrió a principios de este mes, cuando un
adolescente fue exiliado al campo junto con sus padres tras ser sorprendido
viendo pornografía en su casa en Sinuiju, una importante ciudad ubicada en la
frontera con China.
Según
informó el medio DailyNK, el adolescente estaba viendo un video pornográfico a
altas horas de la noche cuando sus padres no estaban en casa. Fue capturado
durante una inspección sorpresa por un grupo de tareas creado para monitorear
el comportamiento “desviado”.
La
condena del adolescente ocurre bajo la “ley del pensamiento antirreaccionario”
aprobada por el régimen a finales de 2020. La norma establece penas de 5 a 15
años de trabajo correccional por consumo o posesión de videos o libros
pornográficos, fotografías o dibujos que “Predica la superstición”. Las
personas que producen, importan o distribuyen dichos materiales pueden ser
condenados a cadena perpetua o incluso a la pena de muerte, según la cantidad
del material.
En
el caso del adolescente, el castigo fue la deportación en lugar del trabajo
correccional. Aún así, la sentencia condena a la víctima a perder su base
económica y ser estigmatizada políticamente.
La
ley también prevé multas de 100.000 a 200.000 wons norcoreanos (de 100 a 200
dólares estadounidenses) si se produce un delito causado por la “educación
irresponsable” de los menores y ordena que toda la familia se traslade al campo
como castigo para los padres.
El
director de la escuela a la que asistía el adolescente también recibió el
“castigo revolucionario” del trabajo forzado, según DailyNK.
Al
mismo tiempo, el Servicio de Inteligencia Nacional de Corea del Sur explicó en
un informe del 16 de febrero que Corea del Norte ha reforzado los castigos de
la “ley del pensamiento antirreaccionario” al prescribir la pena máxima de
muerte para la importación y distribución de material de vídeo de Corea del
Sur.
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