Por:
TEÓFILO BONILLA y diogenes tejada
El entregar la suma de 10
mil, 20 mil, 50 mil y 100 mil pesos a militares y empleados que prestaban
servicios en el aeropuerto de La Romana, que entendía que les correspondía más,
mientras otros se quedaron con millones, fue lo que generó disgusto y destapó
el plan orquestado que facilitó que una avioneta colombiana aterrizara con 625
kilos de cocaína en esa terminal, aseguró este jueves una fuente militar.
Así lo aseguró este jueves
el informante que adujo que “si esos militares y empleados disgustados no
hubiesen hablado, ese cargamento de droga que trajo esa avioneta al pasado 24
de octubre en la madrugada, y por la que el narcotráfico pagó medio millón de
dólares (24 millones de pesos) como soborno, eso no se supiera hoy día”.
La irrefutable fuente de
entero crédito confió a El Nacional que los superiores en la terminal aérea, de
los 24 millones de pesos, los coroneles se quedaron con 20 millones, dieron al
primer teniente de la Policía cuatro millones, y un millón de pesos se repartió
entre el asimilado y demás personal militar y civil del aeropuerto.
Indicó la fuente que
“empleados declararon que recibieron cinco mil, 10 mil pesos, 15 y 20 mil pesos
para que guardaran silencio, pero otros se sintieron engañados y disgustados y
hablaron e informaron de la trama a sus superiores”.
También trascendió hoy que
el Instituto Dominicanos de Aviación Civil (IDAC), inició una investigación
entre los controladores aéreos, ya que los que estuvieron de servicios el día
que descendió la avioneta no informaron de la situación, y sólo se reportó una
“breve avería”.
La avioneta matrícula
HK4909G desde Cartagena, Colombia, aterrizó la noche del 24 de octubre pasado
en el aeropuerto de La Romana, donde descargó 23 sacos de cocaína con 25 26
paquetes de un kilo cada uno, y por esa acción fueron cancelados y entregado al
Ministerio Público para los fines de sometimiento a la justicia, los coroneles
Domingo Figuereo Heredia, de la Fuerza Aérea de República Dominicana (FARD), y
Robert Antonio Ramírez Pimentel, del Ejército de República Dominicana (ERD), a
los que se acusa de confabularse para que la operación fuera exitosa.
El primero, asignado al
Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria y Aviación Civil, era director
de seguridad de la terminal aérea, y el segundo estuvo de encargado de la
Dirección Nacional de Control de Droga. La comisión que investiga el alijo de
625 kilos de cocaína, aún no ha determinado en cuantas aeronaves fue enviada a
Europa y Estados Unidos.
Además de los coroneles,
fueron cancelados y entregados al Ministerio Público, el primer teniente de la
Policía, Andrés Lorenzo Castillo Padilla y el asimilado militar, Emmanuel Cruz
Espinal.
El ministro de Defensa,
teniente general Rubén Darío Paulino Sem, al dar a conocer la primera etapa de
las investigaciones, fue enfático en señalar que “las investigaciones continúan
abiertas y concluirán cuando se determine el grado de responsabilidad de estos
oficiales y de otros que pudieran estar implicados, así como de empleados
civiles y militares”.
A los militares se les
acusa de violar los artículos 2, 83, 154, 173, 175 y 185 de la Ley Orgánica de
las FFAA; los artículos 2, 8, 9, 13, 14, 33, 40 y 52 del Reglamento militar
disciplinario, y el teniente policial, de violentar los artículos del 32 al 35,
152, 153 y 156.
“En el aeropuerto corría
como pólvora que habían “tumbado” el sistema de vigilancia para permitir que
aterrizara una avioneta en la madrugada del 24 de octubre, pero nadie quería
hablar, hasta que llegaron los comentarios a los organismos de inteligencia, e
iniciamos las investigaciones”, precisó el informante.
Subrayó que se tenía
sospecha por informes remitidos por la DEA y las autoridades de Europa, de que
en aviones de La Romana llegaron cargamentos de cocaína, pero que el caso se
manejó en secreto para descubrir la red”.
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