Cristhian Jiménez
Busquen el dinero; sean creativos”, pareció ser la instrucción a un equipo mixto que tropieza al intentar armonizar las visiones e intereses de sectores empresariales y la de políticos conminados por reclamos sociales, sorprendidos por el tamaño y complejidad del Estado y el desafío de una pandemia que fracturó el aparato productivo nacional.
La encomienda no era sencilla, sobre todo porque
apenas días antes hubo de apurarse un presupuesto complementario colgado a
préstamos, bonos soberanos por 3,800 millones de dólares, para financiamiento
de planes de salud y ayudas sociales.
Quisiera atribuir a la prisa, que el equipo económico
oficial decidiera gravar productos y servicios que se cargarían a una clase
media, cada día más reducida en cantidad y nivel, al recoger algunas hilachas
olvidadas en reformas (parches) anteriores e intentar otros tan absurdos como
el impuesto sobre la renta al salario 13, que figura exento en el código
laboral.
La explosión de amplios sectores en las redes fue
inmediata, convirtiéndose en tendencia el famoso “se van”, aplicado durante la
campaña electoral al peledeismo gobernante.
Hubo numerosas advertencias de volver a la Plaza de la
Bandera, lugar que se ha tornado emblemático en los reclamos sociales.
Aquí, necesariamente, hay que volver con el profesor
Moisés Naím para refrescar la memoria de empresarios-funcionarios y
políticos-funcionarios:
“De pronto, a pesar de nuestra victoria y el claro
mandato de cambio que los votantes parecían habernos otorgado, el programa de
reformas económicas que habíamos defendido adquirió un significado muy
diferente”. Refería su experiencia cuando joven asumió el ministerio de Fomento
en Venezuela. Y agregaba que la lección fue comprender “la enorme brecha entre
la percepción y la realidad de mi poder”.
“Una clase media impaciente y mejor informada, que
desea ver avances antes de lo que el gobierno es capaz de conseguirlos, y cuya
intolerancia respecto a la corrupción la ha convertido en una potente
oposición, es el motor que está impulsando muchos de las transformaciones
política de estos tiempos”, precisa en “El fin de el poder”, con 7 años de
editado. El dilema, evidentemente, es mantener una difícil sintonía con grupos
que no aceptan “el respeto automático a la autoridad”, “nada por descontado”,
más propensos “a cambiar de preferencias” y con “menos incentivos para aceptar
el statu quo”. Ante este primer choque con bases de apoyo fundamentales, el
gobierno del PRM “patinó” durante horas, hasta que en la tarde del sábado salió
el propio presidente Luis Abinader, el mejor comunicador oficial, a tratar de
calmar las aguas con un lenguaje conciliador, asegurando que se trataba de un
“anteproyecto que será discutido con toda la sociedad” y “si hay impuestos que
no proceden no serán aplicados”.
Abinader dijo que es “un presupuesto de crisis” ante
un “país totalmente quebrado” y precisó que son impuestos transitorios y que al
final del 2021 “nos abocaremos a discutir una reforma tributaria”.
El problema, que generó la indignación nacional es
precisamente que en “un país totalmente quebrado” es imposible que sectores
productivos medianos y pequeños y de clase media dramáticamente vapuleados por
el impacto económico de la pandemia carguen con nuevos impuestos. Un peso es demasiado.
Préstamos y eficientización del gasto para reactivar
la economía y estabilizar el país. Luego, cuando haya qué gravar, se hablaría
de reforma fiscal.
(El PLD que cuestionó al gobierno, rehusó la reforma
fiscal contenida en la END, ley de 2012, y saboteó el pacto eléctrico al
negarse a transparentar la situación financiera de las distribuidoras de
electricidad, empresas en las que se acusa a familiares del expresidente Danilo
Medina de cometer irregularidades).
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