Por Ramón Mercedes
NUEVA YORK.- Cerca de 300 organizaciones a lo largo y ancho del territorio estadounidense están apoyando la Ley Federal de Abolición de la Pena de Muerte en los Estados Unidos, introducido por el congresista de origen dominicano Adriano Espaillat (NY-13).
Espaillat,
quien considera la pena de muerte una reliquia cruel del pasado que no debería
tener lugar en la sociedad actual, se ha convertido en el líder nacional de la
lucha por la abolición de la pena capital.
“La
pena de muerte es fundamentalmente racista, y sus raíces se remontan
directamente a la terrible historia de linchamientos en los EE.UU. Más del 42 %
de los condenados a muerte y el 34 % de los ejecutados son negros, pero solo el
13 % de la población estadounidense es negra”, precisó Espaillat.
“La
vida humana es invaluable, y toda vida humana es sagrada. Sin embargo, la pena
de muerte olvida un principio fundamental de la humanidad: los seres humanos
pueden cambiar. Los seres humanos tenemos una inmensa capacidad para aprender,
sanar y crecer”, señaló
El
congresista Espaillat sostuvo que ejecutar a alguien niega este principio y no
ofrece una vía para que una persona crezca.
“Una
persona no se define por la peor decisión que tomó, pero la pena de muerte solo
ve la vida de alguien a través de este lente estrecho. Y, sobre todo, socava la
visión central sobre la que se fundó esta nación”, indicó.
“Me
enorgullece presentar esta legislación y creo que es un paso fundamental hacia
una sociedad más moral, equitativa y justa para todos los estadounidenses”,
concluyó Espaillat.
Desde
1973, más de 170 presos condenados a la pena capital en todo el país han sido
liberados del castigo después de que se hallaron errores en los juicios. 20 de
los 50 estados en USA han abolido la pena de muerte.
Hace
28 años fue ejecutado en el condado de Harris, en Texas, el 23 de marzo de
1993, el dominicano Carlos Santana, tras recibir una inyección letal, a raíz de
una condena por el asesinato de un guardia privado de seguridad en 1981.
En
Indiana se ejecutó el pasado sábado a Dustin Higgs, el último preso del
corredor de la muerte federal que recibió la inyección letal bajo el mandato
del presidente Donald Trump.
Fue
el decimotercer reo ejecutado a nivel federal en un plazo de seis meses, desde
que el actual mandatario reanudara en julio del 2020 las ejecuciones de los
reos que estaban en el corredor de la muerte federal.
Todas
estas ejecuciones convirtieron el pasado año en el que más sentencias federales
de pena de muerte se han llevado a cabo en 125 años, desde 1896, según el
Centro de Información sobre la Pena de Muerte (DPIC).
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